El expresidente Juan Orlando Hernández pasó a la historia,pero la estructura del narcoestado se mantiene en Honduras

Por: Lourdes Ramírez
Integrante HUMANOS

“Abogado, si no se para esto, dentro de un cuarto de siglo hasta el presidente de la República va a estar embarrado”. Corría el año 1988. La incierta profecía la escuchó el abogado Miguel Ángel Izaguirre de viva voz del general de las Fuerzas Armadas de Honduras, Álvaro Romero Salgado, quien lo andaba visitando en su celda del destacamento militar de Tela, Caribe de Honduras, a 300 km al norte de Tegucigalpa. Hacía alusión a que el narcotráfico había penetrado todos los estamentos de la sociedad hondureña.

Hasta el 1 de junio de 1988, Izaguirre se había desempeñado como juez de Letras de lo Criminal en Tela y en los últimos dos años se había convertido en un cercano colaborador de la agencia antidrogas estadounidense (DEA), al entregar sin miramientos a varios narcotraficantes colombianos que pasaban como empresarios y artistas radicados en Honduras.

“Fui el primero que le abrió fuego al narcotráfico en Honduras y el primero en mencionar que Honduras era un narcoestado, en una entrevista con un periodista del Miami Herald”, menciona Izaguirre, ahora de 77 años, pero aún activo en la profesión del Derecho desde su bufete en el centro de Tela.

Tras el fallo de culpabilidad contra el expresidente Juan Orlando Hernández en una Corte de Nueva York, reitera que el involucramiento de altos funcionarios del Estado en actividades del narcotráfico no es nuevo. Izaguirre cayó preso tras denunciar con nombres y apellidos a cuatro magistrados de la Corte Suprema de Justicia, al procurador general de la República y a 18 diputados que colaboraban con narcotraficantes. Ese mismo día lo destituyeron y lo mandaron bajo custodia militar. Estuvo en una celda durante dos años, hasta que llegó una nueva Corte Suprema, en 1990.

Izaguirre asegura que el boom del narcotráfico en Centroamérica, y particularmente en Honduras, se dio a inicios de los años 80, cuando leyes estadounidenses, como la Enmienda Boland, prohibieron al presidente Ronald Reagan financiar al ejército de la Contrarrevolución nicaragüense, que pretendía derrocar a los sandinistas, en el poder desde 1979. Eso hizo que el Departamento de Estado y agencias como la CIA volvieran la vista hacia otro lado y permitieran el tráfico de drogas hacia el Norte de América.

El libro “Whiteout CIA, drugs and the press” (Blanqueando a la CIA, las drogas y la prensa, de Alexander Cockburn y Jeffrey St. Clair) revela que los organizadores de la “Contra”, con el respaldo de la CIA, crearon una red criminal para vender cocaína a pandillas de California, que la convertían en ‘crack’. El libro asegura que la organización llegó a distribuir hasta 900 kilos en una época en que cada uno costaba, al por mayor, alrededor de 50,000 dólares. Es decir que el negocio rondaba los 45 millones de dólares.

Para lograr su cometido se crearon una serie de rutas a través de Centroamérica y México. Una de ellas utilizaba la aerolínea Servicios Turísticos Ejecutivos Commander (SETCO), propiedad del hondureño Ramón Matta Ballesteros, que llevaba drogas hacia el norte y traía armas y pertrechos militares, usando para ello la base militar “El Aguacate”, en el departamento de Olancho, al oriente de Honduras.
​
El documento “Drogas, aplicación de la ley y política exterior”, preparado por el “Subcomité de terrorismo, narcóticos y operaciones internacionales” del Senado de Estados Unidos, refiere que la DEA abrió una oficina en Honduras en 1981 pero la cerró menos de dos años después argumentando “problemas presupuestarios”. Menciona a una serie de altos oficiales y exoficiales de las Fuerzas Armadas vinculados al narcotráfico, como el coronel retirado Rigoberto Regalado Lara, capturado en el aeropuerto de Miami en mayo de 1988 con 26 libras de cocaína. A la fecha era embajador hondureño en Panamá y hermanastro del entonces jefe de las Fuerzas Armadas, Humberto Regalado Hernández.

