Tegucigalpa (Especial Proceso Digital) – La Red Centroamericana de Periodistas acaba de publicar su último informe sobre el clima de libertad de expresión en Centroamérica y Panamá denominado “Lo que cuesta contar” que revela el precio de informar bajo presión en el istmo donde recoge historias y datos de exilio, asesinatos, amenazas, agresiones, judicialización de casos, campañas de desprestigio, acoso digital a las mujeres periodistas, censura y autocensura como parte de las presiones y amenazas bajo las cuales se ejerce el periodismo en la región.
En esta mirada sobre el desenvolvimiento del periodismo en una región que hace más de tres décadas apostó por la firma de unos acuerdos de paz y el fortalecimiento de la democracia y la institucionalidad para construir un estado de bienestar para sus ciudadanos, la prensa ha sido una vigilante constante de los aciertos y desaciertos de esas acciones y del clamor popular por democracias de mejor calidad que hoy la tienen en la mira de a quienes incomodan la fiscalización del poder público.
Los acuerdos de paz no fueron suficientes, las democracias en el istmo se debilitan y asoman nuevas corrientes autócratas que tienen bajo acecho a la prensa. El informe de la Red Centroamericana de Periodistas (RCP) advierte de esas tendencias y riesgos, recoge los relatos de los periodistas y ese avance silencioso, pero veloz, de querer silenciar a los medios y periodistas con disfraces, de populismo, unos, autoritarios, otros, y aquellos a quienes la democracia no les incomoda si ésta tuviera “menos” libertad de expresión. Es el péndulo bajo el cual se mueve la región desde Guatemala hasta Panamá.
La RCP, señala que su informe sobre la situación de la libertad de prensa en Centroamérica “sistematiza los principales hechos, amenazas y desafíos registrados en el período 2024-2025. El documento organiza la información por país, abarcando Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá”.
Se trata del segundo informe regional elaborado por la Red Centroamericana de Periodistas, en continuidad con un primer ejercicio de análisis publicado en 2023, que sentó las bases para un monitoreo sistemático y sostenido de las libertades de expresión en la región, acota.
El panorama para la libertad de expresión y prensa en la mayoría de los países de la región puede parecer desalentador, advierte la RCP. Sin embargo, “el compromiso cotidiano de quienes siguen haciendo periodismo en condiciones de vigilancia, hostigamiento e incluso en el exilio permite reconocer nuevas formas de resistencia y la construcción de propuestas periodísticas que respondan a las necesidades de las audiencias y a los retos del contexto actual”.
En su informe la RCP describe la metodología usada para el informe de unas 142 páginas y en él destaca patrones comunes entre los países y sus amenazas a la libertad de expresión y el ejercicio del periodismo: Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua resaltan por algunos de sus hilos más frecuentes como asesinatos, exilio, judicialización de casos, amenazas, desplazamiento forzado, amenazas, agresiones, entre otros.
Pero Costa Rica y Panamá también empiezan a surgir como naciones amenazadas en el ejercicio de la libertad de expresión y detectan retrocesos que ponen en riesgo la labor de los periodistas. Y un hilo en común que atraviesa a todos los países y la prensa centroamericana es la instalación de los discursos de odio procedentes de quienes ejercieron o ejercen el poder en contra de los periodistas y los medios de comunicación con el propósito de estigmatizar y descalificar la función del periodismo en las democracias y contra los autoritarismos.
Persecución judicial contra la prensa en Guatemala
En Guatemala, el informe de la RCP señala que este país presenta un contexto complejo para el ejercicio del periodismo debido a la persistencia de agresiones, campañas de desprestigio y procesos de criminalización contra periodistas y medios de comunicación.
Entre las principales amenazas para la libertad de prensa en el país se encuentra la utilización del sistema judicial como mecanismo de intimidación y persecución contra el periodismo crítico. A ello se suman dinámicas de estigmatización pública, acoso digital y limitaciones en el acceso a la información pública que afectan el trabajo periodístico.
En este contexto, diversos periodistas han abandonado el país ante el temor a sufrir persecución judicial o amenazas contra su seguridad personal. Entre los casos emblemáticos de criminalización destaca el del periodista José Rubén Zamora, cuyo proceso judicial evidencia un desafío estructural para el ejercicio de la prensa en el país que ha generado preocupación entre organizaciones nacionales e internacionales dedicadas a la defensa de la libertad de expresión.
