Tegucigalpa, Francisco Morazán, 25 de septiembre de 2026.- La crisis que enfrentan las comunidades del Corredor Seco por la pérdida de cosechas, la escasez de agua y el deterioro de las condiciones económicas que afecta directamente la vida y los medios de subsistencia de cientos de familias de esa zona, fue expuesta al diputado Yuri Sabas, vicepresidente de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático del Congreso Nacional.
Defensoras y defensores de derechos humanos, tierra, territorio y bienes comunes de las zonas centro-occidente y sur de Honduras, acompañados por el equipo técnico del Centro de Desarrollo Humano (CDH), explicaron al parlamentario que esta situacion también se ha recrudecido por la presión sobre los territorios provocada por los proyectos extractivistas, que deterioran los suelos y las fuentes de agua, aumentando la vulnerabilidad por los efectos del cambio climático.
“La crisis que viven las comunidades del Corredor Seco ya no puede ser vista únicamente como un problema ambiental” expresaron en la reunión profesionales técnicos que apoyan la petición.
Para las comunidades, la emergencia no puede reducirse a una temporada de sequía ni resolverse únicamente con respuestas coyunturales. Lo que está en juego es la posibilidad de que las familias puedan permanecer en sus territorios, producir sus alimentos, acceder al agua y vivir dignamente, señalaron.
Expusieron que la crisis climática no se expresa solamente en cifras si no en parcelas que dejan de producir, familias que enfrentan dificultades para acceder al agua y comunidades que ven deteriorarse los bienes naturales de los que depende su vida.
Como resultado del encuentro, el diputado Sabas asumió el compromiso gestionar un segundo espacio de diálogo con el pleno de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático.
Este compromiso abre una puerta que las comunidades esperan que se traduzca en respuestas institucionales oportunas, seguimiento y medidas que contribuyan a proteger sus territorios y sus medios de vida.
El CDH se comprometió a promover el diálogo con las instituciones y dar seguimiento al cumplimiento de los acuerdos, para asegurar la protección de los bienes comunes y la dignidad de los pueblos.