También al coronel Thomas Said Speer, agregado militar en la embajada hondureña en Bogotá. El 21 de noviembre de 1987, agentes antidrogas colombianos detuvieron al narcotraficante Jorge Luis Ochoa Vásquez, quien iba al volante de un vehículo Porsche valorado en 70,000 dólares. Las investigaciones revelaron que el Porsche era propiedad de Speer, quien aseguró que el auto estaba siendo usado sin su permiso, pero no supo explicar cómo había comprado un carro de 70,000 dólares con su salario.

El libro “Tierra de narcos”, del periodista Óscar Estrada, citando documentos desclasificados, asegura que en esa época la DEA investigó por sospechas de narcotráfico al coronel Ramón Reyes Sánchez; teniente coronel Juan Ángel Barahona, de la Interpol. También a los oficiales Armando Calidonio, Carlos Coello, Juan Blas Salazar, José Abdenego Bueso Rosa, Guillermo Pinel Cálix, Gustavo Álvarez Martínez y Humberto Regalado Hernández. Estos dos últimos, jefes de las Fuerzas Armadas en distintos periodos.

Bueso Rosa fue detenido en 1984, presuntamente relacionado con un cargamento de 300 kilos de cocaína, cuyas ganancias servirían para financiar el asesinato del entonces presidente hondureño Roberto Suazo Córdova (1982-1986).

El oficial, ya fallecido, recibió una pena de apenas cinco años de reclusión en un base militar de Florida, gracias a sus servicios prestados a la CIA y a la Contrarrevolución nicaragüense, según el informe del Senado arriba citado. Un coconspirador, Gerard Latchinian, no tuvo tanta suerte y recibió una condena de 30 años de reclusión, al considerar que el caso implicaba un acto de terrorismo, al planificar la muerte de un mandatario extranjero y un posterior golpe de Estado.

Pero los militares no fueron los únicos que aprovecharon el momento para entrar al ilícito negocio. “Los políticos vieron que se estaba traficando ‘droga autorizada’ e hicieron su paralela”, enfatiza el exjuez Izaguirre. De allí, su denuncia contra altos funcionarios del Estado y diputados, que lo hizo caer en desgracia en 1988.

Abogado Miguel Ángel Izaguirre

Una serie de señales dio la pauta a las autoridades estadounidenses que el asunto los había desbordado. Primero, en 1985 el asesinato en México del agente de la DEA Enrique Camarena, a manos del cartel de Guadalajara. Luego, el 19 de noviembre de 1987, confiscaron en aguas de la Florida un cargamento de 8,000 libras de cocaína -el más grande interceptado hasta ese momento- empaquetadas en muebles fabricados en Honduras (caso Puertas de Castilla). Una semana después, la DEA anunció que reabriría su oficina en el país centroamericano, según el mismo documento “Drogas, aplicación de la ley y política exterior”.

A partir de entonces intentaron poner un freno, pero ya el negocio había ramificado y prosperado hasta convertirse en una industria de miles de millones de dólares. En abril de 1988, meses después del retorno de la DEA, fue capturado en Tegucigalpa Ramón Matta Ballesteros y condenado a 12 cadenas perpetuas en Estados Unidos. El embajador estadounidense en Tegucigalpa, Everett Brigss, entregó al gobierno hondureño una lista de oficiales involucrados en el tráfico de drogas, de los cuales ninguno fue enjuiciado. En las siguientes tres décadas los carteles de la droga se multiplicaron.

Sobre esa base histórica, Juan Orlando Hernández presuntamente construyó una estructura de corrupción y narcotráfico, al grado de afirmar que le “metería droga a los gringos hasta por debajo de las narices”, según uno de los testigos clave en los juicios contra él y su hermano, el exdiputado Juan Antonio Hernández. Este último ya cumple una condena de cadena perpetua y 30 años más.

Pero los hermanos Hernández no son los únicos allegados al poder que han sido alcanzados por la justicia estadounidense. En los últimos diez años han sido extraditados el hijo de un expresidente, un director de la Policía Nacional, varios diputados, oficiales de la policía y una serie de capos, hasta sumar más de 40 y con una lista pendiente de 28 más.

De acuerdo con información de la fiscalía estadounidense, los Hernández venían siendo investigados por actividades de narcotráfico más o menos desde 2004, cuando el menor de los 17 hermanos Hernández tenía 26 años y Juan Orlando ya era diputado.

