Criterio HN

Tegucigalpa.- Un ente independiente, autónomo, que trascienda el periodo de gobierno actual y que investigue y enjuicie a responsables de delitos relacionados con la corrupción de alto impacto, son las exigencias de organizaciones de sociedad civil para la instalación de una misión internacional anticorrupción.

Ante la llegada de una misión técnica de evaluación, organizaciones de sociedad civil, aglutinadas en la Coalición Anticorrupción, exigieron a la Organización de Naciones Unidas (ONU) y al gobierno de Honduras requisitos y condiciones primordiales para la instalación de la Comisión Internacional Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (CICIH).

“Honduras urge y necesita una misión anticorrupción con autonomía, independencia y mandatos claros para luchar contra la corrupción y la impunidad”, dijo el director del Centro de Estudios para la Democracia (Cespad), Gustavo Irías.

La Coalición Anticorrupción, instancia que surge en 2019 en exigencia a la extensión del convenio de la extinta Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), a través de un posicionamiento, celebró la llegada de una comitiva para iniciar el proceso de instalación de la CICIH que prometió en su plan de gobierno la presidenta de Honduras, Xiomara Castro.

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Sin embargo, resaltaron que la nación centroamericana se encuentra inmersa en corrupción e impunidad que se instauró en los últimos doce años de gobierno del conservador Partido Nacional.

“Hoy vivimos en una situación de impunidad estructural y sistémica que afecta al conjunto del sistema político, de ahí la necesidad de reconstruir el sistema de justicia como parte de la cooperación y recuperación del Estado de Derecho para impedir que la impunidad se reproduzca”, detalla el documento.

Como condiciones para instalar la CICIH, la Coalición Anticorrupción exigió que sea un ente independiente de los poderes del Estado de la nación y tener autonomía de actuación por parte de las Naciones Unidas debido que la MACCIH estaba maniatada a las directrices que giró el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro y que se denunció por miembros de la misión.

De igual manera, demandaron que el periodo de vigencia del convenio trascienda el periodo de gobierno de Castro para evitar su extinción como la MACCIH que se instaló en 2016 y feneció en 2020 dejando más de 30 casos sin judicializar.

Además, que pueda realizar la persecución penal directa, debido que solo el Ministerio Público tiene la potestad de enjuiciar y judicializar a sindicados en delitos, en consonancia acuerpar a instituciones del Estado para desarticular redes de corrupción, firmar convenios de colaboración con instituciones y organismos de sociedad civil, asesorar la formulación de marcos jurídicos y políticas públicas y presentar periódicamente informes sobre las acciones desarrolladas.

Asimismo, se requirió que los integrantes de la misión sean escogidos con criterios de calificación académica, experiencia y capacidades jurídicas en el tema anticorrupción que se enfoquen en dos grandes líneas de atención como ser: investigar y enjuiciar a implicados en casos de corrupción de alto impacto y sus redes criminales y el fortalecimiento de las instituciones públicas hondureñas, con el propósito de “asegurar la independencia, eficiencia y efectividad en la administración pública”.

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DEROGACIÓN DE LEYES QUE PROMUEVEN LA IMPUNIDAD

La Coalición instó al Congreso de Honduras derogar las normativas que se aprobaron durante los últimos años que promovieron la corrupción y generaron mayor impunidad limitando las acciones investigativas de la fiscalía.

Dentro de los decretos que exigen sean derogados está: el Decreto Legislativo 116-2019 referente a la Ley Especial para Gestión, Asignación, Ejecución, Liquidación y Rendición de Cuentas de Fondos Públicos para Proyectos de Orden Social, Comunitarios, Infraestructura y Programas Sociales, aprobada en octubre de 2019 durante la gestión de Mauricio Oliva.

El referido decreto permite a diputados, funcionarios, directores, corporaciones municipales, ONG´s y cualquier persona natural o jurídica solicitar fondos con la supuesta finalidad de ejecutar obras, proyectos o programas sociales siendo el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) el encargado de auditar el manejo de los fondos y quien determina si existe o no responsabilidad penal, administrativa o civil en caso de malversación.

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También, se instó derogar el Decreto Legislativo 57-2020 que interpreta los artículos 217,219, 220 del Código Penal sobre los requisitos para ejecutar decomisos y secuestros de documentos por parte del Ministerio Público y el Decreto Legislativo 93-2021 que reforma varios artículos de Código Penal y Código Procesal Penal relacionado con el lavado e imposibilita a la fiscalía acceder al secreto bancario en delitos de malversación, fraude, enriquecimiento ilícito, entre otros.

Para el titular del Cespad, es necesario y urgente derogar los pactos de impunidad que se orquestaron desde la propia institucionalidad de la nación que impide a organismos de justicia actuar contra las redes de corrupción.

“La herencia de la MACCIH continúa siendo el referente que develó los mecanismos de operación de verdaderas mafias corruptas que cooptaron la institución estatal… la corrupción en los últimos 12 años se mantiene intacto, el sistema de justicia ha colapsado para enfrentar las mafias corruptas y crimen organizado”, expresó Irías.

De igual forma, los organismos de sociedad civil exigieron reformar el Decreto Legislativo 4-2022 que contiene la Ley para la Reconstrucción del Estado Constitucional de Derecho y para que los hechos del golpe de Estado de 2009 no se repitan, en lo referido a la amnistía en su artículo 4, inciso A, que permite que funcionarios públicos acusados por delitos de corrupción durante la administración de enero 2006 hasta junio 2009, donde no haya mediado ninguna motivación política, se vean librados de la justicia.

Finalmente, piden que la CICIH tenga un enfoque de derechos humanos a favor de las víctimas de la corrupción que tienen el derecho del acceso a la justicia, a la reparación y no repetición.

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