En lugar de dar consuelo, la lectura de sentencia se espera como la confirmación
de un crimen que quedará en la impunidad
Por: Lourdes Ramírez (*)
Integrante HUMANOS
A casi tres años del crimen de Keyla Martínez todo apunta a que la justicia hondureña dictará una sentencia que favorece a los presuntos culpables.
Esto en un país donde se registraron 341 muertes violentas de mujeres desde enero hasta el 31 de octubre de 2023, con el agravante de que en este caso en mención, habría participación de agentes de seguridad.
A sus 26 años, Keyla Patricia Martínez Rodríguez era una aventajada estudiante de la licenciatura de Enfermería en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). Hasta el último día de su vida, conversaba mediante videollamadas con su madre, Norma Rodríguez, residente en España, sobre sus planes a futuro: trabajar, tener una familia, apoyarse mutuamente.
“Solo quedaron los planes hechos, porque estas personas le truncaron su sueño, le rompieron sus alas. A nosotras como familia también nos arruinaron la vida. Ahora nuestra familia ya no es la misma. Cuando vamos a Honduras nos da miedo, tenemos que andarnos escondiendo. Si vamos a La Esperanza tenemos que escondernos”, relata doña Norma.
UN CRIMEN QUE PUDO EVITARSE
La noche del 6 de febrero de 2021 Keyla y su supuesto amigo, el doctor Edgar José Velásquez Orellana, fueron detenidos por el “delito” de andar en la calle en un periodo de toque de queda por la pandemia de Covid-19. Una patrulla policial los condujo hasta la Unidad Departamental de Policía #10 de La Esperanza, departamento de Intibucá, 182 kilómetros al occidente de Tegucigalpa.
Al trasladarla a la sede policial pasaron frente a la casa de Keyla, pues la detención se produjo apenas a dos cuadras de distancia. El tema se pudo haber zanjado al dejarla en su lugar de residencia, pero los agentes decidieron que el “crimen” era demasiado grave, había que darle una lección y tenía que ir a parar a las ergástulas policiales.
“Se siente tanta impotencia al saber que a dos cuadras de tu casa detienen a tu hija ¿Por qué no la fueron a dejar a la casa? Cuando la llevaron a la celda de la posta policial, ellos pasaron enfrente de la casa ¿Por qué no la dejaron allí?”, es la pregunta que se hace a diario doña Norma.
“Ellos ya tenían todas las intenciones de hacerle daño a mi hija, está bien claro. Cuando filman el video, hay uno de ellos que dice: ‘qué belleza’, cuando mi hija está tratando de consolar o controlar al doctor, porque él es quien está histérico”, afirma, en relación al señor Velásquez Orellana.
A eso de las 2:30 de la madrugada del 7 de febrero los policías la trasladaron al Hospital Enrique Aguilar Cerrato, de La Esperanza, donde reportaron que la encontraron en la celda intentando quitarse la vida, ahorcándose con un suéter. El médico que la atendió confirmó que cuando la llevaron ya estaba muerta.
Las autoridades policiales pretendieron impedir que se le practicara una autopsia y que se investigara, pero ya para entonces el crimen había generado indignación entre los pobladores, que salieron a protestar a las calles de La Esperanza.
La Secretaría de Seguridad, en un intento de proteger y brindar impunidad a sus agentes, los trasladó a Tegucigalpa ese mismo día. De igual forma enviaron contingentes de antimotines para reprimir las manifestaciones.
Por la presión popular se realizó la autopsia, la que determinó como causa de muerte “asfixia por obturación de orificios respiratorios”. Es decir, que una mano homicida le tapó la nariz, boca y garganta.
La actual viceministra de Seguridad y exdirectora de Medicina Forense, doctora Semma Julissa Villanueva, sostiene que “la manera de muerte desde el punto de vista médico legal es homicida”. Ella confirmó haber visto fotografías de la autopsia y enfatiza que “nadie bajo custodia muere con claros signos de asfixia mecánica por sofocación”.
Ante la evidencia, el 11 y 12 de febrero de 2021 se citó en Medicina Forense de Tegucigalpa a 13 agentes que estaban en la posta policial la noche del crimen, para practicarles evaluaciones de salud mental, fluidos y vello púbico.
