- En las últimas horas, el CONADEH emitió recomendaciones al Congreso Nacional de la República , al Instituto de Acceso a la Información Pública y al Ministerio Público orientadas a prevenir la impunidad.
La Comisionada Nacional de los Derechos Humanos, Blanca Izaguirre advirtió hoy que cuando se desvían recursos públicos destinados a poblaciones vulnerables se está ante una violación directa de los derechos humanos que afecta, de manera desproporcionada, a quienes más necesitan del apoyo del Estado, profundizando la desigualdad, la exclusión y la pobreza estructural en el país.
La titular del CONADEH se pronunció sobre las irregularidades que se han planteado en el desembolso y distribución de fondos públicos ejecutados por la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL).
“Desde el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos advertimos que la corrupción no solo es un problema de legalidad, cuando se desvían recursos públicos destinados a poblaciones vulnerables estamos ante una violación directa de los derechos humanos”
Agregó que, esos actos afectan de manera desproporcionada a quienes más necesitan del apoyo del Estado profundizando la desigualdad, la exclusión y la pobreza estructural histórica en Honduras.
Señaló que la que la lucha contra la corrupción debe abordarse desde un enfoque de derechos humanos con base en la transparencia , la rendición de cuentas , el acceso a la justicia y a la información.
La corrupción debilita las instituciones, socava el Estado de Derechos y limita el acceso de derechos fundamentales que tienen los ciudadanos hondureños como la salud, la educación y la vivienda.
En ese contexto indicó que, el Ministerio Público tiene la responsabilidad de investigar con seriedad, imparcialidad y sin interferencia política.
La defensora de los derechos humanos considera que es esencial que se identifique a todos los responsables, incluso a quienes se beneficiaron de manera indirecta y asegurar sanciones efectivas.
En las últimas horas, el CONADEH emitió recomendaciones al Congreso Nacional de la República , al Instituto de Acceso a la Información Pública y al Ministerio Público orientadas a prevenir la impunidad.
Recordó que los fondos públicos no deben usarse con fines de clientelismo político, sino que deben estar debidamente regulados y dirigidos al bienestar colectivo.
Señaló que la corrupción constituye uno de los principales desafíos estructurales que enfrenta el Estado de Honduras en materia de estado de derecho, institucionalidad y derechos humanos.
De acuerdo a las últimas 5 evaluaciones del Índice de Percepción de la Corrupción (IPC), Honduras es uno de los países con mayores niveles de corrupción a nivel mundial y el cuarto país peor evaluado en las Américas.
La corrupción se caracteriza, principalmente, por el uso abusivo o desviado del poder delegado en una autoridad pública en donde se prioriza el interés particular por sobre el colectivo o nacional y cuyo beneficio ilícito no se limita al que incurre en el acto sino también en terceros.
Además, sus impactos son múltiples y afecta de manera diferenciada a aquellas personas para quienes los fondos públicos deberían beneficiar, por lo cual, la comisión de actos de corrupción afecta el goce y ejercicio de los derechos humanos y con ello, configura violaciones a éstos, reiteró.
La Institución Nacional de Derechos Humanos instó a las instituciones del Estado para que, conforme a sus competencias, contribuyan al avance sustancial en el cumplimiento de las medidas necesarias para la instalación de la Comisión Internacional Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (CICIH), en el entendido que significa un compromiso imprescindible por la justicia en razón de la dignidad humana de cada persona en Honduras.