​DESTRUCCIÓN DE LA INSTITUCIONALIDAD
Y CREACIÓN DE UNA ESTRUCTURA CRIMINAL

Una vez en el poder (diputado 1998-2014, presidente del Congreso 2010-2014, y presidente de la República 2014-2022), Juan Orlando Hernández realizó reformas legales, sometió a los demás Poderes del Estado e hizo nombramientos en las Fuerzas Armadas y Policía Nacional de entre sus allegados. Esto le permitió, en total impunidad, presuntamente saquear las arcas estatales y una supuesta facilitación del trasiego de drogas de los carteles afines a él, mientras aparentaba una lucha antinarcóticos eliminando a sus enemigos.

Rodolfo Dumas, connotado abogado y directivo de la World Compliance Association (entidad sin fines de lucro que promueve el comportamiento ético y el buen gobierno corporativo), apunta que en la última década la institucionalidad del país se redujo a su mínima expresión, dejó de funcionar, y con ello instituciones como el Poder Judicial, el Ministerio Público, entes investigadores y contralores como el Tribunal Superior de Cuentas, fueron incapaces de detectar y castigar las operaciones de la criminalidad organizada.

Para poder cooptar las instituciones, Hernández, valiéndose de allegados como el presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, promovió reformas legales como el llamado “Código Penal de la impunidad”, que entró en vigencia en junio de 2020, el cual reduce las penas de los delitos de corrupción.

Este Código “generó herramientas de blindaje para las personas vinculadas a la corrupción. Se deben hacer las reformas para tener penas ejemplificantes, con tipos penales fáciles de perseguir, señaló la diputada Fátima Mena, de oposición.

Silvia Ayala es abogada y diputada oficialista. Ella preside una comisión que revisó el Código Penal, e indicó que se aprestan a presentar un informe que recomienda aprobar un nuevo Código que endurezca las penas para delitos de narcotráfico y corrupción.

También el gobierno de Hernández aprobó el decreto 117-2019, o “Ley de inmunidad parlamentaria”, la cual permite a los diputados blindarse de acusaciones por sus actuaciones como parlamentarios. En la práctica es un instrumento que brinda impunidad. Mena señala que esto se aprobó en el año 2019, en el contexto del juicio que se efectuaba en Estados Unidos contra Juan Antonio Hernández, y se comenzaron a mencionar nombres de legisladores como sus socios.

El gobierno de Hernández también aprobó el decreto 93-2021, que permitió reformar el Código Penal y la Ley de Lavado de Activos, con el propósito de sacar de la cárcel y devolver sus propiedades a los acusados de ser testaferros de narcotraficantes y corruptos.

Ese decreto fue reformado por el Congreso actual en julio de 2023 para permitir nuevamente la persecución de los lavadores de activos.

A las leyes aprobadas por Hernández y sus adláteres hay que sumar legislaciones que estaban desde antes, como el Código Procesal Penal, aprobado en 1999. Los artículos 414 al 417 establecen que los altos funcionarios del Estado deben ser juzgados por tribunales especiales conformados por magistrados de la Corte Suprema, y no por tribunales comunes. Los magistrados son electos por diputados del Congreso Nacional entre los allegados a sus partidos políticos. En otras palabras, funcionarios corruptos y negligentes terminan siendo juzgados por sus mismos correligionarios.

Los procesos celebrados por estos tribunales especiales han terminado siempre con la absolución de los altos funcionarios en las primeras instancias, ninguno de los casos ha llegado a una Corte de Apelaciones y por tanto, tampoco a un juicio, reseñó el Centro de Estudio para la Democracia (Cespad, no gubernamental).

​“Siempre, o en su mayoría, la tendencia es que el fuero especial tiende a proteger al corrupto o al narco, por lo tanto es otra ley que sin lugar a duda debemos reformar o derogar”, indicó la diputada Mena, abogada de profesión. Con excepción de las reformas al 93-2021, las otras leyes aquí mencionadas siguen igual.

TRES PODERES, UN SOLO HOMBRE

Otra de las maniobras de Hernández fue reglamentar la ley del Consejo de Defensa y Seguridad, siendo presidente del Congreso Nacional, en el año 2011. Mediante esa disposición legal logró que los Poderes, Judicial y Legislativo, Ministerio Público, Fuerzas Armadas y Secretaría de Seguridad (todos integrantes del Consejo), quedaran bajo la figura del presidente de la República. Así allanó el camino que le permitió tomar decisiones por encima de los otros poderes mientras ejerció la presidencia.