El encarcelamiento del periodista y director de el Periódico, José Zamora, quien fue enviado a prisión el 29 de julio de 2022 bajo supuestos delitos de lavado de dinero entre otros, se ha convertido en un caso emblemático de la criminalización y la persecución judicial contra periodistas en Guatemala. Este proceso judicial tuvo lugar después de que el medio elPeriódico publicara investigaciones que apuntaban a presuntos hechos de corrupción durante el gobierno del expresidente Alejandro Giammattei. El 12 de febrero de 2026, Zamora recuperó su libertad y salió de la cárcel luego de que un juez le otorgó arresto domiciliario. La resolución estableció que debía permanecer en su residencia sin vigilancia policial, presentarse periódicamente ante el Ministerio Público y no salir del país. Aunque dejó la prisión, Zamora continuó sujeto a medidas restrictivas y a procesos judiciales que, para diversos observadores, siguen siendo expresión de la persecución penal en su contra.
La Red Centroamericana de Periodistas sostuvo que la liberación de Zamora representó un avance importante, pero advirtió que el caso seguía evidenciando graves irregularidades en el sistema de justicia guatemalteco. Señaló que la prolongación de la prisión preventiva, sumada a las dilaciones injustificadas, la obstaculización del proceso y las nuevas paralizaciones derivadas incluso de la pérdida de parte del expediente, configuraban un escenario contrario a las garantías mínimas del debido proceso y al principio de justicia pronta y cumplida.
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Guatemala presenta entre las amenazas a la libertad de expresión, el exilio de periodistas, limitaciones al acceso a la información pública, discriminación en contra de medios comunitarios e indígenas, persecución contra periodistas, criminalización y demandas judiciales, asesinatos de periodistas; agresiones, los ataques digitales a través de los Net Center, otros.
El informe recomienda brindar mayor apoyo a periodistas en situación de riesgo y promover el establecimiento de un mecanismo de protección para periodistas en Guatemala. También, desarrollar políticas públicas de apoyo al periodismo independiente, con énfasis en medios comunitarios, municipales y departamentales, garantizando condiciones de seguridad.
Periodistas y el respeto a la libertad de expresión
En El Salvador, el informe de la RCP manifiesta que el deterioro de la libertad de prensa no puede comprenderse solo como una suma aislada de agresiones, sino como parte de un proceso más amplio de concentración de poder y erosión democrática.
“La reducción de los contrapesos institucionales, la captura de espacios y la consolidación de un discurso oficial hostil hacia la crítica han creado un entorno en el que investigar, cuestionar o documentar abusos de poder implica riesgos cada vez más altos para periodistas y medios”, destaca el informe.
Represión y amedrentamiento en El Salvador
En este contexto, el ejercicio del periodismo ha sido colocado deliberadamente en una posición de vulnerabilidad, como si la fiscalización pública fuera una amenaza y no una función esencial para poder sostener la democracia. “Desde la Red Centroamericana de Periodistas se ha advertido una combinación preocupante de mecanismos de represión y amedrentamiento: espionaje digital, campañas de desprestigio, criminalización de voces críticas, marcos normativos restrictivos como la Ley de Agentes Extranjeros y condiciones que han empujado a decenas de periodistas al exilio”, detalla el informe.
Las principales características que amenazan y tienen bajo acoso la prensa y la libertad de expresión en El Salvador, son el espionaje digital, el hostigamiento policial y judicial contra periodistas; ataques y violencia digital contra las mujeres periodistas; periodistas y medios de comunicación en el exilio; reserva de la información pública y opacidad de las instituciones públicas, restricciones en el acceso a fuentes periodísticas y autocensura.
También destacan las restricciones en el marco del estado de excepción impuesto por el gobierno del presidente Bukele, limitaciones en el trabajo de cobertura de los periodistas en diferentes espacios y zonas del país; intimidación por parte de las autoridades, intentos de confiscar equipos y materiales periodísticos después de las coberturas de prensa; amenazas de capturas sin orden judicial y con cualquier justificación por parte de los cuerpos de seguridad, entre otros.
Uno de los periodistas salvadoreños citados en el informe señala que “el régimen de Bukele ha promovido un discurso de odio contra los periodistas y los medios independientes, con el fin de desacreditar investigaciones que exponen actos de corrupción entre sus funcionarios, en la familia Bukele, y también sobre las graves violaciones a los derechos humanos en contra de la población, en particular con los miles de detenidos sin pruebas en el marco del estado de excepción vigente en el país desde el 27 de marzo de 2022. En particular, pareciera que hay una política de discurso violento contra los periodistas”.