También se hizo un reconocimiento a la celda y se recolectó evidencia, incluyendo un video donde se mostraba al policía Jarol Rolando Perdomo Sarmiento ingresando a la celda de Keyla, donde permaneció cinco minutos. Después sale y se mantiene afuera, de forma sospechosa, sin regresar a su posición como asistente del comandante de la estación policial y encargado de las llaves de las bartolinas y custodia de los detenidos.
Ante la evidente participación policial en el homicidio, organismos como Amnistía Internacional demandaron que en la investigación se empleara el Protocolo de Minnesota Sobre la Investigación de Muertes Potencialmente Ilícitas. Este define una muerte potencialmente ilícita donde “existe una posibilidad razonable de que haya sido causada por una violación de los derechos humanos, como una ejecución extrajudicial, arbitraria o sumaria, una desaparición forzada o una tortura”.
Además, plantea que las investigaciones tengan como objetivo determinar la causa, las circunstancias y los responsables de la muerte, y permitir que las víctimas y sus familiares obtengan justicia y reparación. Al final, todas las demandas de organizaciones de la sociedad civil hondureña y de entidades internacionales fueron desechadas.
LOS FAVORES DEL SISTEMA JUDICIAL
Pese a la petición de la familia y a las pruebas aportadas por acusadores privados que demostraban la responsabilidad en el crimen, por acción u omisión, de varios agentes y oficiales que estuvieron en la posta esa noche, el Ministerio Público determinó acusar únicamente al policía Perdomo Sarmiento por el delito de femicidio agravado. Esto fue el 15 de abril de 2021.
Sin embargo, en el transcurso del proceso y en una cadena de favores operada desde el sistema judicial, se determinó modificar el delito de femicidio agravado a homicidio simple. La Fiscalía presentó un amparo para reclasificar el delito, pero la Sala de lo Constitucional se lavó las manos y devolvió el expediente a los juzgados de Siguatepeque, dejando al juez la libertad de determinar la tipificación del delito.
Para completar el favor, el juez redujo al mínimo la posibilidad de sanción al homicida y terminó tipificando como “homicidio imprudencial”, durante el fallo dado a conocer el 14 de septiembre de 2023. De acuerdo con la teoría del Derecho, el “homicidio imprudencial” es aquel que se comete sin intención, por impericia, negligencia o violación de reglamentos. Se castiga con penas menores que el homicidio intencional.
Según los argumentos expuestos en el juicio, y que fueron aceptados por los jueces para llegar a su veredicto, “el hombre este, por querer brindarle los primeros auxilios (a Keyla), la asfixió. Eso fue una total burla para la familia”, apuntó doña Norma.
Decir que “a este hombre se le pasó la mano al auxiliar a mi hija, es lo peor que pudieron haber inventado estos señores jueces para justificar la gran cantidad de dinero, por decir esta insensatez o esta imprudencia. Porque eso sí es una imprudencia, lo que ellos han hecho. A pesar de todas las pruebas que se les han presentado, decir que fue un homicidio imprudente”, agregó.
Durante el juicio, celebrado en septiembre de 2022, pero cuyo fallo fue emitido en septiembre de 2023, el imputado Harold Perdomo nunca levantó la cabeza ni abrió la boca para dar su versión de los hechos porque defensores e incluso los jueces le hacían énfasis que era su derecho no declarar.
Para doña Norma, esto fue a propósito porque “sabían que iba a meter la patota, que él no iba a mantenerse o iba a cometer algún error. (…) Se va viendo todo el sistema corrupto y podrido que hay en nuestro país”.
Hay que considerar que el Código Penal de Honduras en su artículo 208 establece que el femicidio tiene una pena de entre 20 y 25 años de reclusión, y si es femicidio agravado es de 25 a 30 años. Mientras que el delito de homicidio imprudencial, según el artículo 198 del mismo Código, tiene una pena de 1 a 3 años, si es leve; y de 3 a 7 años si presenta agravantes.
En la audiencia de individualización de pena realizada el 11 de octubre de 2023, la defensa de Perdomo solicitó una pena de 1 año de reclusión, mientras que la parte acusadora pidió una condena de 7 años. Bajo cualquier parámetro, la justicia saldrá perdiendo porque se avizora que el homicida saldrá en libertad tras la lectura de sentencia.
Esta fue programada para el 3 de noviembre de 2023, y se instruyó para que el secretario notificara a las partes. Es decir, se trata de una sentencia tan vergonzosa que los jueces ni siquiera estarán presentes cuando se confirme la pena para el homicida.