El abogado Omar Menjívar, quien fue fiscal del Ministerio Público por más de una década, explica que bajo ese instrumento jurídico Hernández estableció un modelo de dictadura. Por ejemplo, en las reuniones del Consejo de Seguridad se definía si un individuo, un representante de la sociedad civil o de los movimientos sociales del país, era enemigo del Estado. En ese caso, allí mismo se ordenaba al Ministerio Público su persecución por la vía penal. Si lo que hacía la persona en cuestión no era delito, se ordenaba al Legislativo hacer las reformas para penalizar sus acciones.

La Policía Nacional y las Fuerzas Armadas eran instruidas para darle persecución, mientras que los jueces se daban por enterados que esas personas-objetivo tenían que quedar presas por “voluntad del hombre, como dijo en alguna ocasión uno de los jueces, que fue despedido” por hacerlo público, explicó Menjívar.

Gustavo Irías, coordinador del Cespad, señaló en un foro reciente que con Juan Orlando se dio un “rediseño del Estado” hasta convertirlo en una “autocracia, el poder concentrado en una sola persona” a través del Consejo de Seguridad.

Considera que ese organismo “destruyó el Estado de derecho y el carácter de República”, por lo que urgió a desmontar “el núcleo central de la narcodictadura”. Su continuidad permite que Honduras “siga sometida a un proceso de militarización de la seguridad pública y de la sociedad”.

Agregó que “hay una deuda de este gobierno (presidido por Xiomara Castro) para desmontar este Consejo Nacional de Defensa y Seguridad”.

EL PECADO ORIGINAL:
​LA COMPRA DE VOLUNTAD DE LOS POLÍTICOS

En enero de 2017 entró en vigencia la “Ley de Financiamiento, transparencia y fiscalización a partidos políticos y candidatos”, mejor conocida como “Ley de política limpia”, cuyo objetivo original era transparentar el financiamiento de las campañas políticas.
​
Sin embargo, un año después, en enero de 2018, el abogado Kelvin Fabricio Aguirre  Córdova, en su condición de comisionado de la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización a Partidos Políticos y Candidatos (UFTF o Unidad de Política Limpia), solicitó al Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) poner bajo reserva la “información pública de los partidos políticos”.

Esto incluye mantener en secreto los montos de financiamiento públicos, los estados financieros de los partidos, registros y notificación de aportaciones, depósitos en instituciones del Sistema Financiero Nacional, las aportaciones privadas a los candidatos, los contratos para la adquisición de bienes, arrendamientos, concesiones y prestación de servicios.

Si bien es cierto Aguirre Córdova representaba al Partido Nacional -el mismo del entonces presidente Hernández-, la medida no fue cuestionada por los otros partidos políticos mayoritarios que tienen representación en la UFTF (Liberal y Libertad y Refundación, Libre, ahora hecho gobierno).

Organizaciones de la sociedad civil han demandado la nulidad de la resolución, pero seis años después siguen sin respuesta. Durante el juicio de Juan Orlando Hernández, los testigos declararon haber hecho aportes a las campañas políticas de los expresidentes Manuel Zelaya Rosales (2006-2009), Porfirio Lobo Sosa (2010-2014) y el mismo Hernández (2014-2022).

Según la diputada Fátima Mena, diferentes estudios muestran que “el pecado original” de la corrupción es el financiamiento de las campañas políticas. Esto permite a las redes de corrupción y del crimen organizado “invertir” a cambio de instalar a sus allegados en cargos públicos relevantes. De esta manera han logrado instrumentalizar “la institucionalidad, no solo para protección propia, sino también para el enriquecimiento ilícito” por medio de empresas que logran contratos con el Estado y así lavan dinero proveniente de operaciones fraudulentas.

Urgió a fortalecer la UFTF con recursos financieros y logísticos porque su operatividad se centra en Tegucigalpa, olvidándose de regiones donde operan los carteles de la droga. Pero también demandó que haya apertura para conocer el patrimonio y las aportaciones que reciben los partidos y candidatos.

El abogado Menjívar fue candidato a la Alcaldía de San Pedro Sula en las elecciones de 2021, pero al final hizo una alianza para ceder la posición y quedar en la vicealcaldía. Comenta que una de las modificaciones que debería impulsarse es la forma de hacer política, porque en la actualidad demanda recursos millonarios. Ejemplificó que en una ciudad como San Pedro Sula de aproximadamente un millón de habitantes, solo el día de las elecciones un candidato requiere, mínimamente, 4.5 millones de lempiras (182,000 dólares) para satisfacer la logística. Esto en un país donde el ingreso per cápita ronda los 2,750 dólares.

