La fallida operación policial para ejecutar el desalojo acordado por un juzgado de competencia nacional de las fincas que el grupo criminal Los Cachos ocupa en Quebrada de Arena, departamento de Colón, pertenecientes a la Cooperativa Camarones y cuyos integrantes permanecen desplazados por la violencia de este grupo, ha envalentonado a esta estructura criminal que, según diversas fuentes en la región, estaría reclutando sicarios para atacar a las cooperativas próximas de El Chile y El Tranvío.
Mientras la atención de Honduras sigue centrada en el resultado y recuento del reciente proceso electoral, en el Bajo Aguán la situación de los campesinos desplazados empeora y se pronostica una crisis inminente en caso de que las autoridades no adopten medidas efectivas contra el grupo criminal. La noche del viernes doce de diciembre, Roger Alexis Castillo Fuentes socio de la cooperativa Camarones fue asesinado por sicarios del grupo “Los Cachos”, según un comunicado de la Plataforma Agraria y COPA.
El lunes ocho de diciembre, un operativo policial y judicial de 1,021 policías, decenas de vehículos y un helicóptero fue incapaz de proteger a los y las campesinas que iban a ser reintegrados en sus fincas, en ejecución de una orden judicial, por el contrario, terminó en un violento ataque, que dejó más de 20 personas heridas y que ha envalentonado a este grupo criminal.
Cuando las 160 familias campesinas desplazadas de la Cooperativa Camarones acudieron al llamado de las autoridades para recuperar la posesión de sus fincas, fueron agredidas por decenas de personas procedentes de la finca que se intentaba recuperar y de sus inmediaciones, ante la inacción de las autoridades policiales y judiciales presentes en el lugar.
CAMPESINOS LLEVAN MESES FUERA DE SUS CASAS
Las familias campesinas de la Cooperativa Camarones llevan desplazadas forzadamente casi un año desde que, el 25 de diciembre pasado, fueron expulsadas violentamente de sus fincas. El pasado lunes esperaban las indicaciones de las autoridades para poder regresar a sus hogares. Aproximadamente a las 13:45, recibieron la comunicación de que podían dirigirse a Quebrada de Arena; inmediatamente, una caravana de camiones y vehículos conformada por unos 400 campesinas y campesinos, que incluía integrantes de las vecinas cooperativas El Tranvío y El Chile, que se unieron como muestra de solidaridad, emprendió la marcha hacia esta localidad, que se encuentra a menos de tres kilómetros de distancia.
En la cabecera del convoy se encontraba Wendy Castro, subcoordinadora de la Plataforma Agraria, organización a la que están adheridas estas cooperativas. Su vehículo fue atacado al aproximarse al lugar donde se encontraban las autoridades que dirigían el operativo de desalojo, y ella misma recibió diferentes impactos en su cuerpo.
De manera inexplicable, el impresionante dispositivo policial huyó del lugar del ataque, en vez de proteger a los campesinos de la caravana. En pocos instantes, los atacantes rodearon y atacaron los vehículos de la caravana y a las personas que transportaban; indefensas y amontonadas en la parte trasera de las cajas de los camiones, solo pudieron encogerse para intentar evitar la lluvia de piedras o protegerse con las manos de los impactos en las pailas de los todoterrenos.
Debido a la falta de respuesta policial, que no protegió a las 400 personas de las cooperativas Camarones, El Chile y El Tranvío, se desató un caos en la carretera CA-13, a la altura de Quebrada de Arenas. Los vehículos, especialmente los camiones, quedaron atascados mientras intentaban dar la vuelta para regresar a sus cooperativas, y dentro de la parte trasera decenas de campesinos recibían los ataques de esa turba violenta, mientras la Policía Nacional, con evidentes muestras de pánico en sus rostros, incluidos los cuerpos especiales y antimotines, huía velozmente dejando abandonados a los civiles.
Numerosos videos que aparecen en redes sociales muestran cómo una muchedumbre violenta se adueñó de la carretera y apedreó a toda la comitiva. Algunos de los atacantes, además, portaban machetes con los que pincharon ruedas de camiones y amenazaron a los campesinos. También se lanzaron voladores y se amenazó con armas de fuego a diferentes personas.
A pesar de que el desalojo no se efectuó y de que los ocupantes no abandonaron las fincas, la Policía Nacional de Honduras emitió un comunicado que no se corresponde con lo acontecido. “A la 1:15 p. m. se suscribió el acta de acompañamiento y seguridad, mediante la cual los jueces ejecutores autorizaron el ingreso policial al inmueble… Tras agotar el proceso de persuasión, los ocupantes abandonaron el lugar de manera voluntaria y pacífica, bajo veeduría del Conadeh. Se registró un incidente donde un agente policial resultó con traumatismo dentario por impacto de un objeto contuso lanzado por una turba.
El funcionario recibió atención médica inmediata. Una vez despejado el inmueble, se verificó y aseguró el área, procediendo a su entrega a los jueces ejecutores, conforme a las instrucciones judiciales. No fue posible realizar entrega a los propietarios ante la ausencia de sus representantes legales. La Policía Nacional recuerda que su competencia finaliza con la ejecución de la orden, el aseguramiento del inmueble y su entrega a la autoridad judicial”.
Wendy Castro, subcoordinadora de la Plataforma Agraria recibe primeros auxilios.
Las imágenes desvirtúan el contenido de ese comunicado y arrojan más dudas sobre la intención de este, ya que el comunicado fue publicado a las pocas horas del ataque. En el texto, aunque sí se hace referencia a que producto de la acción de una turba resultó herido un policía, se omiten los ataques y lesiones a los cooperativistas, así como la falta de reacción de los agentes ante el ataque del que fueron víctimas centenares de personas.