UN PROCESO DOLOROSO
Además de vivir un proceso doloroso por la pérdida de una hija, hermana, tía y amiga, la familia de Keyla ha tenido que enfrentarse al miedo, hostigamiento e intimidación de las autoridades que los presionaban para que reconocieran el veredicto de “suicidio”, y así librar a los agentes de cualquier responsabilidad.
“Desde el primer día que asesinaron a mi hija, fuimos objetos de amenazas” refiere doña Norma. Enfatiza que en todo momento las declaraciones de los policías estuvieron enfocadas a encubrirse mutuamente y que utilizaron testigos falsos para crear un caso a favor del agente homicida.
“A una parte de mi familia le tocó salir del país debido a las constantes amenazas, y no solo por parte de la policía sino también del doctor Edgar José Velásquez”, dijo la señora.
Un Estado sin recursos
Para Andrea Paz, coordinadora del Observatorio de Seguridad del Foro de Mujeres por la Vida (no gubernamental), el caso de Keyla Martínez es un ejemplo de la debilidad del Estado de Honduras y la deuda que existe para garantizar justicia a las mujeres.
Donde pese a la presión de las organizaciones de sociedad civil y a la observación internacional, los agentes policiales salen bien librados gracias a las deficiencias del sistema de investigación, del Ministerio Público y Poder Judicial.
También brinda un contexto para darse cuenta de cómo un caso con indicios claros de responsabilidad penal termina en impunidad, cuánto más aquellos crímenes complejos donde la autoridad no muestra interés ni dispone de recursos para investigar.
“Es por eso que este país tiene un nivel de impunidad del 95 por ciento en femicidios”, apunta. De acuerdo con los datos de esa entidad, más de 7,600 mujeres han sido asesinadas en los últimos años.
Sobre el proceso de intimidación y exilio que han tenido que vivir algunos familiares de Keyla, señala que es una constante porque no existe protección a los parientes de las víctimas. Estos muchas veces tienen que arriesgarse para investigar y obtener algún grado de verdad y de justicia.
El Sistema de Protección de Testigos, adscrito a la Secretaría de Derechos Humanos, no funciona, reconoce. “Hay que hacerse toda una cadena de fuerza entre la familia, las organizaciones, las amistades, para tener un poco de justicia”.
Para el Foro de Mujeres por la Vida está claro que el proceso de investigación y judicialización del caso de Keyla Martínez estuvo bastante parcializado a favor de la Policía Nacional y por tanto hacia el Estado.
El analista Leonardo Pineda señala que el manejo del proceso evidencia que las autoridades no quieren reconocer que hay un problema interno que tiene como consecuencia, invariablemente, que cuando policías y militares delinquen “no hay justicia”.
Asegura que esto se ha visto “decenas, cientos de veces, cómo los policías atentan una y otra vez contra la ciudadanía, y son muy pocos los que llegan a juicio”.
Ejemplificó que el cambio de tipificación de delito, de femicidio a homicidio imprudencial, se hizo con el objetivo de no señalar a la policía como perpetrador de un crimen de odio, en este caso femicidio, sino que fue un simple descuido “y esto no debería pasar”.
“Es lamentable que no solamente la policía entre en ese discurso, sino también a nivel de jueces y fiscales que no quieren dar un veredicto correcto en este caso”.
Pineda, quien hace tres años participó en un monitoreo sobre el tema de criminalidad, pudo constatar de primera mano las carencias de los cuerpos de investigación, en temas como falta de vehículos, recolección de evidencia, exceso de trabajo para investigadores y fiscales.
“Para resolver un caso, un investigador o un fiscal se puede tardar seis o siete meses. Si recibe seis casos, ocho, nueve o diez casos en una semana ¿Cómo va a salir? Es difícil”, asegura.
HAY QUE SEGUIR ALZANDO LA VOZ, Para doña Norma, la herida nunca sanará.
“Hay días en que me pongo a pensar en mi hija, cómo pediría auxilio, si trató de defenderse. La verdad es que estos desgraciados no tuvieron compasión de ella y la asesinaron”, reflexiona.
