Por Lourdes Ramírez

Cerca de dos millones de estudiantes de educación primaria y secundaria del sistema de educación pública de Honduras permanecen en casa por la pandemia, desde el 13 de marzo de 2020, por disposiciones del gobierno de la república de Honduras, que suspendió las labores en los centros educativos gubernamentales y no gubernamentales de los niveles de prebásica, básica y media para el personal directivo, administrativo y docentes a nivel nacional como parte de las medidas para prevenir el contagio de COVID-19 en el país.

Más de 25 mil centros educativos públicos funcionan a nivel nacional a cargo de 64 mil docentes. Aunque el gobierno anunció que más de dos millones de estudiantes ingresarían en el presente año escolar, más de 175 mil niños y jóvenes ya no forman parte del sistema porque desertaron de las aulas en los últimos cuatro años. Esta deserción se incrementará, según los maestros y padres de familia consultados, porque consideran que la pandemia de la COVID-19 prioriza otras necesidades no satisfechas por las familias.

Desde la adopción del sistema de educación en casa han transcurrido casi tres meses y los maestros han tenido que adaptar sobre la marcha los contenidos y los métodos de enseñanza, algunos con más facilidades que otros, ante las limitaciones económicas por el desempleo. En Alta Voz conversó con maestros y padres de familia, quienes tienen retos similares en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Para Ubaldo Hernández, de San Pedro Sula, no contar con los libros que necesitaba su hijo provocó el abuso de autoridad de parte de un maestro de sexto grado de la escuela privada al excluirlo del grupo de WhatsApp donde se comunica con los estudiantes, a pesar de los ruegos del padre, el menor prácticamente fue excluido de forma permanente de sus clases, violentándole su derecho a la educación que asegura garantizar la Constitución de la República de Honduras.

María Sánchez, maestra de primer grado de una escuela en la comunidad El Chile, en Tegucigalpa, capital de Honduras, asegura que se está cumpliendo al máximo con las directrices de la Secretaría de Educación Pública, documentando cada tarea, cada evaluación, porque los docentes serán evaluados de forma aleatoria y no se pueden arriesgar a ser sancionados por no abarcar todo el contenido, según el Plan Operativo Anual. “Mandamos las cuatro clases básicas: Matemáticas, Ciencias Naturales, Estudios Sociales y Español. Las enviamos escritas con documentos, por foto o en video. Preparo las clases de primer grado. La Secretaría de Educación nos llena de documentos, pero cada maestro sabe cómo lleva sus alumnos y el grado de escolaridad de los padres es muy diferente. No todos tienen internet. Tengo una alumna que [le] mataron al papá al inicio de la pandemia cuando salía de su trabajo por asaltarlo y entonces trato de apoyar a la alumna de primer grado. A ella le falta su papá. La mamá me dijo que no podía mandar tareas porque no podía pagar 100 lempiras a la semana por el internet porque ella fue despedida de su trabajo en un restaurante de comida rápida”, lamentó la maestra.

Otros padres no se comprometen con la educación de sus hijos. Están concentrados en resolver sus problemas económicos; no quieren y no se les puede obligar por las circunstancias. El ministro de Educación, Arnaldo Bueso, emitió declaraciones donde expresó que las tareas no iban a ser evaluadas. Eso limita el nivel de compromiso de los padres, mientras que otros prefieren que repitan el año escolar porque consideran que no están aprendiendo lo suficiente. “En mi caso, sí estoy evaluando y documentando cada expediente de mis alumnos para que no se cuestione mi papel como maestra en esta crisis”, asegura Sánchez.

Con menos de tres meses, la deserción ya comenzó. En este caso, de los alumnos de la maestra Sánchez, solo la mitad tiene acceso a internet; de 28 estudiantes que comenzaron el primer grado en la Escuela El Chile, solo quedan 11 (4 niños y 7 niñas). Se han ido retirando por falta de dinero.  “A diario mandamos las tareas y ellos tienen que enviar las tareas terminadas para que los maestros puedan justificar el trabajo. Se mandan las fotografías y tienen que concordar las tareas enviadas con las instrucciones del programa académico del Ministerio de Educación. Hay mamás que están apoyando a sus hijos, pero no todas las madres tienen internet. Entre ellas se apoyan, pero ahora con la crisis económica van cerrándose los círculos”.