A la misma Wendy Castro le fueron brindados los primeros auxilios y atención médica por una enfermera de la Policía Nacional, según se puede ver en una imagen captada el día del ataque, resultando incomprensible la falta de referencia a las heridas que recibieron las comunidades campesinas.
Como consecuencia del ataque y de la falta de reacción policial, se registraron decenas de heridos por piedras de diversa consideración, algunos de los cuales tuvieron que ser atendidos en hospitales próximos, y los beneficiarios de una orden judicial fueron privados nuevamente de su derecho a la tutela judicial efectiva al no ser reintegrados en sus fincas, obligándoles a permanecer desplazados fuera de sus hogares y en situación de alta precariedad.
ALERTA DE NUEVOS ATAQUES
Después del ataque, la Plataforma Agraria ha emitido una alerta urgente advirtiendo que este fracaso favorece al grupo criminal Los Cachos, que actualmente amenaza con atacar nuevamente a las familias campesinas de las cooperativas El Chile y El Tranvío. Responsabilizamos directamente al juez ejecutor y a la Policía Nacional de los ataques que pudieran ejecutarse en contra de las familias campesinas y de las organizaciones que les representamos. Tenemos noticias de la llegada de sicarios de refuerzo a la zona para fortalecer al grupo criminal y atacar a la Cooperativa El Tranvío, donde se han refugiado las familias de la Cooperativa Camarones, mientras la única presencia policial visible en la zona resguarda las oficinas de la Corporación Dinant”.
El comunicado hace referencia a las informaciones que se están conociendo en la zona respecto a que este grupo criminal estaría reclutando personas y sicarios para atacar a las dos cooperativas próximas a Camarones: la Cooperativa El Chile y El Tranvío. Estas dos cooperativas ya fueron atacadas violentamente el pasado mes de febrero, cuando miembros de Los Cachos intentaron de manera simultánea tomar las fincas de estas cooperativas. En aquel momento, la reacción policial hizo que desistieran del intento.
El vocero de la Plataforma Agraria, Johny Rivas, informó que “hemos recibido información por varias vías de que el grupo Los Cachos se fortalece ante el fallido desalojo al grupo criminal en el área de la Cooperativa Camarones y pretende atacar la Cooperativa El Tranvío, la Cooperativa El Chile y la colonia Camarones. Es importante elevar esta alerta a todas las instancias. Ya hemos, al menos, enviado mensajes a las autoridades de la Secretaría de Derechos Humanos y también a autoridades de la Secretaría de Seguridad”.
Además, debe recordarse que existen órdenes de detención de miembros del grupo Los Cachos pendientes de ejecución y que podrían haberse realizado durante el operativo de desalojo si este no se hubiera frustrado por la falta de diligencia de las autoridades policiales y judiciales que supervisaron el fallido desalojo.
Diferentes fuentes locales confirman las alertas emitidas por la Plataforma Agraria y en algunos videos grabados con drones puede verse la presencia de hombres armados que se desplazan por la zona, como prueba de la inminencia de nuevos ataques contra estas cooperativas.
Precisamente, la noche del viernes doce de diciembre, Roger Alexis Castillo Fuentes socio de la cooperativa Camarones fue asesinado por sicarios del grupo Los Cachos, según un comunicado de la Plataforma Agraria y COPA, lo que confirma la gravedad de las advertencias de estas organizaciones campesinas.
EXIGENCIAS DE LA PLATAFORMA AGRARIA
En el comunicado, la Plataforma Agraria exige “al Poder Judicial que, de forma inmediata, dicte una nueva orden de desalojo, asegurando las condiciones para que sea ejecutada y se dé protección antes, durante y después del desalojo”.
Las autoridades deben responder y no pueden olvidar a las comunidades campesinas del Bajo Aguán, especialmente ahora que la atención informativa la acapara el resultado del proceso electoral. Es necesario que se cumpla la orden de desalojo, que ya ha sido incumplida en varias ocasiones anteriores, y que las personas desplazadas puedan regresar de forma segura a sus hogares.
El conflicto agrario en el Bajo Aguán, que enfrenta a comunidades campesinas con terratenientes y grupos paramilitares y criminales, no ha terminado. Debe reforzarse la protección policial de las comunidades campesinas que permanecen indefensas ante unos ataques criminales que han hecho retroceder a la Policía en ocasiones anteriores.
Desde 2010 hasta la actualidad, la violencia de estas estructuras ha causado el asesinato de más de 200 personas organizadas en la lucha por la defensa de la tierra. Solo en 2025, la cifra de fallecidos asciende a 11.
La Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) documentó que 247.000 personas sufrieron desplazamiento interno en Honduras a causa de la violencia generalizada entre 2004 y 2018. Además, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en Honduras (Conadeh), dependiente del Estado, estima que entre 2019 y 2023 unas 15.174 personas estuvieron en riesgo o padecieron desplazamiento forzado.
Se va a cumplir próximamente un año del desplazamiento de Camarones, coincidiendo con el período navideño, momento que el grupo criminal aprovechó en su día para atacar, y para que no se repitan los ataques las autoridades hondureñas, en el ejercicio de sus responsabilidades, deben fortalecer las dotaciones policiales en Quebrada de Arenas para proteger a las cooperativas adheridas a la Plataforma Agraria y COPA.
Tras el asesinato del joven Roger Alexis Castillo, en el Bajo Aguán las familias campesinas están en permanente luto mientras los empresarios criminales y las bandas sicariales doblegan al Estado hondureño.
