La Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), capítulo de Transparencia Internacional en Honduras, presentó una exhaustiva investigación titulada “La ONG y SEDESOL: La historia se repite”. En este informe se expone un esquema de ejecución de recursos públicos que elude los controles tradicionales de contratación estatal, utilizando convenios con Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo (ONGD) para la adquisición directa de bienes y servicios masivos.
A continuación se detallan los hallazgos, el modus operandi y las irregularidades financieras más críticas identificadas en la fiscalización de los fondos transferidos a la asociación Jóvenes Metas por parte de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) y el Programa de la Red Solidaria (PRS).
1. Contexto Presupuestario y Magnitud de las Transferencias
Durante el periodo analizado, se evidenció una marcada tendencia a la sobreejecución presupuestaria en las entidades de desarrollo social. Para el año 2025, SEDESOL sobreejecutó el 59% de su presupuesto aprobado, mientras que el Programa de la Red Solidaria (PRS) registró una sobreejecución del 36%.
En este contexto de alta disponibilidad de recursos, entre junio de 2024 y diciembre de 2025, SEDESOL y el PRS desembolsaron un total de L 113,401,824.00 a favor de la ONGD “Jóvenes Metas” a través de la firma de 10 convenios de cooperación.
2. Perfil de la ONGD y Desviación de su Objeto Social
La Asociación Jóvenes Metas fue constituida en 2017 en La Ceiba, Atlántida, con un objeto netamente orientado al desarrollo social y juvenil: fortalecer habilidades laborales en jóvenes, facilitar el acceso a becas, mentorías y promover actividades artísticas, culturales y deportivas.
Sin embargo, la investigación determinó una grave contradicción operativa:
- Falta de idoneidad y diversificación de rubros: De los 10 convenios suscritos con el Estado, solo 1 (Talleres de formación cívica, por L 2.6 millones) respondía verdaderamente al objeto de creación de la ONGD.
- Los 9 convenios restantes convirtieron a la asociación en una proveedora comercial de suministros masivos del Estado, encargada de adquirir desde laptops y calzado hasta alimentos, juguetes e infraestructura digital. No existe sustento legal o decreto normativo que justifique la utilización de una ONGD para sustituir los procesos competitivos de la Ley de Contratación del Estado para el suministro de bienes comunes.
3. Principales Convenios Bajo la Lupa e Irregularidades en Entregas
A. Convenio de 1,026 Laptops y 400 Pares de Zapatos (Monto: L 27 Millones)
- Pérdida de rastro de beneficiarios: De las 1,026 computadoras financiadas, 594 laptops se entregaron directamente a las oficinas de SEDESOL sin que existiera un listado o registro de beneficiario final. Otras 425 laptops fueron distribuidas a 6 centros escolares, pero las actas de entrega carecen de la firma del representante oficial de SEDESOL. Solo 7 laptops cuentan con registro de entrega formal a estudiantes universitarios.
- El misterio del calzado: El informe de liquidación describe que los 400 pares de calzado industrial (tipo “burritos” marca Caterpillar) estaban destinados a estudiantes de la Universidad Nacional de Agricultura (UNAG). No obstante, las actas reflejan que quien recibió físicamente los zapatos fue la Coordinadora de Gestión Administrativa y Operativa de Becas Solidarias de SEDESOL. No existe ningún registro documental de que el calzado haya llegado a los universitarios, y las actas carecen del sello institucional de la Secretaría.
- Conflicto de Interés en el Dictamen: Este convenio —el de mayor cuantía económica— recibió dictamen técnico favorable por parte del exministro de SEDESOL, quien actuaba simultáneamente y “Ad Honorem” como Director del Programa de Becas Solidarias, actuando así como juez y parte en la gestión.
B. Convenio de 510 Laptops y 60 Estufas (Monto: L 12.2 Millones)
- Falta de transparencia en costos: En el documento del convenio no se desglosó el valor unitario de los equipos tecnológicos.
