Parte 2 / CAPÍTULO 1
Desde julio de 2022, se ha enviado de manera insistente al menos seis mensajes por correo y por whatsapp al personal de Comunicación del Poder Judicial para solicitar entrevista y ofrecer total apertura para escuchar y difundir las respuestas de los servidores públicos mencionados. Seguimos esperando respuesta.
El otro candidato a la presidencia de la ANFEPJ está conformado otra asociación con mil empleados judiciales y hasta la fecha no ha tenido ningún tipo de represalias porque esta es una lucha gremial en la que no se pueden mezclar asuntos personales laborales, declaró Castro. De las mil personas ninguna ha tenido ningún problema tipo de represalias, destacó. La versión de las autoridades no se consignó porque se está a la espera de que otorguen una entrevista solicitada desde julio.
Tegucigalpa, Honduras | Reporteros de Investigación. La nueva directiva de la Asociación de Empleados y Funcionarios y Empleados del Poder Judicial (ANFEPJ) está impugnada en la Dirección de Regulación, Registro y Seguimiento de Asociaciones Civiles (Dirrsac).
Esta Junta Directiva impugnada fue electa el 28 de junio pasado, en el Hotel Finca Las Glorias. Un grupo de delegados escogieron una junta directiva sin la participación democrática de más cuatro mil empleados. Esto ha tenido consecuencias en materia de acceso a la justicia.
Mario de Jesús Sales aparece como el contacto de la ANFEPJ, es además el representante de la asociación en una central obrera. Un ministro del gobierno actual proporcionó evidencia de cómo la ANFEPJ eligió a un grupo con influencia de Mario de Jesús Sales Alvarenga. Una cotización de hotel para una asamblea de delegados aparece a nombre de Mario Sales. En las imágenes de juramentación de delegados está él. En representación de la ANFEPJ ante la directiva del IHSS está él. En las últimas declaraciones de prensa para hablar sobre la elección de una nueva Corte Suprema sin injerencia política, también aparece él.
La directiva electa fue desconocida por el presidente del Poder Judicial, Rolando Argueta. El funcionario envió el 3 de agosto pasado, el OFICIO PCSJ No. 399-2022, al que ha venido siendo presidente de la ANFEPJ Umberto Figueroa.
Mediante este oficio, Argueta le solicita a la ANFEPJ nombrar un representante para la Comisión de Selección de Personal 2022-2024. En consecuencia, la ANFEPJ convocó para el 24 de agosto a una Asamblea General Extraordinaria de Delegados para nombrar vía zoom al representante que integrará la comisión que seleccionará nuevo personal.
Este escenario ocurre solo unos meses antes de la elección de la nueva Corte Suprema de Justicia. En consecuencia, la nueva Corte Suprema de Justicia encontraría un esquema controlado por la administración que fue leal a Juan Orlando Hernández hasta en los últimos momentos en que llegó como extraditable al extremo que le colocaron equipo y dispusieron una sala para que compareciera ante el pueblo hondureño.
Vea: Presunta pérdida de cajas de munición en el Poder Judicial
El 1 de junio de 2022, la ANFEPJ de San Pedro Sula emitió un comunicado en el que denunció: “Hacemos del conocimiento a cada Funcionario y Empleado judicial miembro de la asociación ANFEPJ a nivel nacional, que si la Junta Directiva Nacional actual no convoca a elecciones democráticas en las condiciones anteriores, como Junta Directiva Seccional procederemos a interponer las acciones legales correspondientes”.
El resultado de alzar la voz
“Nos han hecho la vida de cuadritos”, dice un audio que una persona del Poder Judicial envió a otra para hablar del proceso que se ha desatado después de haberse opuesto a la forma en que se realizó la elección de la nueva directiva de la ANFEPJ, el audio fue filtrado por un alto funcionario del gobierno actual.
Los testimonios recogidos por el equipo de Investigación desde mayo a la fecha, respaldados con más de 400 archivos, recopilados desde diversas fuentes, dan cuenta de cómo un grupo de empleados sufren discriminación por ideas distintas a las del grupo dominante.
El uso de supervisores y acusaciones entre subalternos evidencia que hay un grupo de funcionarios con poder articulados y enfocados en perseguir mediante supervisores o sus jefes inmediatos, a quien no sigue la verticalidad de los hombres de Lepaera que dominan la justicia en Honduras, de acuerdo con los testimonios y la evidencia documental obtenida para acreditar orígenes y parentesco.
