Angie Villanueva
En los últimos días, el proceso para instalar la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (CICIH) volvió a enfrentar desacuerdos. A pesar de que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) concedió una nueva prórroga hasta diciembre para concretar la instalación, el Congreso Nacional no aprobó las reformas constitucionales y legales necesarias.
El 16 de junio, la ONU confirmó la cuarta extensión del memorándum de entendimiento que permite la instalación de la CICIH, ampliando el plazo hasta el 15 de diciembre de este año. El objetivo es que Honduras complete reformas clave, para que se pueda garantizar la autonomía y eficacia del mecanismo internacional.
Sin embargo, el 18 de junio, el Congreso discutió una propuesta presentada por la diputada Hortensia “Pichu” Zelaya, que buscaba regular la instalación y funcionamiento de la CICIH. Aunque se aprobó solo el capítulo operativo de la ley, los capítulos constitucionales, que incluían reformas como la eliminación del fuero parlamentario y la acción penal independiente, no fueron sometidos a votación en el pleno del Congreso.
La representante de la Articulación ciudadana, Gabriela Blen calificó el proyecto de Zelaya como “populista y una quinta columna para la CICIH”, argumentando que, en lugar de fortalecer la comisión, la debilitaría. Blen aseguró que “si de verdad el Congreso Nacional quisiera traer la CICIH, sometería a votación las reformas solicitadas por la ONU”, señalando una falta de compromiso real.
En ese mismo sentido, el ingeniero Salvador Nasralla, acusó al partido de Libre de temer a la justicia. “Quieren una CICIH que ellos controlen, que no toque a sus corruptos ni a sus aliados”, afirmó, evidenciando la desconfianza hacia las intenciones por parte del gobierno.
Por otra parte, la diputada Iroshka Elvir también se sumó a las críticas desde la oposición interna, llamando a eliminar la Ley de Amnistía Política para que la CICIH tenga autonomía real y no dependa del Fiscal General, a quien describió como “otro peón del comandante”. Instó a que la comisión debería de funcionar por más de cinco años y tener plena independencia.
Asimismo, el empresario Eduardo Facussé lamentó que la CICIH fuera una promesa de campaña incumplida por el Partido Libre. “No debieron ofrecer si no podían cumplir”, dijo a través de su cuenta de X.
En contraste, la presidenta Xiomara Castro reaccionó afirmando que quienes en su momento apoyaron la llegada de la CICIH ahora “votaron para que no venga”. “Se les cayó la máscara”, dijo, señalando que las corrientes contrarias son quienes dificultan la instalación del mecanismo.
Este escenario ha dejado ver una división política y falta de consenso para enfrentar la corrupción desde una perspectiva integral, la carencia de voluntad mantiene en suspenso la concreción de la CICIH.
El plazo hasta diciembre otorga tiempo, pero no garantiza avances. Desde el Congreso Nacional el proceso político sigue estancado, frenando cualquier intento serio de avance y a su vez, dejando en evidencia que la promesa de una CICIH independiente sigue siendo un objetivo lejano a alcanzar.