- Anomalías críticas en actas: La fiscalización de las actas de entrega arrojó un desorden administrativo sistemático: 129 actas carecían de datos básicos (sin fecha, sin firmas, sin DNI o cubiertas con notas adhesivas “post-its”), 68 actas no mencionaban el centro educativo del beneficiario y 21 no tenían firmas ni sellos de SEDESOL.
- Concentración geográfica discrecional: El 67% de la totalidad de las laptops (346 de 510) se distribuyeron exclusivamente en el departamento de Olancho, evidenciando criterios de reparto ajenos a los índices técnicos de vulnerabilidad nacional.
- Menores de edad firmando: Se identificaron 208 actas de entrega firmadas directamente por niños y menores de edad (estudiantes de cuarto grado de primaria, por ejemplo), utilizándolos como receptores directos sin la firma o tutoría legal de sus padres o representantes.
C. Otros Convenios de Suministros Ejecutados por la ONGD:
- Alimentos, juguetes y canastas navideñas: L 18 millones asignados para la temporada navideña.
- Platos de comida: L 15 millones para la elaboración de 100 mil platos destinados a eventos específicos (Alborada, Día de la Madre y Navidad).
- Instalación de Módulos de Capacitación Digital: L 25 millones para estudiantes en situación de pobreza.
- Eventos sindicales: L 4.1 millones para eventos de mujeres y juventud sindical en San Pedro Sula.
- Red Solidaria: Convenios menores que sumaron L 4 millones para alimentación navideña (“Operación Solidaria”) y L 2 millones para la compra de antenas y computadoras en zonas rurales.
4. Vulneración de Normas Financieras y Opacidad en Liquidaciones
La investigación de ASJ desnudó la inaplicación flagrante de las Disposiciones Generales del Presupuesto de la República (Artículos 201 de 2024 y 208 de 2025), detectando las siguientes fallas de control interno:
- Desembolsos Únicos (Anticipos del 100%): La normativa presupuestaria prohíbe las entregas completas de dinero; exige desembolsos parciales (40% de anticipo, 40% sujeto a primera liquidación y 20% final). Sin embargo, 9 de los 10 convenios estipularon contractualmente transferencias en un solo desembolso, entregando decenas de millones de lempiras de forma íntegra a la ONGD antes de ejecutar las actividades.
- Fondos sin liquidar: Al cierre de las solicitudes de información, L 4,090,340.00 permanecían completamente sin liquidar. La ONGD no reportó los informes de liquidación de los convenios de Olimpiadas Especiales ni de los Talleres de formación cívica.
- Documentación incompleta y oculta: Para los convenios del Evento Sindical (L 4 millones) y de Alimentación de la Alborada (L 15 court millones), SEDESOL reportó la existencia de los informes, pero al solicitar el soporte documental de los gastos, las autoridades no adjuntaron facturas ni comprobantes, dejando bajo absoluta opacidad el destino de L 19 millones de lempiras.
- Entregas exprés en la transición política: De los 8 informes de liquidación que sí se presentaron de manera formal, 3 se entregaron apresuradamente tres días antes de la toma de posesión del nuevo Presidente de la República y uno el mismo día del traspaso de mando, una práctica común para blindar con finiquitos administrativos gestiones irregulares salientes.
- Inexistencia de auditorías obligatorias: Ninguna de las carpetas financieras contenía estados financieros certificados por contadores públicos independientes ni el informe de firmas auditoras colegiadas, requisitos estrictamente ordenados por la ley presupuestaria para las ONG que manejan caudales públicos.
Conclusión de Riesgo Institucional
El informe concluye que, más allá del desorden administrativo y la falta de facturas, contratos y fotocopias de identidades de los beneficiarios, el peligro latente para el Estado es la normalización de esquemas opacos de ejecución pública a través de ONGD artificiales. Este mecanismo sustituye ilegalmente la contratación pública obligatoria, fomenta la discrecionalidad en la asignación de recursos, impide la libre competencia de proveedores calificados y facilita la captura de fondos del Estado para fines particulares o clientelares.