Piensa en tantas madres cuyos hijos han sido víctimas, y de cómo quisieran hacer justicia por sí mismas, “pero no tenemos esa conciencia, ese corazón negro y podrido que ellos tienen. Sólo nos queda seguir luchando y visibilizando el caso para que, algún día, alguien nos escuche y se haga justicia”.
Doña Norma señala que ante el panorama de violencia, impunidad e injusticia que prevalece en Honduras, los miembros de su familia temen que algo les pase.
“Pero aun así seguiremos exigiendo justicia. La muerte de Keyla no puede quedar así, queremos demostrar que puede haber justicia a través de la exigencia y sentar un precedente para que ya no se siga matando a tanta mujer”.
“A la gente les digo que no tengan miedo. Si no alzamos la voz nos van a seguir matando a las mujeres. Vamos a seguir callando y ellos matando mujeres”.
Hasta la publicación de este reportaje el Tribunal de Sentencia no había hecho pública la sentencia contra el policía Jarol Perdomo. En todos los escenarios la justicia lo pondrá en libertad.
Si la pena no supera los cinco años podrá solicitar la “suspensión condicional de la ejecución de la pena de prisión”, al acogerse al numeral 1 del artículo 78 del Código Penal.
Si la pena impuesta fuese de 7 años como demanda la Fiscalía, puede aludir al artículo 81 del mismo Código, que permite la libertad condicional al cumplir la mitad de la pena, lo que alcanzaría en octubre de 2024.
(*) Lourdes Ramírez Fundadora y directora del diario digital En Alta Voz.
En los últimos ocho años sus investigaciones se han concentrado en su mayoría en temas de derechos humanos, específicamente en la impunidad en muertes violentas de mujeres y femicidios, derechos humanos y explotación laboral, entre otros.
Ha recibido premios nacionales e internacionales, tales como: “Courage Award 2015” otorgado por la IWMF.
“Premio Nacional de Comunicación para la Igualdad y contra la Violencia contra la Mujer”, otorgado por la Tribuna Mujeres Contra el Femicidio y Oxfam Internacional en 2014.
“Premio Nacional de Periodismo”, otorgado por el Congreso Nacional de Honduras 2011
Primer “Premio Iniciativa para el Periodismo de Investigación en las Américas”, patrocinado por el ICFJ y Connectas 2015.
Mención de Honor de la Asociación Interamericana de Prensa, SIP transnacional investigación multimedia ¿Por qué matar a la mujer en el triángulo norte? Trabajo colaborativo 2015.
Forma parte de varias iniciativas de periodismo de investigación internacionales y su medio ha recibido subvenciones de; INTERNEWS, IWMF, CAPIR/IWPR, REUTER FOUNDATION.
En 2018 fue incluida como parte del Consorcio de Periodistas de Investigación (ICIJ), después de formar parte de una investigación en una zona de conflicto en Honduras.
Ha sido directora, reportera y presentadora de noticias en San Pedro Sula, ciudad donde reside. Durante varios años dirigió y presentó su noticiero de radio, Café Informativo, hasta que fue censurado, dando paso a la creación de En Alta Voz.
Entre 2015 y 2019 colaboró con La Fundación Nacional para el Desarrollo de Honduras, a través de su Proyecto GENESIS enfocado en prevención de violencia y promoción de una cultura por la paz. Diseñó innumerables campañas y estrategias para la prevención de la violencia.
Ha colaborado con INTERNEWS en el Triángulo Norte como mentora, editora y capacitadora, en la promoción del periodismo de investigación y datos, entre 2016 y 2019.
Trabaja como reportera de enlace freelance en la región. Es directora del diario digital enaltavoz.com y miembro del Consejo Editorial de Coyuntura.co de Nicaragua. Coordinó el Programa Adelante del IWMF.org en Honduras y El Salvador, promoviendo el periodismo de investigación en contextos de riesgo, durante 2018 al 2020. Lourdes también es co-fundadora del diario digital Reportar Sin Miedo.
Lourdes ha sido consultora de la ONU y ONG’s sobre los derechos humanos, el desarrollo humano, la violencia contra la mujer, la gobernabilidad democrática, ordenamiento territorial, transparencia y lucha contra la corrupción y supervisión electoral.
Ella fue Profesora y Directora de Ciencias de la Comunicación en la Universidad de San Pedro Sula durante seis años, desde donde impulsó múltiples iniciativas para la capacitación de periodistas de todo el país con el respaldo de organismos internacionales.
