Ruth Bonilla
SIGUATEPEQUE. – Este 15 de mayo, el Tribunal de Sentencia de Siguatepeque se convierte nuevamente en el epicentro de una lucha que ha marcado la conciencia nacional. Se reinicia el juicio oral y público por el femicidio de la estudiante de enfermería Rodríguez, un caso que simboliza la urgencia de justicia ante la violencia institucional.
Tras una serie de retrasos procesales y una intensa batalla legal por la tipificación del delito, el proceso entra en una etapa decisiva. La fiscalía y los acusadores privados buscan ratificar la responsabilidad de los agentes del Estado involucrados en la custodia de Keyla la noche de su muerte.
Keyla fue asesinada el 7 de febrero de 2021 mientras se encontraba bajo custodia policial en una celda de la Unidad Departamental de Policía #10 en La Esperanza, Intibucá.
La tesis oficial vrs. la verdad
Aunque inicialmente se intentó manejar la versión de un “suicidio”, la autopsia médico-legal reveló que la causa de muerte fue asfixia mecánica, confirmando un homicidio.
El implicado
El agente policial Jarol Perdomo es el principal señalado, enfrentando cargos tras la lucha de la familia para evitar que el caso quedara en la impunidad.
“No es solo un juicio por Keyla, es un juicio contra el sistema que debe protegernos. La verdad no se puede ocultar tras un uniforme.”
Pronunciamiento ciudadano
Gabriela Blen, desde la articulación ciudadana y la organización Ayudamos Honduras, manifestó que es urgente que el Ministerio Público y el Poder Judicial, tras los cambios recientes, demuestren un verdadero compromiso con la justicia hacia las mujeres.
Señaló que han sido pocos los avances en castigar a los responsables de la violencia y muertes de mujeres, en un contexto donde se reporta un repunte de homicidios este año, muchos de ellos aún en la impunidad.
Asimismo, expresó que el caso de Keyla Martínez representa la realidad de muchas jóvenes asesinadas y de madres que han luchado por justicia, destacando que este caso es particularmente relevante por la lucha de su familia y por tratarse de un agente del Estado, miembro de la Policía Nacional, el principal señalado.
También cuestionó que la institucionalidad haya respaldado la defensa de los acusados, y realizó un llamado enérgico al Fiscal General y a la Corte Suprema de Justicia para que se garantice justicia en el caso de Keyla Martínez en las condiciones que el caso amerita.
Un juicio que pone a prueba al Estado
Pero este juicio va más allá de una persona.
El papel del Ministerio Público de Honduras es clave: debe investigar con independencia, sostener la acusación con pruebas sólidas y garantizar que la verdad no sea distorsionada. Su responsabilidad no es solo acusar, sino defender el interés público y los derechos de la víctima.
Los jueces del Tribunal de Sentencia de Siguatepeque tienen un deber aún mayor: actuar con imparcialidad, valorar la prueba conforme a derecho y garantizar un proceso transparente. En sus manos está no solo un fallo, sino la confianza ciudadana en la justicia.
Cuando una persona muere bajo custodia del Estado, no hay espacio para dudas: el Estado debe responder.
Este proceso pone a prueba:
- La independencia judicial
- La capacidad del sistema para sancionar abusos
- El compromiso real con los derechos humanos
La comunidad internacional, organizaciones de sociedad civil y la ciudadanía permanecen vigilantes.
Lo que se espera en esta jornada
Se prevé la evacuación de pruebas periciales y testimoniales clave que fueron suspendidas en audiencias previas.
Organizaciones de derechos humanos y colectivos feministas se mantienen en plantón fuera del tribunal bajo la consigna: #JusticiaParaKeyla.
Este fallo podría sentar un precedente sobre la responsabilidad de los cuerpos de seguridad cuando una persona muere bajo su cuidado.
La transparencia del proceso está bajo la lupa internacional.
