*** Pese a que fue una promesa de campaña de la presidenta Xiomara Castro, la ciudadanía tiene 796 días esperando la instalación de una Comisión Internacional Contra la Corrupción e Impunidad.
La crisis de ingobernabilidad y conflictos políticos opacaron en 2023 los pocos avances obtenidos en materia de transparencia y lucha contra la corrupción en Honduras; entretanto, el país sigue ocupando los últimos lugares en índices de democracia, Estado de derecho, transparencia legislativa y percepción de corrupción, señaló este martes la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), en la presentación del informe “Estado de país: Democracia y Transparencia”.
ASJ desveló los desafíos que enfrenta el país en 2024 en transparencia, rendición de cuentas y combate frontal a la corrupción.
En 2023, Honduras acumuló 14 años sin poder acceder a los fondos de la Cuenta del Desafío del Milenio, justamente por no controlar la corrupción, mientras a 796 días después de la promesa de la presidenta Xiomara Castro en su toma de posesión, ya que los hondureños continúan esperando la Instalación de una Comisión Internacional Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH), expuso el capitulo hondureño de Transparencia Internacional.
El informe apunta que, si bien el Gobierno hondureño logró algunos avances con la eliminación de la Ley de Secretos, fideicomisos, Fondo Departamental, reforma sobre catálogo de delitos de lavado de activos y un proceso participativo de selección de magistrados a la Corte Suprema de Justicia, los esfuerzos iniciados mostraron una pausa en 2023 debido a la crisis de ingobernabilidad en el Congreso Nacional (CN) y la falta de voluntad política ante iniciativas de lucha contra la corrupción.
ASJ recordó que el año pasado, el Congreso Nacional tuvo una baja productividad legislativa, ya que, de 367 proyectos de ley presentados, sólo se aprobaron 72 y únicamente sesionó 43 de 103 días posibles. Por su parte, las comisiones legislativas tuvieron una productividad de apenas 7.42 por ciento.
Otro hecho cuestionable, apuntó ASJ, es que, en 2023, el Congreso Nacional otorgó a los diputados subvenciones por más de L. 222.8 millones, sin medidas que garanticen la transparencia y rendición de cuentas sobre su asignación o uso eficiente de los recursos que van más allá de las facultades del legislativo. Dejando espacio para cuestionamientos sobre clientelismo político y la corrupción.
Con la culminación del ciclo de sesiones ordinarias y la promesa incumplida de prórroga, se agudizó la parálisis legislativa. Como consecuencia de la instalación de la Comisión Permanente se efectuaron los nombramientos irregulares del fiscal general y fiscal adjunto interinos, se interpretó a conveniencia el artículo 80 de la Ley Orgánica del Congreso Nacional, se registró violencia política, denuncias por usurpación de funciones ante el Ministerio Público, cuestionó.
Entre otras señales de alerta destaca que el Portal de Transparencia del IAIP estuvo suspendido por más de 60 días y aunque éste ya se encuentra habilitado, la información no está actualizada. Además, en el marco de decretos de emergencia se suspendió temporalmente la figura de compradores certificados del Estado, mientras la efectividad de las fiscalías anticorrupción fue de 0.67 por ciento.
Ante el deterioro de la democracia, retrocesos en transparencia y acceso a la información, y el estancamiento en el combate a la corrupción, la Asociación para una Sociedad más Justa recomendó fortalecer la independencia de los poderes del Estado, dotar de mejores herramientas legales, técnicas y presupuestarias a las instituciones encargadas de garantizar la transparencia y acceso a la información, aprobar la Estrategia Nacional de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción en Honduras (ENTAH) y agilizar la instalación de la CICIH.
