• El análisis de ASJ revela deficiencias graves en la gestión, transparencia y rendición de cuentas en compras y contrataciones legislativas.
• Se desconoce el destino de L 824 millones correspondientes a 2023 y 2024 debido a la imperante opacidad en el CN.
Tegucigalpa, 20 de mayo 2025. La Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), a través de su Centro Asistencial Legal Anticorrupción (ALAC), presentó este martes una denuncia administrativa ante el Tribunal Superior de Cuentas para que se auditen e investiguen posibles irregularidades en el uso, gestión y rendición de cuentas de los fondos asignados al Congreso Nacional durante el período 2022-2024.
La acción promovida hoy ante el TSC se fundamenta en los hallazgos del informe “Abuso y opacidad: el verdadero Congreso del pueblo”, el cual analiza los procesos de compras y contrataciones del Poder Legislativo entre 2022 y 2024.
En el documento, ASJ indica que el Congreso Nacional no reportó en el portal de transparencia ni en la página oficial de la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado de Honduras (ONCAE) su Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC) para el año 2022. Aunque si existió PACC en 2023 y 2024 con montos de L 369 millones y L 535 millones, estos no cumplen con los criterios y especificaciones que establecen la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública ni la ONCAE.
Ante la falta de información, ASJ solicitó formalmente el detalle de los PACC y los procesos de adquisición, pero el Congreso Nacional remitió únicamente a su portal de transparencia, donde la información no se encuentra disponible. Como resultado, no se puedo acceder al PACC de 2022 ni a los procesos de 2023 y 2024, por lo que más de L 824 millones en compras y contrataciones carecen de justificación clara sobre su destino, inversión o eficiencia en el gasto.
Como parte del análisis e investigación exhaustiva, se identificó además el uso recurrente de la modalidad de compras menores por parte del Congreso Nacional, con adquisiciones que suman un total de L 95 millones entre 2022 y 2024. Se detectó un patrón de fraccionamiento de procesos, especialmente en compras semanales y continuas de alimentación para seguridad, que sumaron L 13.6 millones. Esta práctica contraviene la normativa sobre planificación y transparencia, ya que no existe una planificación detallada que justifique la fragmentación de contratos, facilitando así la disposición arbitraria de los recursos públicos.
A pesar de la obligación de difundir todas las compras y contrataciones en la plataforma Honducompras, el Congreso Nacional únicamente reportó 21 de las 14,083 compras menores realizadas en el período analizado. Además, sólo se publicaron las cotizaciones de los oferentes ganadores, omitiendo la información de los oferentes no adjudicados y dificultando la verificación de la legalidad y transparencia de los procesos.
Otra regularidad detectada es la canalización de compras y contrataciones a través de 50 unidades ejecutoras, incluyendo diputados individuales y bancadas de partidos políticos, en lugar de las siete unidades ejecutoras autorizadas oficialmente. Esta práctica desnaturaliza la figura presupuestaria y dificulta la trazabilidad y el control de los recursos, afectando la transparencia en la gestión de los procesos de adquisición.
Las irregularidades señaladas en esta denuncia no sólo contribuyen violaciones a la normativa en materia de contratación pública y transparencia, sino que representa una grave afectación al interés público que el Congreso Nacional administra. La falta de planificación, el fraccionamiento indebido de compras y contrataciones y la opacidad en los procesos impiden verificar si dichos recursos están siendo utilizados con eficiencia, transparencia y legalidad, y limita la capacidad de los ciudadanos de acceder a esta información y al Estado de invertir en sectores prioritarios como salud, educación o seguridad.
La negación de información solicitada, su omisión de reportar en el Portal de Transparencia y Honducompras, y la respuesta evasiva por parte del Congreso, atentan contra el derecho ciudadano de participar activamente en la gestión pública, debilitando la democracia y consolidando prácticas de opacidad institucional, condenó ASJ.
