Aunque el debate se concentra sobre la ilegalidad de la publicación y que nuestro medio logró establecer que el gobierno anterior, realizó la publicación impresa y digital el 22 de enero de 2026, en el diario oficial La Gaceta, nuestro análisis fue más allá y concluye que las acciones conservadoras, tanto del gobierno anterior de Libre, como del actual del Partido Nacional, han dejado en la indefensión a la niñez y adolescencia.
Criterio HN
Tegucigalpa, Honduras. – El derecho a la educación integral para prevenir los embarazos en la niñez y la adolescencia de Honduras, es utilizado más para la polémica que para definir una agenda que proteja los derechos humanos.
En los últimos días funcionarios del actual gobierno denunciaron que Ley de Educación Integral de Prevención al Embarazo Adolescente en Honduras (Decreto No. 8-2023), fue publicada en el diario oficial La Gaceta, el 22 de enero de 2026, pese a que el 29 de julio de 2023 fue vetada por la entonces presidenta Xiomara Castro tras presiones de sectores conservadores y religiosos.
¿QUÉ VERIFICAMOS?
LA FRASE
“De manera fraudulenta, fue publicada [la ley] el 22 de enero de 2026, algo que es un delito, que al final va a tener que ser el Ministerio Público que haga las investigaciones y, por ende (…), si hay un delito, presentar las acusaciones”: Carlos Ledezma, secretario del Congreso Nacional.
Para verificar la versión del secretario del Congreso, El Mirón, la sección de verificación de Criterio.hn, se presentó a las oficinas de la Empresa Nacional de Artes Gráficas (ENAG) y compró La Gaceta número 37,050, encontrando que, efectivamente, el 22 de enero de 2026 se hizo la publicación del Decreto No. 8-2023, en las páginas 4A, 5A, 6A, 7A, 8A y 9A. Es decir, cinco días antes de que cesará el gobierno de Xiomara Castro y tres días antes de que finalizara el periodo legislativo que presidió el diputado Luis Redondo.
Asimismo, El Mirán hizo una búsqueda en el portal digital de La Gaceta y de igual manera encontró que la publicación del referido decreto se hizo en la misma fecha: 26 de enero de 2026.
El documento de la ley se puede descargar por medio de este enlace: https://enag.gob.hn/index.php/gaceta-digital/2026/enero/20260122-37050
Se puede acceder también al documento que está subido en el Portal de Transparencia del Instituto de Acceso a la Información Pública, comprobando con Metadata que esta publicación fue creada el 11 de mayo de 2026.
La publicación también fue realizada en la página web del Tribunal Superior de Cuentas (TSC), el 23 de febrero, según la herramienta de Metadata.
La controversia de la publicación de la ley se debe a que Xiomara Castro, devolvió la propuesta al Congreso Nacional, con la fórmula “Vuelva al Congreso”, mediante un veto presidencial remitido al legislativo el 17 de marzo de 2026, el cual publicó diario El Heraldo y en el que la entonces mandataria argumenta que el proyecto de ley no cumplía la finalidad de ser integral, ni el objetivo de la prevención eficaz de los embarazos en adolescentes
La ley aprobada el ocho de marzo de 2023 provocó manifestaciones y debates por un marcado rechazo de distintos sectores ultraconservadores, como las iglesias, tanto católica como evangélica, grupos ProVida y los partidos Nacional y Liberal, quienes también ejercieron una fuerte presión social.
El lunes 26 de octubre de 2026, el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano,apuntó que, después del veto presidencial, el Congreso anterior no contaba con los 86 votos para aprobar la ley integral. Por lo tanto, sentenció que el decreto debió haberse engavetado y no podía publicarse en el diario oficial La Gaceta.
El decreto se publicó cinco días antes de que el Partido Libertad y Refundación (Libre) entregara el poder al Partido Nacional. Zambrano resaltó que le pareció asombroso que, después de existir un veto, la ley salió publicada en La Gaceta.
“No tenían la configuración constitucional. Eso va más allá de un error y de una acción meramente de las atribuciones legislativas y lo que han cometido es la acción de un ilícito tipo penal”, advirtió Zambrano.
Según Zambrano, solo existen dos procesos legales para derogar la ley integral: mediante un recurso de inconstitucionalidad, con el argumento de que la publicación no reúne los requisitos, lo que tomaría unos seis meses para dejar sin valor y efecto el decreto. La otra forma, más expedita, sería la derogación del decreto, luego de ser presentado junto a todas las organizaciones ProVida.
Anunció que el Ministerio Público debe investigar cómo llegó el decreto a La Gaceta, por qué se publicó sin respetar el veto presidencial y encontrar qué hay detrás de la publicación de la ley.