Otra periodista de El Salvador dijo que esta situación no solo impacta a quienes ejercen directamente el periodismo, sino también a sus entornos familiares. Según explicó, quienes respaldan de manera incondicional las acciones del gobierno reproducen ataques, amenazas y descalificaciones que alcanzan el plano personal y familiar.
A ello se añade la actuación de cuentas anónimas y estructuras de troles que intensifican la agresión digital, en un ambiente donde los ataques provenientes de funcionarios públicos agravan aún más la vulnerabilidad de la prensa.
El informe manifiesta que la Red Centroamericana de Periodistas y organizaciones locales como la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) ven con preocupación la salida de decenas de periodistas durante 2025, así como la erosión del ecosistema de medios de comunicación que han debido cerrar operaciones totales o parciales. La cifra fue aumentando a lo largo del año: APES documentó 43 salidas hasta junio; los registros de APES y la Red contabilizaban 47 hacia julio; y el balance al cierre de 2025 ascendió a 56 periodistas.
Entre las recomendaciones se pide a las autoridades estatales a garantizar las condiciones para el ejercicio libre y seguro del periodismo, absteniéndose de cualquier forma de estigmatización, hostigamiento o restricción indebida contra periodistas y medios de comunicación.
Campañas de desprestigio desde el poder: el papel de Roosevelt Hernández
Honduras: La aparente mejora en algunos indicadores internacionales no refleja con fidelidad la realidad que enfrentan periodistas y medios en el ejercicio cotidiano de su labor en este país. Las agresiones, las campañas de estigmatización impulsadas desde espacios de poder, las acciones judiciales por difamación y calumnia y el asesinato de al menos cinco periodistas en el período analizado evidencian que informar en este país sigue siendo una actividad de alto riesgo dice la RCP en su informe.
“Desde la Red Centroamericana de Periodistas advertimos que esta brecha entre la percepción externa y las condiciones reales del país puede contribuir a invisibilizar la gravedad de un entorno donde la violencia, la intimidación y la precariedad continúan limitando seriamente la libertad de prensa”.
Se suma la fragilidad del mecanismo estatal de protección, el único de su tipo en la región, que sigue operando con recursos insuficientes, débil capacidad de respuesta y limitaciones estructurales que reducen su efectividad.
Los patrones más comunes que amenazaron la libertad de expresión en el período analizado fueron amenazas y ataques, criminalización de la prensa, asesinatos, limitación en el acceso a la información pública, limitación en el acceso a las fuentes públicas, ataques digitales, acoso digital a las mujeres periodistas, entre otros.
En Honduras en el gobierno de la entonces presidenta Xiomara Castro se registraron 5 asesinatos, así como varias amenazas y ataques. Durante el período 2024-2025 se documentaron al menos cinco asesinatos de periodistas en Honduras, una cifra que reafirma la gravedad del contexto de violencia que enfrenta la prensa en el país.
Durante el período analizado de 2024-2025, las personas periodistas entrevistadas para este Informe de la Red Centroamericana de Periodistas expresaron una preocupación sostenida por el aumento de campañas de difamación y hostigamiento contra la prensa en Honduras.
En noviembre de 2024, un grupo de militares encabezado por el coronel Max Alonso Hernández Marcía, auditor jurídico de las Fuerzas Armadas de Honduras, se presentó ante el Ministerio Público para solicitar una investigación orientada a promover querellas por el presunto delito de injuria con publicidad contra 12 medios de comunicación del país: El Heraldo, La Prensa, Radio Cadena Voces, La Tribuna, Radio América, Abriendo Brecha, CHTV, Hable como Habla, Q’Hubo TV, Hondudiario, Criterio HN y Noticias 24/7.