Las personas manifiestan que se sienten como indignas. Hasta ahora todo ha pasado en total impunidad, sufren en silencio. No hay ninguna autoridad del país que frene el poder desmedido de una cadena de directores que aplasta a los subalternos que están sufriendo persecución por librar una lucha que ellos consideran, significa la democratización de la ANFEPJ.
Tienen miedo de hablar, sufren paranoia, algunos testimonios recibidos hablan de que padecen de hipertensión. Entre ellos mismos multiplican rumores con desinformación cuyo origen no comprenden y que sin saber se encargan de viralizar sin vislumbrar que eso les genera más incertidumbre y que les hace pensar que los van a despedir, según los mensajes diarios, audios y testimonios de primera mano documentados desde mayo de 2022, por el equipo de RI.
Al mismo tiempo, circulan rumores de amenaza de despido, burlas, humillaciones, insistencia que hace que la gente se sienta enferma, con miedo. Esa frontera difusa, sin roles claros que provocó un conflicto entre Servicios Generales, el rol del Jefe de Seguridad y los supervisores de Seguridad, hacen ver como si existiera disfunciones organizacionales, características que describe la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Evidencia de las disfunciones organizacionales en el Poder Judicial, descritas por la OMS como un signo de alarma de un mal clima laboral.
“Incluso querellaron a unos compañeros y no sé si voy yo ahí”, dice otro audio que denota incertidumbre enviado por una persona que no está demandada judicialmente.
“Las demás personas dicen que van a hacer una nueva asociación de empleados, los que están queriendo hacer una nueva asociación están siendo perseguidos, amedrentados, repiten que hay una querella es una cosas de esas parecidas a lo que le pasó al periodista Ellner”, cuenta el empleado judicial.
El periodista David Romero Ellner fue enviado a prisión y ahí murió durante la pandemia del Covid, fue condenado en represalias por transmitir los señalamientos de corrupción pública que había contra el ex fiscal general adjunto, Rigoberto Cuellar.
En los primeros 15 días de junio de 2022, pese a las advertencias, más de mil personas se habían desafiliado de la ANFEPJ. Este año, repiten en los mensajes, la estrategia fue parecida a la de 2016. En esa ocasión, les generó zozobra el mensaje que se multiplicó: si no votaban por la planilla oficial iban a ser despedidos. Ese año fue juramentado como presidente de la ANFEPJ, Mario de Jesús Sales Alvarenga.
Viene una nueva Asociación
No obstante, el candidato a la presidencia de la ANFEPJ, Kevin Castro, que se había unido en alianza con Luis Mendoza, para participar en las elecciones de la Asociación, dijo que más de mil personas que se han opuesto de manera abierta a la nueva directiva no han tenido represalias.
Declaró que hay mil personas que se desafiliaron, fueron al Departamento de Personal para hacer la desafiliación como lo indica el reglamento. El jefe de Personal, abogado José Antonio Bellino, los atendió de manera muy amable, les dijo que seguirían con el trámite al volver de vacaciones, pero fue removido de manera súbita. Castro respondió que no sabe por qué.
El 28 de mayo, eligieron los delegados que votaron por la nueva junta directiva. La elección se realizó en Injupemp, un lugar que no hace parte del Poder Judicial, «estos delegados iban a elegir una junta directiva que ya estaba elegida de dedo», dijo Castro. Los delegados fueron electos sin que haya un reglamento inscrito en Dirrsac o en la Secretaría de Trabajo ni en ninguna otra institución que le dé validez.
«Estábamos pidiendo una elección abierta de todos los compañeros y estábamos pidiendo que abrieran las urnas». Ellos tienen un reglamento para presentar solicitud de desafiliación de todos los departamentos. Esta disconformidad en todo el país es «porque los compañeros que fueron electos y que fueron impugnados solo se cambiaron de puesto». De cuatro mil empleados, se consiguieron mil firmas y como rechazaron las solicitudes de desafiarlos a la ANFEPJ, ahora conformarán una nueva Asociación de Servidores Judiciales por la Democracia. La asamblea para hacerlo se llevará a cabo el 3 de septiembre en el Colegio de Abogados de Honduras (CAH).
Cuando se empezó el proceso se presentó ante el abogado Umberto Figueroa, presidente saliente, donde se pedía la intervención para llegar a una conciliación y se abriera a una Asamblea General. Pero ellos continuaron con la elección. En julio se presentó en Dirrsac una impugnación a la inscripción de la junta directiva argumentando las violaciones a la ley del reglamento y que uno o dos compañeros bajo modalidad de contrato iban en la planilla de junta directiva.
Mientras se conforma la nueva asociación, otro grupo seguirá con la impugnación de la ANFEPJ y participarán en nuevas elecciones, declaró Castro.
