Redacción En Alta Voz
A cinco años del crimen de la estudiante de enfermería en una celda policial de La Esperanza, las fallas procesales y la reclasificación de delitos reabren el debate sobre la violencia bajo custodia del Estado.
“Todas las pruebas delatan a Jarol Perdomo como el culpable del asesinato y en las declaraciones de los tres policías mostraron mucho nerviosismo porque están diciendo mentiras”, expresó a En Alta Voz la madre de Keyla, la señora Norma Rodríguez.
Por otra parte, doña Norma lamenta que “Negaron la presentación de los peritos consultores de la parte acusadora, los jueces se opusieron” y “La parte defensora de Perdomo, se refieren a Keyla sin respeto, la tratan con desprecio, sin mencionar su nombre, mientras que al victimario se refieren con respeto, le dicen “señor”.
Para la madre de Keyla, uno de los aspectos más importantes que se presentan en la realización de este nuevo juicio es que: múltiples organizaciones de derechos humanos y organismos internacionales, además de la ciudadanía en general, están observando de cerca la negligencia con la que se aborda este caso emblemático, en el que la justicia hondureña se resiste a tipificar como “Femicidio agravado” y lo desarrolla como “homicidio simple”. La transmisión del Juicio en vivo es una ventaja; sin embargo en la presentación de algunas pruebas se apaga el sonido o se desaloja la sala; estas acciones generan suspicacias según algunas de las personas que siguen la transmisión
Este 14 de agosto, en el Tribunal de Sentencia de Siguatepeque, continúa la repetición del Juicio Oral y Público contra Jarol Rolando Perdomo Sarmiento, a quien se le supone responsable del delito de “Homicidio Simple” en perjuicio de la estudiante de enfermería Keyla Patricia Martínez Rodríguez.
La noche del 7 de febrero de 2021, Keyla Patricia Martínez Rodríguez, de 26 años, ingresó caminando a la celda de la Unidad Departamental Policial N.º 10 (UDEP-10). Horas más tarde, salió sin vida. Lo que la Policía Nacional intentó presentar inicialmente como un “suicidio” se transformó rápidamente en uno de los casos más emblemáticos de homicidio y violencia institucional en el país, destapando encubrimientos, fallos judiciales contradictorios y un clamor ininterrumpido de justicia.
La versión oficial frente al rigor de la ciencia forense
Tras la detención de Keyla por presuntamente violar el toque de queda decretado durante la emergencia sanitaria de COVID-19, los voceros policiales aseguraron en un comunicado que la joven se había quitado la vida utilizando sus propias prendas dentro de la celda. Sin embargo, las pericias científicas de la Dirección General de Medicina Forense del Ministerio Público desmantelaron la narrativa oficial en cuestión de días.
El dictamen autópsico concluyó categóricamente que la causa médica de la muerte fue una “Asfixia mecánica por sofocación”, confirmando la intervención directa de terceras personas en un acto violento. Paralelamente, una autopsia psicológica practicada a la víctima descartó cualquier rasgo de depresión, trastorno previo o predisposición al suicidio, desmintiendo de forma concluyente la tesis defensiva de las autoridades policiales.
Pruebas clave evacuadas en juicio
Durante las audiencias del juicio oral y público ante el Tribunal de Sentencia de Siguatepeque, se presentaron elementos técnicos determinantes elaborados por la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC):
Registros de video: Las pericias audiovisuales ubicaron al agente de policía Jarol Rolando Perdomo Sarmiento permaneciendo entre cinco y seis minutos dentro de la celda de Keyla durante el periodo crítico, además de registrar desplazamientos sospechosos fuera del recinto.
Alteración de la escena: Los análisis forenses identificaron indicios de manipulación e irrupción irregular en la celda posterior al deceso y previo a la llegada de los fiscales de turno.
Inconsistencias en bitácoras: Libros de novedades de la UDEP-10 y testimonios de los agentes de guardia evidenciaron vacíos en la cadena de custodia y encubrimiento colectivo.
Un fallo controvertido: De femicidio a homicidio imprudente
El Ministerio Público acusó inicialmente a Perdomo Sarmiento por el delito de “Femicidio Agravado”. No obstante, el 14 de septiembre de 2023, el Tribunal de Sentencia de Siguatepeque dictó un fallo que causó indignación en la sociedad civil y en las organizaciones defensoras de derechos humanos: absolvió al agente del cargo de femicidio/homicidio y re configuró la tipificación penal a “Homicidio Imprudente”.
Esta recalificación redujo drásticamente la expectativa de pena a un rango de apenas tres a siete años de prisión, abriendo la puerta a beneficios procesales para el imputado.
Reacciones, nulidades y la búsqueda de la cadena de mando
Tanto el Ministerio Público como la querella privada representada por la familia con el acompañamiento de algunas organizaciones de derechos humanos, interpusieron recursos de nulidad y casación. Las partes acusadoras sostienen que calificar como “imprudencia” un crimen cometido contra una persona bajo custodia y control absoluto del Estado sienta un precedente de impunidad ante la violencia de género.
Organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y Amnistía Internacional han mantenido el seguimiento sobre el caso, exigiendo que la investigación se expanda hacia toda la cadena de mando y los demás efectivos policiales presentes esa noche en la estación policial.
Estado actual del proceso penal
Las impugnaciones interpuestas mantienen el caso en una fase de revisión decisiva ante las altas cortes, donde se evalúa anular la sentencia de homicidio imprudente para restituir el juzgamiento bajo la figura de “Femicidio” y deducir responsabilidades directas e indirectas a la estructura policial implicada.
El 4 de septiembre se reanudará, en esta fecha declarará el médico Édgar José Velásquez Orellana, quién también fue capturado junto a Keyla Martinez durante el toque de queda. Posteriormente, el 10 de septiembre finalizará con la inspección judicial en La Esperanza, Intibucá, lugar donde ocurrió el hecho.
