Por: Evelyn Alva
El pasado jueves 13 de junio, la Corporación Municipal de Tocoa, encabezada por el alcalde Adán Funez, convocó a una sesión de Cabildo Abierto en la comunidad de La Ceibita para la “socialización y aprobación del proyecto Planta Eléctrica de Inversiones Ecotek,” parte del Grupo EMCO Holdings. Esta convocatoria ha sido denunciada como ilegítima e ilegal, con el objetivo de aprobar un proyecto de generación de energía eléctrica a base de coque de petróleo, un material altamente tóxico que representa un grave riesgo para la salud y la vida de las comunidades de Tocoa, Colón.
La Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA) instó a la Corporación Municipal a realizar este cabildo, a pesar del riesgo socioambiental que implica la termoeléctrica. Además, la Corporación ha ignorado repetidamente la voluntad de los residentes, quienes han rechazado este megaproyecto en seis ocasiones debido a los daños ambientales irreparables y el impacto negativo en la vida de los defensores que se oponen a estos proyectos.
La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras denunció la insistencia de la Corporación Municipal de Tocoa en favorecer a la empresa Pinares/Ecotek, limitando el espacio cívico y el derecho a la participación en la toma de decisiones de las comunidades afectadas. Asimismo, exigieron a la Corte Suprema de Justicia una pronta resolución a la medida cautelar para suspender el cabildo abierto, interpuesta por el Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa el 11 de junio de 2024.
Durante el cabildo, agentes policiales protegieron al alcalde Adán Funez de una protesta en la CA-13, donde la población manifestó su rechazo al proyecto termoeléctrico. La situación se intensificó cuando los manifestantes lanzaron piedras al alcalde, lo que obligó a los agentes a evacuarlo para proteger su integridad. A pesar de la protesta, la aprobación del proyecto siguió adelante sin la participación de las organizaciones y comunidades defensoras del medio ambiente, y en medio de una fuerte presencia policial y militar.
La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras condena estos abusos de poder y las violaciones al derecho de participación en la toma de decisiones de las comunidades de Tocoa. Hacen un llamado urgente a las organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales para acompañar a las comunidades afectadas y sumarse a la denuncia pública contra la imposición de este proyecto.