Este hecho encendió nuevas alertas sobre el involucramiento directo de las Fuerzas Armadas en acciones que pueden generar un efecto inhibidor sobre el ejercicio periodístico. Además, en mayo de 2025, el portal digital de las Fuerzas Armadas “FF. AA. Digital” difundió una serie de publicaciones con señalamientos en contra de periodistas y medios de comunicación. En la edición del 26 de mayo, el titular incluía las fotografías de tres periodistas: Dagoberto Rodríguez, Rodrigo Wong y Juan Carlos Sierra; y el logotipo del Colegio de Periodistas de Honduras, bajo una clara intención de identificarlos con la frase: “Sicarios de la Verdad”
Estas acciones que, según distintos reportes habrían sido impulsadas por el jefe del Estado Mayor Roosevelt Hernández, provocaron la condena de diversas organizaciones periodísticas nacionales e internacionales como la Asociación de la Prensa Hondureña (APH), el Colegio de Periodistas de Honduras, la Sociedad Interamericana de Prensa, la Federación Internacional de Periodistas, y la Red Centroamericana de Periodistas. En su comunicado, la Red Centroamericana expresó su solidaridad con las y los colegas de Honduras, exigió el cese del hostigamiento y la persecución contra la prensa, y llamó a la comunidad internacional a pronunciarse y respaldar a los medios y periodistas independientes en ese país.
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Por su parte, el Relator Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, Pedro Vaca, se unió a las condenas de estos actos de intimidación contra la prensa en Honduras. El 5 de febrero de 2025 escribió en su cuenta de X: “Crece preocupación por nuevos reportes desde #Honduras sobre fuerzas armadas judicializando al periodismo. Las autoridades están más expuestas al escrutinio público y no deben usar el derecho penal. La reserva de fuentes protege el derecho de periodistas a no revelarlas”. Su mensaje refuerza la preocupación regional por el uso de mecanismos institucionales para presionar y desacreditar a la prensa.
“Una de las personas entrevistadas sostuvo que, durante el gobierno de Xiomara Castro, se han evidenciado expresiones de intolerancia frente a la crítica y restricciones a la libertad de expresión a través de tres vías principales: el uso de la pauta publicitaria oficial como mecanismo de premio o castigo hacia los medios de comunicación; las intimidaciones y amenazas contra periodistas que cuestionan a las autoridades; y la intensidad de los ataques dirigidos contra comunicadores por medio de redes sociales y plataformas digitales afines al oficialismo”, cita el informe.
Las personas consultadas para el informe de la RCP en el caso de Honduras identificaron a las autoridades como los principales responsables de agresiones contra periodistas y medios de comunicación, con especial mención de ministros del órgano ejecutivo, así como de integrantes de la Policía Nacional y de la Fuerza Armadas.
La vulnerabilidad de los medios comunitarios, destacan también en el reporte sobre Honduras, mientras se señalan otras limitaciones como la negativa reiterada de las autoridades a entregar datos solicitados a instituciones públicas, el exilio de periodistas y el desplazamiento forzado de periodistas como consecuencias de amenazas a su labor. La autocensura y la censura son también significativas en Honduras, algunas de ellas con más énfasis en territorios donde hay alta incidencia del crimen organizado.
El informe de la RCP recomienda a las entidades estatales garantizar el respeto a la labor periodística, mediante la adopción de una política de Estado que promueva condiciones seguras para el ejercicio del periodismo.
Investigar de manera efectiva los asesinatos y agresiones contra periodistas, con el fin de reducir los niveles de impunidad. Fortalecer el Mecanismo Nacional de Protección para periodistas, asegurando su independencia, eficacia y capacidad de respuesta frente a situaciones de riesgo.
Las “zonas silenciadas” en Nicaragua
Nicaragua: El país continúa como uno con las mayores restricciones a la libertad de prensa en Centroamérica. Diversos informes y testimonios recogidos para este reporte coinciden en señalar que el régimen Ortega-Murillo ha consolidado un entorno que prácticamente imposibilita el ejercicio del periodismo independiente dentro del país. En los últimos años, medios de comunicación han sido cerrados o confiscados, periodistas han sido perseguidos judicialmente y numerosos comunicadores se han visto obligados a abandonar el país para resguardar su seguridad.
Como consecuencia de este contexto, el exilio se ha convertido en una de las principales características del periodismo nicaragüense en la actualidad. Se estima que al menos 309 periodistas han salido del país, la mayoría de ellos radicados inicialmente en Costa Rica. Este desplazamiento ha provocado que varias regiones del país sean consideradas como “zonas silenciadas” o “desiertos de noticias”, en las que la población carece de acceso a información independiente distinta de la difundida por medios afines al gobierno.
