Angie Villanueva
Honduras enfrenta una creciente violencia hacia las mujeres, de acuerdo a datos del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OV-UNAH), al menos 88 féminas han sido asesinadas de manera violenta en lo que va del año. Esta cifra muestra un alarmante aumento en comparación con años anteriores, haciendo evidente la falta de estrategias para resolver la problemática.
Durante el mes de enero y abril, ya se habían registrado 70 feminicidios, cinco más que en el mismo período de 2024. Las constantes muertes, sugiere una normalización a estos crímenes y pone en evidencia la deficiencia del sistema judicial del país.
Entre los departamentos con mayor incidencia de muertes violentas de mujeres se encuentra Cortés (14 casos), Olancho (12 casos) y Francisco Morazán (11 casos). El 95 % de estos hechos permanecen en la impunidad, debido a la falta de investigaciones eficientes de las autoridades competentes.
Las mujeres en el país, enfrentan el peligro desde sus propias casas, siendo el feminicidio íntimo el más común, es decir, aquellos crímenes cometidos por las parejas o exparejas de las víctimas. En este sentido, sus propios hogares se convierten en escenarios para perpetuar el ciclo de violencia.
De estos casos, el 80% de las féminas eran madre, lo que agrava el impacto social de estas muertes, ya que cada asesinato no solo representa la pérdida de una vida, sino también la desintegración de núcleos familiares.
Por otra parte, el método más usado para cometer estos feminicidios es a través del uso de las armas de fuego, más de la mitad de los casos registrados fueron por esta causa. Lo que pone en cuestionamiento las políticas para el control y regulación de las armas en el país.
Entre los casos más destacados del año se encuentran Angie Nicole Rivera Galeano (20 años), asesinada en Catacamas, Olancho, el 2 de enero; Dalila Iveth Reyes, víctima en Choluteca el 3 de enero; Catherin Michel Rodríguez González (17 años), encontrada desmembrada en Choloma, Cortés; y Claudina España (60 años), asesinada en su hogar en Ocotepeque.
En fechas más recientes, también fueron asesinadas Melissa Valladares (Trojes, El Paraíso), Miriam Corrales (El Corpus, Choluteca), Miriam Aguilar (Sulaco, Yoro) y Jackeline Paz (Trinidad, Santa Bárbara).
Estos nombres son la representación de un sistema que ha fallado a la protección de los derechos de las mujeres, la falta de acciones efectivas del Estado ha permito que la violencia persista sin consecuencias. Cada caso refleja la brutalidad y la diversidad de contextos en los que ocurren estos hechos.
La impunidad estructural refuerza la cultura del silencio, muchas víctimas anteriores habían denunciado maltrato o amenazas sin recibir una protección efectiva. Estas inacciones desmotivan a que otras mujeres en situaciones vulnerables no denuncien antes las autoridades.
Las organizaciones defensoras de derechos humanos han señalado que la violencia contra las mujeres en Honduras es un problema agravado, y que la normalización de la violencia de género contribuye a que estos crímenes sigan ocurriendo sin consecuencias para los agresores.
Organizaciones como el Centro de Derechos de Mujeres (CDM) y el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) han instado al gobierno a implementar políticas públicas efectivas y con enfoque de género para prevenir la violencia contra las mujeres y garantizar justicia para las víctimas.
La situación actual de las mujeres en Honduras es crítica y demanda acciones inmediatas, la violencia de género es una representación de la vulneración de los derechos humanos que afecta inherentemente a toda la sociedad. Por ello es imperativo que se reconozca el problema como un flagelo que se debe erradicar.
