La CIDH ha otorgado medidas cautelares a personas defensoras que habían buscado ayuda de la FEPRODDHH, pero no les quisieron recibir las Denuncias.
Desde 2022, la Policía Nacional Preventiva ha protegido al equipo para que pueda hacer su trabajo con seguridad y el Mecanismo de Protección ha dado una respuesta inmediata al equipo de Reporteros de Investigación, pero han chocado con la indolencia del Ministerio Público.
Tegucigalpa, Honduras | Reporteros de Investigación. Fue la misma escena con diferentes actores, este 19 de noviembre de 2025, llegamos a la oficina del Ministerio Público para pedir algo tan sencillo como que reciban una denuncia.
Entre 2023 y 2025, habíamos acudido a la misma instancia para denunciar que fuimos víctimas del plagio de nuestra imagen, de campaña de desinformación con nuestro logotipo, una campaña de desprestigio, uso de la imagen de la directora del periódico. En tres ocasiones fue la misma respuesta, no se podía recibir la denuncia. Ya en 2018, nos dijeron que la denuncia que habíamos interpuesto por una campaña de desprestigio militar luego de sacar a luz, supuestos acoso de policías militares en contra de niñas, no procedía y la fiscalía de Protección de Periodistas la cerró. Aun así, entre 2023 y 2025, insistimos.
Este 19 de noviembre de 2025, ya no se trata solo de campañas de desinformación y uso fraudulento de la imagen de la periodista Wendy Funes, ni de allanamiento a la sede de Reporteros de Investigacion, sino de algo más grave: hombres armados que han llegado a las casas de dos periodistas del medio.
Según relató el equipo de RI, en uno de los casos agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) llegaron a la vivienda del periodista José Manuel Serén. En otro hecho, hombres armados no identificados se presentaron en la casa de la periodista Melissa Hernández. Lo que pedimos es que Fiscalía investigue cuál es la verdad detrás de este asunto y derecho a conocer la motivación detrás de estos hechos o si son simples coincidencias relacionadas con la violencia delictiva.
Ambos incidentes ocurrieron en el contexto de una serie de agresiones, presiones y campañas de desprestigio entre junio y octubre de 2025.
Pero la respuesta del Ministerio Público ha sido con leguleyadas administrativas y formalismos.
Desde 2022, la Policía Nacional Preventiva ha protegido al equipo para que pueda hacer su trabajo con seguridad y el Mecanismo de Protección ha dado una respuesta inmediata al equipo de Reporteros de Investigación, pero han chocado con el muro de la indiferencia y de la indolencia del Ministerio Público.
Como consecuencia, no hay información técnica, ni investigación científico criminal, con visión de libertad de expresión, para determinar el motivo de los ataques.
Este 19 de noviembre, primero, exigieron al abogado Saúl Bueso, de C-Libre, que acompañaba a Wendy Funes que presentara una carta poder para poder tramitar la denuncia, a pesar de que la propia víctima estaba presente. Cuando el equipo cuestionó la negativa, funcionarios de la institución decidieron remitir el caso a la Fiscalía de Protección de Periodistas, FEPRODDHH, pero se aferraron a un detalle: el escrito estaba dirigido a la Fiscalía de Delitos Comunes y, por ese simple formalismo, se negaron a recibirlo.
Negativa vieja de acceso a justicia
No es la primera vez que Reporteros de Investigación intenta llevar estos hechos ante el ente investigativo. Desde hace meses, el medio ha documentado y denunciado:
• Manipulación de contenidos: terceros que toman la imagen de reporterosdeinvestigacion.com, inventan el contenido y difunden información falsa sobre temas de seguridad y de militares, atribuyéndola al medio. En esas piezas se desprestigia a personas, incluidos agentes de seguridad y militares, usando la marca y credibilidad de RI, sin autorización.
• Campañas de suplantación de identidad: uso de la imagen de Wendy Funes para difundir mensajes en los que se afirma que ella se retira del periodismo, mientras se lanzan campañas de recaudación de fondos que se aprovechan de su nombre y trayectoria sin su consentimiento.
• Uso indebido de marcas de medios internacionales: creación de contenidos que simulan pertenecer a portales como Infobae o Insight Crime para amplificar desinformación y sembrar dudas sobre la imagen de los periodistas que investigan.
Más casos
No son los únicos casos de negativa de acceso a la justicia, el defensor Ambiental, del Pueblo Tolupán de San Francisco de Locomapa, Pedro de Jesús Pinto Cabrera, dice la resolución 18/23 de la CIDH sobre la Medida Cautelar 937-22 recoge que, cuando intentó denunciar ante FEPRODDHH, esa Fiscalía se negó a recibir la denuncia, argumentando que ya había sido presentada ante la DPI.
A finales de 2022, también el Periodista de Choluteca Selvin Velásquez, denunciaba presuntas irregularidades relacionadas con la alcaldía de San Marcos de Colón. Un fiscal identificado como José Luis Cuadra se negó a recibirle la denuncia.
Además, el Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes de Tocoa y Bufete Justicia para los Pueblos han venido denunciando que han presentado denuncias penales por amenazas, campañas de difamación, asesinatos de defensores y hostigamiento, ante distintas fiscalías, incluida FEPRODDHH y la Fiscalía de Delitos Contra la Vida.
La CIDH otorgó medidas cautelares No. 137-23 (MC-137-23) el 5 de octubre de 2023, para 30 personas defensoras, reconociendo el alto riesgo que enfrentan y establecen que la Fiscalía no investiga con la debida diligencia y que el riesgo, lejos de reducirse, se ha agravado en 2023–2024. En 2024, fue asesinado Juan Lopez, líder de este colectivo ambientalista.
La Fiscalía Especial para la Protección de Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia (FEPRODDHH) en cinco años, no enjuició ni un solo caso, según la Relatora Especial de la ONU sobre libertad de expresión, Irene Khan, lo señaló en 2023.
En el Marco de una investigación hecha para ACI participa, la periodista Wendy Funes solicitó a la FEPRODDHH conocer cuántos casos fueron resueltos y presentados ante los tribunales correspondientes.
La estadística oficial reveló que nueve de 10 casos, presentados ante esta fiscalía, fueron cerrados.
