Angie Villanueva.
A tan solo cuatro meses de las elecciones generales del 30 de noviembre, Honduras atraviesa uno de los procesos electorales más tensos, en el que la violencia política y especialmente la de género se ha intensificado a niveles alarmantes.
El Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad (IUDPAS) de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) documentó 404 conflictos políticos y 109 incidentes de violencia política entre septiembre de 2024 y junio de 2025. De estos, el 17.4 % corresponde a agresiones simbólicas, el 16.5 % a actos de difamación, el 12.8 % a lesiones físicas y un 6.4 % a homicidios. El informe advierte una escalada sistemática que podría poner en riesgo la realización misma de los comicios.
La candidata a diputada y periodista Saraí Espinal, una de las mujeres más votadas en las primarias por el Partido Liberal en Francisco Morazán, ha sido una de las protagonistas de esta situación. Desde su denuncia de irregularidades el 9 de marzo, asegura haber sido objeto de persecución, agresión física, hostigamiento simbólico y represalias institucionales.
“Comencé a sentirlo de manera clara cuando alzamos la voz con firmeza y dignidad durante las elecciones primarias del 9 de marzo. Desde entonces, cada paso, cada palabra y cada decisión mía ha sido vigilada, cuestionada o atacada”, afirmó Espinal en entrevista exclusiva.
Ese mismo 9 de marzo, la candidata señaló que fue el inicio del hostigamiento. “Recibimos denuncias serias de irregularidades. Al señalarlas, lejos de recibir respaldo institucional, comenzaron los ataques. Como si denunciar la corrupción fuera más grave que cometerla”.
A finales de junio, las Fuerzas Armadas dieron de baja al esposo de Espinal, el capitán José Antonio Coello. La resolución se basó en una cláusula genérica: “cuando la institución no requiera más de sus servicios”. Para la candidata, la decisión tuvo motivaciones claramente políticas.
“Fue devastador. Mi esposo ha servido con honor durante años. Esa baja no fue solo una decisión administrativa: fue una forma de castigo, un mensaje cruel”, expresó. A su juicio, la justificación usada fue deliberadamente intencional. “No había una razón real, ni legal, ni ética. Solo una intención política de intimidar. Usaron la ambigüedad como escudo, como suelen hacerlo quienes actúan desde la cobardía del poder mal usado”.
El caso, lejos de cerrarse, se convirtió en una denuncia formal presentada por Espinal ante el Ministerio Público y el CONADEH contra el jefe del Estado Mayor Conjunto, general Roosevelt Hernández. “Lo hice por principios, por dignidad y por respeto a mi país. No podemos permitir que el poder se utilice para amedrentar. Lo hice sabiendo el costo, pero también sabiendo que el silencio es el peor enemigo de la democracia”.
La violencia no se limitó al ámbito institucional. El 8 de julio, mientras participaba en una manifestación frente al Congreso Nacional, fue agredida físicamente. “Sentí el golpe, pero más sentí la injusticia. Ver cómo la violencia se usa para silenciar es doloroso, pero ese día me prometí no ceder. Porque lo que defendemos es mucho más grande que cualquier agresión”.
Espinal está convencida de que esa agresión fue orquestada: “Nada en política es casual, y menos en un contexto tan tenso, fue un intento de amedrentar, de sembrar miedo. Nos están robando el derecho a disentir”, añadió.
No solo las mujeres aspirantes a cargos de elección popular se han visto agredidas, también, la consejera Ana Paola Hall, representante ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), denunció amenazas contra su hija y presentó su renuncia para que el Congreso Nacional la admitiera y nombrara un nuevo representante a solicitud del Partido Liberal, sin embargo, esta solicitud no fue aceptada y el presidente del Congreso nombró una comisión para que se investigue el origen de las amenazas.
Además, la consejera Cossete López, actual presidenta del CNE recibe constantes mensajes de odio a través de las diferentes redes sociales y de parte del consejero Marlon Ochoa, quien representa al partido de gobierno, emitiendo comentarios de forma pública, que afectan la integridad de la representante del Partido Nacional.
¿Qué es violencia política de género?
Para la escritora y activista Jessica Isla, el caso de Saraí Espinal representa con claridad una forma específica de violencia, aquella que tiene como objetivo deslegitimar a las mujeres por su sola condición de género.
“La violencia política de género es cuando se relaciona directamente con nuestro ser mujer. Cualquier conducta misógina de violencia económica, de acoso, de persecución, de seguimiento, de omisión y de discriminación que se utilice contra las mujeres para impedirles o hacerles renunciar a sus cargos políticos”, explicó Isla.
La especialista señaló que no toda violencia en política contra una mujer es automáticamente violencia de género. “Si a mí me dicen corrupta, igual le pueden decir corrupto a un hombre. Puede ser violencia política, pero no necesariamente es violencia política de género”.
En el caso de Espinal, Isla considera que el castigo institucional hacia su esposo demuestra la intencionalidad de dañar a una mujer a través de su entorno familiar. “No son mis palabras, sino las de Saraí, donde ella dice que siente que esto fue una consecuencia, sabemos también que las Fuerzas Armadas no están teniendo un papel neutral. El objetivo era ella y se fueron sobre ella”.
Jessica Isla también cuestionó el papel que han jugado los medios y los espacios de análisis político en la exclusión de las voces femeninas. Criticó la falta de representación real de las mujeres en los debates públicos y denunció cómo se invalida su experiencia incluso en temas donde tienen autoridad. “Desde los medios de comunicación las mujeres no estamos ahí, no nos invitan, no creen que seamos capaces”,afirmó.
“Hay un término que se llama Mansplaining, donde los hombres nos enseñan a las mujeres cómo deben ser las cosas. Y eso está sucediendo en política, no solo dentro de los partidos, sino también a nivel de medios de análisis y participación política real”, añadió.
En su análisis, esa ausencia de mujeres es solo un reflejo de cómo el sistema político y mediático funciona desde estereotipos profundamente arraigados. Mencionó ejemplos concretos de titulares que reducen a las mujeres políticas a su apariencia física: “El Congreso se llenará de piernas bonitas, o las diputadas más bellas. No se habla nada de nuestra capacidad intelectual o política, sino de nuestro cuerpo”.
Estas representaciones no solo perpetúan prejuicios sexistas, sino que desincentivan la participación de más mujeres en política. “Nos consideran como votantes, no como sujetas activas de política”, denunció.
Ambas entrevistadas coincidieron en que hoy en Honduras no existen garantías reales para que las mujeres hagan política sin violencia. “A muchas se nos violenta de formas distintas: simbólica, verbal, institucional, física”, mencionó Espinal.
Jessica Isla añadió que ni el Congreso ni el Ministerio Público han dado respuesta efectiva. “No hay una ley sobre acoso y violencia política. El CNE incluso tiene un protocolo de atención, pero con lo que está pasando en este panorama es muy difícil. La violencia política de género no es una preocupación central”.
Este ambiente electoral incrementa su grado de conflictividad con la publicación de amenazas de parte del expresidente y esposo de la presidenta de la República Xiomara Castro. Manuel Zelaya asegura que defenderá el continuismo de su partido en el poder utilizando los grupos de choque denominados “colectivos de libre”.
El escenario político en el país se encuentra en un ambiente de creciente violencia, con particular impacto en las mujeres, donde persisten los ataques, el hostigamiento y las tensiones que configuran un panorama incierto. Lo que ocurra en los próximos meses será crucial para definir las condiciones bajo las cuales se llevarán a cabo las elecciones.
