Ruth Bonilla – En Alta Voz
Gobierno busca reducir pérdidas del 38% con instalación masiva de medidores y nuevos controles, mientras consumidores cuestionan si las fallas históricas de la estatal terminarán siendo pagadas nuevamente por la población.
El presidente Nasry Asfura reconoció que la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) enfrenta una profunda crisis financiera, al revelar que las pérdidas energéticas alcanzan el 38%, una cifra que, según sus propias declaraciones, ha limitado recursos para salud, educación, infraestructura y otros proyectos prioritarios del país.
“El ENEE es un problema grave que nos está dejando sin recursos”, afirmó el mandatario durante una entrevista, donde además reconoció que la estatal eléctrica representa actualmente el principal problema de su gobierno.
Como respuesta, la administración anunció una estrategia basada en instalación masiva de medidores, controles sectorizados y nuevas medidas para identificar usuarios sin contador, conexiones irregulares y deudas acumuladas.
Sin embargo, los anuncios han comenzado a generar preocupación entre consumidores, particularmente ante la posibilidad de esquemas de pago anticipado o cambios en la forma de facturación, en un país donde miles de familias enfrentan dificultades económicas y viven al límite de sus ingresos.
Los cuestionamientos también apuntan a la capacidad del propio Estado para enfrentar el problema de raíz.
Durante años, la ENEE ha sido señalada por deficiencias administrativas, falta de control sobre conexiones clandestinas, energía no facturada y problemas operativos que hoy el mismo gobierno reconoce como una carga financiera millonaria.
Críticos cuestionan que mientras la empresa admite pérdidas del 38%, las acciones correctivas parecen enfocarse primero en ejercer mayor presión sobre consumidores que sí buscan regularizarse, mientras persiste la interrogante sobre por qué la estatal no logró frenar durante años el crecimiento del robo de energía y los llamados “pegues clandestinos”.
Incluso el propio presidente admitió retrasos históricos para instalar medidores a ciudadanos con disposición de pagar, reflejando fallas operativas que ahora forman parte de la crisis que busca corregirse.
Aunque Asfura insistió en llamar “ineficiencias” a las pérdidas energéticas, diversos sectores consideran que el término también expone una responsabilidad institucional acumulada por años.
El debate ahora no solo gira en torno a rescatar financieramente la ENEE, sino sobre quién terminará absorbiendo el costo real de una crisis que, hasta ahora, ha golpeado las finanzas del Estado y amenaza con impactar aún más el bolsillo de los hondureños.