En el informe de la RCP se señala que Nicaragua registra periodistas desaparecidos por el régimen y con procesos judiciales; noticias falsas y temor de las fuentes a hablar con los periodistas; zonas silenciadas y la prevalencia de la autocensura. El exilio de periodistas, el cierre de medios de comunicación y la expansión de la autocensura han profundizado en Nicaragua la conformación de “zonas silenciadas” o “desiertos de noticias”.
El informe de 2024 de Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua (PCIN) advierte que cada vez son más los territorios donde ya no es posible ejercer periodismo independiente como resultado del hostigamiento sistemático del régimen.
Los periodistas en el exilio enfrentan crisis de seguridad y financiamiento. Las personas periodistas entrevistadas para este informe coinciden en que la situación de seguridad también se ha deteriorado para quienes continúan ejerciendo desde el exilio, particularmente en Costa Rica. Uno de los periodistas consultados lo expresó en estos términos: “Estamos en un nivel de exterminio. En la medida que nosotros vayamos desapareciendo, ya no va a haber nadie que hable de Nicaragua. Si adentro ya no se oye, tampoco se va a oír afuera. Y Nicaragua es el espejo de lo que va a pasar en otros países”. Este testimonio refleja la percepción de que la persecución contra el periodismo nicaragüense no termina con la salida del país, sino que se extiende más allá de sus fronteras.
Al clima del periodismo nicaragüense se suma un problema de relevo generacional que se ha agudizado tras el cierre de universidades en Nicaragua, entre ellas la Universidad Centroamericana (UCA), que históricamente contribuyeron a la formación de periodistas. La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH hizo referencia a este fenómeno en su reporte de 2024: “Los reportes indican que las universidades del país han dejado de formar profesionales de la comunicación, dado que el periodismo es percibido actualmente como una ‘carrera criminalizada’ y una actividad de alto riesgo”.
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El régimen de Nicaragua ha aprobado en los últimos años una serie de leyes y reformas legales que primordialmente están orientadas a criminalizar el trabajo de la prensa, la libertad de expresión de la ciudadanía y también impedir el funcionamiento de las organizaciones de la sociedad civil e instituciones religiosas.
Entre las recomendaciones del informe para fortalecer el periodismo dentro y fuera de Nicaragua, la RCP propone continuar con las estrategias de denuncia, incidencia y propuestas para que la comunidad internacional no deje de prestar atención y apoyo a la situación que viven los periodistas y medios de comunicación nicaragüenses tanto en el país como en el exilio.
Los retrocesos en Costa Rica
Costa Rica: Este país atraviesa un deterioro preocupante en materia de libertad de prensa que contrasta con la imagen histórica de estabilidad democrática que ha distinguido al país en la región. La caída en indicadores internacionales, sumada a los ataques estigmatizantes emitidos desde la Presidencia y otras voces del oficialismo, evidencia que hasta los sistemas democráticos aparentemente más resistentes son propensos a retrocesos cuando desde el poder se alimenta una narrativa de confrontación contra la prensa.
Desde la Red Centroamericana de Periodistas hemos advertido que esta situación no debe leerse como un episodio aislado o menor, sino como una señal de alerta sobre cómo puede erosionarse gradualmente el clima de respeto, deliberación y garantías para el ejercicio periodístico, incluso en contextos donde persisten instituciones formales de control.
Este retroceso—advierte el Informe– se expresa de manera especialmente grave en el hostigamiento contra mujeres periodistas, quienes enfrentan formas diferenciadas de violencia, descrédito y exposición pública, así como en las tensiones vinculadas al uso de la pauta oficial y a la ausencia de reconocimiento legal para medios comunitarios.
Tales factores no solo afectan a quienes ejercen directamente el periodismo, sino que también debilitan el pluralismo informativo y restringen las posibilidades de acceso equitativo. Cuando el poder político desacredita sistemáticamente a la prensa, condiciona la relación con los medios mediante recursos estatales o mantiene excluidos a sectores comunitarios del ecosistema mediático, lo que se pone en riesgo es la calidad del debate democrático y el derecho de la ciudadanía a recibir información diversa e independiente.
“Frente a este escenario, desde la Red Centroamericana de Periodistas, junto con organizaciones aliadas locales en Costa Rica, hemos exigido frenar los discursos de odio y estigmatización emitidos desde la institucionalidad, defender reglas claras y transparentes sobre acceso a la información pública y distribución de publicidad oficial, e impulsar el reconocimiento efectivo de los medios comunitarios como actores legítimos del espacio comunicacional”.
