- Sobre la pretendida intención de construir un Centro de Reclusión de Emergencia (CRE), en la comunidad de Mocorón, López dijo que es una situación análoga a la de la Isla del Cisne , en la que el Estado está utilizando, en forma incorrecta, los mecanismos para poder ejercer la tutela de los derechos de las personas privadas de libertad.
La decisión de suspender la construcción de una cárcel de máxima seguridad en la Isla del Cisne, por parte del gobierno hondureño, es una medida que evitará acentuar los problemas del sistema penitenciario en el país, según el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH).
En el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos, el Delegado Adjunto del CONADEH, Ricardo López recordó que, en junio del 2024, se emitió una Alerta Temprana con el objetivo de impulsar acciones de prevención desde una perspectiva humanitaria y de seguridad humana, en la que se advirtió un potencial riesgo de graves violaciones de derechos humanos contra la población penitenciaria, de instalarse un centro de detención en la Isla del Cisne.
Indicó que la construcción de una cárcel, en la Isla del Cisne, fue una idea mal consultada y mal analizada al momento de tomar en consideración todos los aspectos de logística que deben de primar a la hora de establecer un centro penitenciario en cualquier parte del país.
Lo que querían era aislar a las personas que requieren de un régimen de máxima seguridad, pero, al hacerlo, de esa forma, se estaría atentando contra los derechos de esas personas.
En la Alerta Temprana el CONADEH expresó su preocupación por la accesibilidad de los familiares para efectuar las visitas penitenciarias, así como, de los jueces ejecutores y, en general, el impedimento para el ejercicio de los derechos vinculados al debido proceso.
Centros penales deben apegarse a estándares internacionales
López señaló que muchas de las cárceles de Honduras han estado deterioradas y que, incluso, han sido escenario de incendios, fugas, riñas y enfrentamientos entre privados de libertad que han dejado centenares de personas muertas, heridas y lesionas.
Se han hecho inspecciones en los centros penitenciarios y hemos visto las malas condiciones en las que se encuentran, en ese sentido, el Estado debe mejorar la infraestructura en el sistema penitenciario y garantizar que las cárceles estén apegadas a los estándares internacionales para evitar que se cometan violaciones a los derechos humanos de la población penitenciaria.
Los centros penales tienen que ser establecimientos que se apeguen a los estándares internacionales y para ello, el Estado está en la obligación de invertir y mejorar las condiciones de vida de las personas privadas de libertad, reiteró.
Añadió que las personas privadas de libertad están bajo la tutela del Estado de Honduras que, al final, es el responsable de la integridad física de esas personas, por lo tanto, cualquier privado de libertad que le suceda algo, el Estado debe responder y dar las explicaciones correspondientes sobre lo sucedido.
Mecanismos incorrectos para construir cárceles
Sobre la pretendida intención de construir un Centro de Reclusión de Emergencia (CRE), en la comunidad de Mocorón, Departamento de Gracias a Dios, López dijo que es una situación análoga a la de la Isla del Cisne , en la que el Estado está utilizando, en forma incorrecta, los mecanismos para poder ejercer la tutela de los derechos de las personas privadas de libertad.
Si el Estado tiene la intención de crear una cárcel, en alguna parte del territorio nacional, se tienen que hacer las consultas previas.
Además, verificar si el lugar donde se quiere construir no violenta los derechos de terceras personas, también que no afecte el medio ambiente, que existan las condiciones adecuadas para la rehabilitación, que los familiares tengan acceso y que las personas puedan ser llevadas a los tribunales de la República.
Al final, cuando se instala una cárcel, en un lugar inaccesible, lo que va a hacer es perjudicar derechos y violentar el debido proceso cuando no se puedan llegar a cabo las audiencias, porque no hay transporte para trasladar a las personas o porque un privado de libertad necesite una operación de emergencia y no puede ser llevado a un hospital por no tener las condiciones, concluyó.