Una de las limitaciones que han afrontado estas maestras es que no tenían los datos de contacto de los padres porque esa información está en las oficinas de las escuelas y al cerrarlas no han tenido acceso a los números de teléfono y direcciones exactas de todas las viviendas de sus estudiantes. Algunos de los padres demuestran un alto nivel de compromiso con el seguimiento del rendimiento académico de sus hijos, pero no todos cuentan con los recursos y habilidades tecnológicas, “les toca actualizarse igual que a muchos de nosotros los maestros”, agrega la maestra.

El gobierno tiene que facilitar a maestros, alumnos y padres el acceso al internet porque la mayoría no tienen los recursos para comprarlos, pues la prioridad es la sobrevivencia y, como dicen los padres a los maestros, “si compro la recarga, no compro la leche”, “si compro el paquete de internet, no compro la medida de frijoles”. Los maestros han tenido que incrementar su consumo de datos para poder permanecer en contacto con sus estudiantes y muchos de ellos se quejan porque los pagos de salarios mensuales están retrasados.

EL GOBIERNO DEBE PROPORCIONAR EL SERVICIO DE CONECTIVIDAD DE FORMA GRATUITA

De forma engañosa se aseguró de parte del gobierno de Honduras que las compañías telefónicas brindarían servicios gratuitos.

El presidente Juan Orlando Hernández destacó en una cadena nacional de radio y televisión que, de forma solidaria, más de siete millones de usuarios de las empresas telefónicas Tigo y Claro tendrían servicios gratuitos a partir del lunes 23 de marzo; sin embargo, detrás de ese titular engañoso, la realidad era otra. A partir del lunes, TIGO y CLARO van a permitir que, durante un periodo de 30 días, los más de siete millones de usuarios DE MANERA GRATUITA, es decir, aunque no tengan saldo, no importa su condición, van a tener acceso a navegar en aquellas plataformas habilitadas por el Gobierno, por otras entidades que estamos concertando para que estén informados sobre la evolución del COVID-19 y para que usted pueda hacer las consultas del caso esto a nivel de todo el país. Con excepciones del Gobierno y las acciones de OPS, entre otros. Por ejemplo, ya la plataforma www.covid19honduras.org, búsquenla, entérese. Luego vendrán otras plataformas en los próximos días.

Según el gobierno, el beneficio consistió también en que más de siete millones de usuarios podían enviar sin ningún costo 50 mensajitos diarios dentro de su red de manera gratuita y hacer llamadas durante cinco minutos a cualquier número de su red diariamente de manera gratuita.

Este “beneficio temporal” está limitado a la plataforma informativa del gobierno sobre la pandemia y no para el proceso de educación que necesita el estudiantado a nivel nacional, tanto primaria, secundaria como universitaria.

CONFUSAS DECLARACIONES

El ministro de Educación, Arnaldo Bueso, dice que no es obligatorio evaluar a los alumnos, pero los maestros serán evaluados; entonces debe existir una confirmación del trabajo del magisterio con la comprobación de los resultados de los alumnos. Existe una incoherencia en este sentido.

Por otra parte, algunos padres se tienen que mover de sus comunidades porque no hay acceso a internet. Padres que están comprometidos con la educación de sus hijos mantienen constante comunicación con sus maestros, quienes tienen libertad de criterio al momento de calificar porque saben quién ha trabajado y quién no. Cada alumno tiene una carpeta para documentar los resultados semanales.

¿Y cómo se puede saber si los padres no les hacen las tareas? Según las maestras entrevistadas, ellas detectan quién realiza la tarea y conocen la letra de sus estudiantes, así como los errores más frecuentes que cometen. De esa forma se puede hacer un diagnóstico para ver los avances de los alumnos.  “No me voy a precipitar, pero no creo que tengan las capacidades para llegar a un segundo grado y estoy consciente de que muchos padres prefieren que los niños repitan el grado antes de promediarlos sin tener los conocimientos”, lamenta Sánchez.