Mientras que diputados y exdiputados de Libre han denunciado ser víctimas de persecución política, esta nueva controversia se ha convertido en una oportunidad que facilita los argumentos para realizar más investigaciones en contra de los diputados, sobre todo del expresidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, quien ya cuenta con una orden de captura en su contra, emitida el viernes 23 de octubre por la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
A través de un video, la Televisión Nacional de Honduras (TNH), informó que el 15 de octubre el Ministerio Público presentó una acusación formal contra el expresidente del Congreso Nacional, Luis Redondo (2022-2026), y 13 exintegrantes de la ahora extinta Comisión Permanente, por 21 delitos, entre ellos usurpación de funciones, violación de los deberes de los funcionarios y perturbación ilícita institucional.
Redondo rechazó los señalamientos y alegó persecución política por exigir transparencia durante el proceso de las cuestionadas Elecciones Generales del 30 de noviembre de 2025 y por no aceptar los resultados de los comicios que sufrieron la injerencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para colocar a Nasry Asfura (2026-2030) en la silla presidencial.
¿ACCIONES QUE MOTIVAN LA PERSECUCIÓN?
Angélica Smith, diputada del Congreso Nacional por Libre y exsecretaria del Congreso Nacional, señaló a través de un video publicado en la página de la Bancada Libre en Facebook, que se hizo el trámite legislativo, pero que la función del diputado termina una vez que el proyecto se presenta al pleno legislativo. Luego de ser discutido, en caso de aprobarse, se envía al Poder Ejecutivo para su sanción o veto.
En ese sentido, manifestó que ya no les correspondía como Poder Legislativo realizar la publicación de la ley. Reiteró que desconocen cómo se tomó la decisión de publicar el decreto. Como exsecretaria de la Junta Directiva del Congreso Nacional, expuso que su función finalizó al remitir el proyecto, pero la facultad de sancionarlo o vetarlo le correspondía a la expresidenta Xiomara Castro, cuya postura fue vetar el decreto.
“El trámite previo para la respectiva publicación es la sanción del presidente o, en este caso, de la presidenta de la República. Nosotros cumplimos con nuestro deber de remitirlo, como se remiten todos los decretos aprobados en el pleno”, dijo Smith. A través de un noticiario de televisión.
El proyecto de ley fue presentado por la diputada Scherly Arriaga del partido Libre, quien se desempeñaba como vicepresidenta del Congreso Nacional. El siete de marzo de 2023, luego de varias modificaciones, la iniciativa se llamó «Ley de Educación Integral de Prevención al Embarazo en Adolescentes en Honduras». El ocho de marzo, el proyecto de ley fue discutido y aprobado. Pero, nueve días después fue vetado por Xiomara Castro.
En entrevista con Criterio.hn, Cristina Alvarado, coordinadora del Movimiento de Mujeres por la Paz “Visitación Padilla”, destacó que se instrumentaliza el tema de los derechos de las mujeres, las niñas y las adolescentes, quienes viven a diario en situación de violencia sexual, lo que provoca altos índices de embarazo adolescente.
Apuntó que el gobierno no tiene idea de cómo abordar esta problemática, que debería sostenerse en políticas públicas libres de prejuicios personales, machistas y religiosos, con fundamentos en evidencia científica y en derechos humanos, para poder hacer un planteamiento.
Lo cierto es que ningún gobierno de turno ni partido político ha tenido un interés real en brindar una respuesta positiva para impulsar los derechos de la niñez y la adolescencia, mucho menos en materia de educación sexual integral. Además, es contradictorio que el gobierno anterior vetara la ley y luego decidiera publicarla, lo que ha generado confusión en diversos sectores.
En cuanto a la persecución que alegan diputados y figuras de Libre, Carlos Ledezma, actual secretario del Congreso Nacional, señaló en declaraciones a medios de comunicación que la publicación de la ley es un delito que investigará de oficio el Ministerio Público. Agregó que este martes 27 de octubre se solicitaría su derogación.
“Que no vengan a manifestar después que es persecución política, porque son ellos los que violentaron la ley. Reitero, después que no venga Luis Redondo a decir que es persecución política por los errores que él mismo cometió”, sentenció Ledezma, al tiempo que se declaró ProVida.
En conclusión, El Mirón categoriza como: Verdadera, la publicación de la Ley de Educación Integral de Prevención al Embarazo Adolescente en Honduras (Decreto No. 8-2023), el 22 de enero de 2026 en el diario oficial La Gaceta, situación que, según expone el gobierno actual, traerá consecuencias a diputados del gobierno de Xiomara Castro, entre ellos, al expresidente del Congreso Nacional, Luis Redondo.
