Por: Vilma Mejia.
El Centro de Derechos de Mujeres (CDM) ha revelado cifras alarmantes sobre la violencia de género en Honduras: hasta el 30 de junio de 2024, se han registrado 121 muertes violentas de mujeres. Esta cifra subraya la gravedad de la situación y la necesidad urgente de implementar medidas efectivas para proteger a las mujeres en el país.
En cuanto a la distribución geográfica de estos casos, el departamento de Francisco Morazán encabeza la lista con 22 muertes, seguido por Cortés con 20 y Olancho con 14. Estos tres departamentos son los más afectados en un total de 16 donde se reportaron al menos una muerte violenta de una mujer en el primer semestre de 2024.
La mayoría de las víctimas de feminicidio están en los grupos de edad de 30-39 años (19.67%), seguido por 20-29 años (13.11%) y 10-19 años (11.48%). Hay una distribución significativa en otros grupos de edad, con un rango del 1.64% al 7.38%. Sin embargo, un alto porcentaje de casos (27.05%) no tiene información sobre la edad de las víctimas.
Además, entre el 01 de enero y el 30 de abril de 2024, el Sistema Nacional de Emergencia (911) registró 11,084 denuncias de violencia doméstica y 18,905 denuncias de maltrato familiar. Estas cifras revelan la magnitud del problema y la necesidad de una respuesta efectiva.
“Desde el Foro de Mujeres por la Vida y las organizaciones que lo integran, consideramos estos casos como feminicidios. Identificamos estas muertes como parte de un patrón sistemático en el que el Estado no implementa políticas efectivas para prevenir estos asesinatos ni ofrece la protección necesaria a las mujeres. Además, la impunidad generalizada envía un mensaje claro de tolerancia hacia los agresores y feminicidas.”, dijo Alexandra Kelly representante del Foro de Mujeres por la Vida, en el podcast “Hablando en Alta Voz”.
Además de la violencia física, las mujeres en Honduras también enfrentan restricciones significativas a sus derechos sexuales y reproductivos. La propuesta de la diputada Flores Méndez ha puesto de relieve las tensiones y debates en torno a estos derechos. La falta de una educación sexual integral es un punto crítico, ya que puede ayudar a las personas a tomar decisiones informadas y reducir la necesidad de intervenciones quirúrgicas incentivadas económicamente.
La restricción de estos derechos sexuales y reproductivos también puede considerarse una forma de violencia de género, ya que limita la autonomía y el bienestar de las mujeres. La combinación de violencia física y restricciones a los derechos sexuales y reproductivos crea un entorno hostil y peligroso para las mujeres en Honduras, destacando la necesidad de un cambio sistémico y una protección efectiva.
Estas cifras y testimonios refuerzan la urgencia de una acción inmediata y sostenida para combatir la violencia de género en todas sus formas en Honduras y garantizar la seguridad, los derechos y el bienestar de todas las mujeres.
Por otro lado, es preocupante que, en la semana número 28 del año 2024, en el segundo año de la presidencia de Xiomara Castro, las promesas de campaña para abordar la violencia de género en Honduras aún no se han cumplido. Es evidente que el país necesita con urgencia implementar medidas efectivas para mitigar los feminicidios y proteger a las mujeres de manera integral.