En el papel del maestro es de motivar en este momento a los padres de familia para que apoyen a los niños con sus clases. Y que practiquen las medidas de prevención. El liderazgo del maestro es crucial para que los niños realicen actividades variadas dentro de su casa, no solo en relación con las tareas. Los maestros tienen la posibilidad de detectar si los menores están experimentando violencia en el hogar; esto disminuye las posibilidades de éxito académico. Consultamos a varios de los estudiantes sobre cómo se sentían estudiando en casa y la mayoría de ellos aseguró que prefieren estudiar en casa, pero otros extrañan la escuela y sus amigos. Pudimos detectar que los ambientes varían según los hechos violentos que se presentan dentro del hogar.

La educación en línea conlleva un periodo de adaptación para maestros, padres y alumnos. “La idea es no saturar a los padres y enviar la información gradualmente. Da gusto ver padres que se involucran directamente en la educación para que el niño entienda y le guste hacer sus tareas. Los maestros tenemos que guardar toda la información para demostrar que han cumplido con su trabajo. Con dos o tres fotos que se mandan, se demuestra que el niño ha trabajado y los maestros podemos planificar las tareas para que una vez por semana se les dé toda la información de la semana y así no gastan tanto dinero en internet. A veces nos toca ser complacientes y creativos para evitar que los estudiantes deserten porque los padres deben priorizar el gasto en el marco de la pandemia y las quejas frecuentes son: “Profe, qué quiere que haga si no tenemos pisto ni para comer”. En algunos casos reciben hasta insultos de parte de padres porque solicitan las tareas. Se envían audios, videos motivacionales, textos. Notamos que se ha incrementado la violencia porque los padres están encerrados.

María Elena Velásquez, docente de educación básica, trabaja en una escuela de la aldea de Suyapa en el Distrito Central, “en lo personal, durante el estado de emergencia COVID-19 me he visto en la necesidad de impartir mis clases y conocimientos en una modalidad virtual. Asimismo, he tenido que cambiar mi forma de trabajo y actualizarme, familiarizarme, capacitarme con las diferentes herramientas digitales, desarrollar también mi creatividad para cumplir y llevar paso a paso a cada uno de mis alumnos y alumnas la estrategia que se ha denominado “¡Quédate en casa estudiando!” de una manera fácil, accesible”, explica.

Una de las desventajas para los educandos es el factor económico, ya que recibir las clases virtuales implica contratar el servicio de internet las 24 horas del día y los siete días de la semana. En algunos hogares, los padres de familia con un nivel educativo bajo les impide apoyar a sus hijos, especialmente los más pequeños que aún no han logrado desarrollar su habilidad de lectoescritura.

Las limitaciones más evidentes son la falta de recursos económicos. Por ende, no tienen y no pueden tener acceso a las diferentes herramientas virtuales necesarias para recibir sus clases. Se suma la falta de conocimiento y manejo de la modalidad virtual. En algunos casos hay poco interés de los padres en apoyar a sus hijos estudiando en casa, aunque tengan los recursos y las habilidades, pero no tienen la dinámica de apoyarlos.

“Como maestra, a través de la plataforma de WhatsApp envío las guías de trabajo, realizo videollamadas, dando instrucciones sobre los temas o tareas de reforzamiento. También les envío notas de voz, videos grabados en casa y subidos a YouTube. En algunos casos, de forma personalizada realizo llamadas telefónicas. En nuestra escuela, en una zona considerada vulnerable, la niñez solo tiene acceso a estas herramientas con mucho esfuerzo. Los padres necesitan un promedio de 500 lempiras mensuales ($20) para poder participar de la educación en línea y la mayoría no tiene esta cantidad asegurada; prefieren abandonar las clases”, asegura.

En Alta Voz eleva la petición al gobierno de Hondura para que brinde conectividad gratuita a maestros y alumnos, con el fin de cumplir con el programa académico durante el tiempo que permanezcan fuera de las instituciones educativas.

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