Mirna Rivera
Hace dos siglos aproximadamente, las mujeres no teníamos permitido acceder al
sistema educativo.
Las que nacían en familias pudientes y con privilegios eran educadas en sus casas, preparándolas básicamente para ser buenas amas de casas y esposas abnegadas,
al servicio de su familia exclusivamente.
Una mujer no podía aspirar a ser una profesional, estos deseos eran paulatinamente anulados por el sistema, el rol de la mujer era ser invisible ante la sociedad.
Las hijas tenían menos valor que los hijos, ellos estaban destinados a tener mayor éxito económico y educativo. A las mujeres solo les quedaba resignarse ante este destino manifiesto.
A pesar de esto, surgieron mujeres dispuestas a romper esos patrones culturales y discriminatorios.
Estos cambios no fueron fáciles, aún las mismas mujeres se oponían, porque no entendían que sin educación no se puede avanzar ni como individuos, ni como nación.
La historia destaca a Mary Wollstonecraft, pensadora y escritora del libro “Vindicación de los derechos de la mujer “(1792), que tenía bien claro que, para alcanzar la igualdad entre hombres y mujeres, estas debían educarse y derribar el estereotipo de ser intelectualmente inferiores, por el hecho de haber nacido mujeres.
Wollstonecraft, cuestionaba a la sociedad de su tiempo, estaba convencida que, si las mujeres recibían la misma educación que los hombres, podrían alcanzar grandes logros intelectuales y económicos.
Un dato muy interesante de ella, es que fue la madre de la autora de la famosa obra Frankenstein, Mary Shelley.
Fue hasta finales del siglo XIX, que las primeras universidades comenzaron a abrir sus puertas a las mujeres.
Por ejemplo, el Girton College de Cambridge (Reino Unido) y el Mount Holyoke College (Estados Unidos) se fundaron específicamente para mujeres. Estos hitos marcaron el inicio de una transformación educativa que continúa hasta nuestros días.
Ahora, es tan normal en Latinoamérica y en todos los países occidentales ir a la escuela, al colegio y hasta la universidad.
La principal limitante que afecta en todo caso tanto a hombres como mujeres, es la económica y cultural, pero legalmente hay igualdad de condiciones.
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), específicamente el ODS 4, destacan que la educación inclusiva es un pilar fundamental para garantizar el progreso social y económico, muchas personas siguen enfrentando exclusión.
Aunque ahora la educación es un derecho garantizado en la mayoría de los países de Occidente, las desigualdades persisten.
Según datos de Naciones Unidas (2023), 130 millones de niñas en el mundo están fuera del sistema educativo, una situación agravada en países donde los extremismos religiosos
imponen restricciones severas a sus derechos.
Cada vez que un grupo extremista toma control de un país, los derechos de las mujeres, incluyendo el acceso a la educación, son inmediatamente pisoteados.
Un símbolo reciente de la lucha por el acceso a la educación es Malala Yousafzai, una joven de origen pakistaní que fue víctima de un grupo extremista de su país que aboga por que las mujeres sean excluidas de cualquier actividad que permita su desarrollo.
A Malala solo le bastó denunciar en un blog con un seudónimo, pronunciándose por el derecho a la educación, su padre también la apoyó.
Los talibanes decidieron que lo mejor era eliminarla y la atacaron justamente cuando regresaba de la escuela, pero milagrosamente sobrevivió, se debatió entre la vida y la muerte.
Tiempo más tarde en el año 2014, recibió el Premio Nobel de la Paz. Posteriormente, Malala fue nombrada Mensajera de la Paz de las Naciones Unidas en 2017 para ayudar a
sensibilizar acerca de la importancia de la educación de las niñas.
Como señala la UNESCO: “La educación es un derecho humano fundamental que permite sacar a los hombres y las mujeres de la pobreza, superar las desigualdades y garantizar un desarrollo sostenible.
No obstante, 244 millones de niños y jóvenes de todo el mundo siguen sin escolarización por razones sociales, económicas o culturales.
La educación es una de las herramientas más potentes para sacar de la pobreza a los niños y adultos marginados, así como un catalizador para garantizar otros derechos humanos fundamentales. Es la inversión más sostenible”.