Persecución con maquinaria de poder
La primera vez que RI informó sobre este conflicto en la ANFEPJ fue el 28 de mayo cuando la Sala de Redacción sin conocer aún a Luis Mendoza tomó declaraciones que él dio al medio HRN por empleados del Poder Judicial.
En ese momento, el candidato a presidente de la ANFEPJ, Luis Mendoza, dijo al periodista Nery Arteaga de HRN que se llevó a cabo una asamblea en el Injupemp en donde los candidatos a la presidencia, él y Kevin Castro, asistieron a la reunión, pero la Junta Directiva actual está tomando decisiones en perjuicio de todos los empleados y funcionarios.
En la misma emisión, el candidato a ser integrante de la junta directiva, Jairo Cáceres, dijo en el programa del periodista Arteaga, qué rol tiene (Sales Alvarenga) en la junta directiva de la ANFEPJ porque no se sabe qué hace ya que el presidente es otro “o si él sigue siendo el verdadero poder tras el trono”, preguntó.
Después de estas declaraciones, Sales Alvarenga interpuso una querella contra el ex candidato a presidente de la ANFEPJ, Luis Mendoza.
En la mira
En el último mes, a Luis Mendoza no le pagaron su sueldo. Él alega que tiene problemas de salud por la situación que está viviendo y que por su incapacidad no se ha presentado a trabajar.
La otra persona querellada es Lenin Adolfo Aguilera Lozano, fue despedido del Poder Judicial después de la querella y de la asamblea. Lo despidieron sin prestaciones alegando que tenía problemas laborales, informaron sus colegas.
El tercer acusado penalmente por Sales es Rony Alexander Guifarro Andino, sufre incertidumbre, miedo al despido, zozobra, le retiraron los viajes y permisos necesarios, fue trasladado en dos ocasiones de un puesto a otro después de asistir a la asamblea de la ANFEPJ.
Un cuarto empleado es Jairo Cáceres, quien tomó la palabra en la asamblea, era un hombre de confianza del ex jefe de Seguridad del Poder Judicial, Ciro Izaguirre. Después de la asamblea, Cáceres fue degradado de puesto. De ser supervisor del circuito Antiextorsión fue enviado a cuidar una bodega.
Cambio de jueza
La querella está contenida en el expediente TS/FM 19-57-2022, una cédula de citación indica que la audiencia de conciliación se realizará en el despacho de la juez No. 14, pero el juicio había sido asignado originalmente a la juez número 19. El equipo de RI solicitó conocer el proceso técnico mediante el que el caso pasó de la juez 19 a la juez 14.
Miles de proyectiles perdidos del Poder Judicial
Un quinto empleado que sufre es el ex jefe de seguridad, Ciro Izaguirre. Ha venido cuestionado tanto a Sales como a su superior, Jefe de Servicios Generales, Evelio Hernández y su primo, Henry Lara Trejo que a su vez es cuñado y al mismo tiempo asistente del presidente del Poder Judicial, Rolando Argueta. Izaguirre fue degradado de su puesto de trabajo, ha interpuesto la denuncia en el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, en el Mecanismo de Protección, ACI Participa, entre otros, y dice que le han hecho falsas imputaciones, audiencias con supervisores distintos, marginamiento y persecución de vehículos raros.
Entre estas imputaciones está la pérdida de 19,000 proyectiles, Izaguirre documentó que en distintas actividades se usaron 13,000 proyectiles, pero no habían sido registrados. En consecuencia faltan más de seis mil proyectiles, según la versión del ex jefe de seguridad.
Izaguirre denunció que tanto Hernández Lara como Lara Trejo le pedían cajas de proyectiles para llevarlas a Gracias, Lempira sin ningún tipo de registro.
Una vez que ha sido removido de su puesto, guardias de seguridad acusan al ex jefe de seguridad del Poder Judicial de supuestas anomalías. El ex jefe de Seguridad asegura que le han enviado varias veces a la Supervisión Nacional como una represalia por su trabajo y que todo vino después de oponerse a los privilegios que tuvo el extraditable Juan Orlando Hernández.
El ex jefe de Seguridad denunció en RI que lo acusaban de haber perdido 19,000 proyectiles, de esos pudo acreditar el uso de 13,000 proyectiles y hay más de seis mil proyectiles perdidos del Poder Judicial. Izaguirre denunció que Henry Lara y Evelio Hernández le ordenaban darle cajas de munición cuando iban a Gracias, Lempira y sin dejar ningún registro.
Evidencias del cambio de juezas en la querella