Las características que limitan el ejercicio de la libertad de expresión en Costa Rica destacan las presiones del gobierno hacia los periodistas y medios de comunicación, la autocensura y hostigamiento digital. Los discursos estigmatizantes contra la prensa. Dificultades para el acceso a la información pública. Uso arbitrario de la publicidad estatal. Incertidumbre sobre la renovación de las frecuencias de radio y televisión.
Una de las periodistas entrevistadas dijo que esta situación de deterioro, “se ha venido acumulando desde que asumió el gobierno actual, pero evidentemente, hay un ataque directo a las y los periodistas, al ejercicio periodístico como tal, y al trabajo de los medios de comunicación por parte del discurso público. Y sobre todo, por parte de la Presidencia de la República, donde no hay ningún tipo de cuidado, no sé si cuidado es la palabra, pero no hay ningún tipo de respeto hacia el trabajo de los periodistas”.
En conjunto, advierte la RCP, estas apreciaciones muestran que el contexto actual no solo ha intensificado la presión sobre la prensa crítica, sino que también ha contribuido a reconfigurar el comportamiento de distintos medios a partir del temor, la conveniencia o la cercanía con el poder.
No obstante, el informe de la RCP destaca el papel de la Sala Constitucional a favor de la libertad de expresión y de la prensa, así como la despenalización que se ha dado en contra de los delitos contra el honor. El sistema judicial, acota, ha tenido una actuación a favor del acceso a la información y defensa del periodismo.
Entre las recomendaciones se propone reforzar los canales de vigilancia y denuncia de discursos de odio provenientes de instituciones y funcionarios públicos. Proponer reformas al marco legal costarricense para fortalecer los mecanismos institucionales de prevención, protección y rendición de cuentas frente al hostigamiento, las amenazas y la violencia digital contra periodistas, especialmente cuando provengan de funcionarios públicos, en consonancia con los estándares interamericanos de libertad de expresión.
Panamá busca acallar a la prensa
Panamá: En este país la mejora relativa que registran algunos índices no debería interpretarse como garantía de un entorno plenamente seguro ni estable para el ejercicio periodístico. “Desde la Red Centroamericana de Periodistas hemos registrado que persisten condiciones que siguen debilitando la libertad de prensa, especialmente cuando se trata de medios críticos, proyectos emergentes y espacios dedicados a la investigación”.
Las campañas de desprestigio, las presiones asociadas a la cobertura de protestas sociales, las acciones judiciales y las limitaciones en el acceso a la información pública revelan que el ecosistema mediático panameño continúa siendo vulnerable a mecanismos de intimidación que, aunque no siempre adopten las formas más extremas de represión, sí tienen efectos concretos de desgaste, censura indirecta y autocontención.
El informe “Lo que cuesta contar”, identifica como los patrones más comunes que ponen el riesgo la libertad de expresión en Panamá, las agresiones y ataques contra periodistas y medios de comunicación, demandas judiciales contra los periodistas y medios de comunicación, protestas sociales y amenazas para la cobertura periodística, limitaciones al acceso a la información pública.
Las personas entrevistadas coincidieron en identificar que la mayoría de los ataques verbales y de estigmatización contra periodistas provienen del presidente de la República, José Raúl Mulino. Una de las periodistas entrevistadas sostuvo que estas agresiones se iniciaron en el marco de las conferencias de prensa de los jueves: “comenzaron las agresiones verbales, los calificativos contra los medios que estaban preguntando. Entonces, lo que comenzaron a hacer fue permitir que ingresaran medios con una línea más oficialista, y a ellos le daban prioridad de hacer preguntas que no incomodaran al presidente”.
Una de las personas consultadas advirtió que el presidente José Raúl Mulino ha restringido aún más el acceso de los medios a fuentes gubernamentales y explicó que, en su experiencia, varios ministros y autoridades no conceden entrevistas ni facilitan datos oficiales. Añadió, además, que cuando se convocan conferencias de prensa, no siempre se invita a todos los medios de comunicación.
Entre las recomendaciones hechas por le RCP, están crear nuevos observatorios de libertad de expresión que puedan también evaluar la rigurosidad del trabajo periodístico y del manejo de la información que se hace en el país. Gestionar campañas de donación para los medios, mediante mecanismos transparentes, objetivos, no discriminatorios y con garantías de independencia editorial. (PD)