“Quien no tiene esa cantidad no puede participar, por mucho que la Constitución diga que tiene derecho a elegir y a ser electo. Entonces se vuelve ilusoria la democracia y queda como un privilegio reservado solo para quienes tienen plata”, dijo Menjívar.

Esto genera un riesgo porque quien aspira a un cargo como un propósito de vida estará dispuesto a hacer lo que sea por conseguir esos recursos. Allí se da la oportunidad para la delincuencia organizada transnacional, como el narcotráfico, quienes ofrecen apoyo para comprar voluntades, apuntó el exfiscal.

Como resultado, las campañas “se financian con recursos del crimen organizado y recursos públicos, que son drenados del erario por funcionarios corruptos que necesitan mantener el poder”. Agregó que la Unidad de Política Limpia “no sirve” porque no tiene los recursos ni el personal suficiente para cumplir su labor.

Luis Zelaya, quien fue candidato presidencial en las elecciones de 2017 por el Partido Liberal, reconoció que el “eslabón más débil”, y a través del cual ingresa el crimen organizado al Estado, es el financiamiento de alcaldes, diputados y presidentes.

Destacó que los diputados son los encargados de realizar las elecciones de segundo grado, que definen a los jefes del Ministerio Público, magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Tribunal Superior de Cuentas, Tribunal de Justicia Electoral, Instituto de Acceso a la Información Pública, Registro Nacional de las Personas, Unidad de Política Limpia, entre otras entidades. Si tiene a los diputados de su lado, tiene a todas esas entidades a su servicio.
​
Por ello urgió a ejecutar reformas para modificar esos mecanismos de elección de funcionarios, que son permeados por criminales. Lamentó que aún hoy en día no existe voluntad política para “evitar que el crimen organizado penetre las estructuras del Estado”.

Vicealcalde de San Pedro Sula y Ex fiscal

LAS BASES QUE FACILITARON LA CORRUPCIÓN Y EL CRIMEN SIGUEN AHÍ

Santos Orlando Rodríguez Orellana es un capitán retirado del Ejército hondureño. En 2014, como parte de un operativo antinarcóticos en la Mosquitia, interceptó un helicóptero vinculado al tráfico ilícito de estupefacientes. El oficial recibió información de que la aeronave pertenecía a Juan Antonio Hernández, hermano del entonces presidente Juan Orlando Hernández, y así lo reportó a sus superiores.

Como represalia, fue removido del cargo y el Ministerio Público lo acusó de allanamiento y torturas. En 2016, la embajada estadounidense -que respaldó a Juan Orlando hasta el final de sus dos periodos-. anunció que lo investigaba por presuntos nexos con el narcotráfico y corrupción, contexto que las Fuerzas Armadas aprovechó para darle de baja deshonrosa.

En 2018, ante la falta de pruebas, fue absuelto de todas las acusaciones, y en febrero de 2021 anunció su candidatura presidencial. En todo momento se mantuvo firme en sus denuncias contra los Hernández, como narcotraficantes, y contra sus colegas militares como colaboradores cercanos.

En noviembre de 2021, 24 días antes de las elecciones, lo detuvieron a él, a su esposa, Jennifer Lizzeth Bonilla y a su suegra, Reina Lizeth Bonilla, y los acusaron de lavado de activos. El Ministerio Público aseguraba que poseía 32 bienes muebles e inmuebles y más de 280 millones de lempiras. A sus tres hijos menores de edad, la más pequeña de 3 años, los sacaron de su vivienda. El Consejo Nacional de Defensa y Seguridad funcionaba.

Él aseguraba tener solo una casa, una pequeña finca y una modesta cuenta bancaria, y que los bienes que le imputaban eran del círculo de colaboradores de Juan Orlando Hernández. En junio de 2023 los tres fueron absueltos. El expresidente ya había sido extraditado a Estados Unidos en abril de 2022.

Tras una década de persecución, Rodríguez Orellana se dedica a cultivar café en su pequeña finca en Intibucá, al occidente de Honduras. Sigue hablando con la misma franqueza con la que denunció a Juan Antonio Hernández como narcotraficante, cuando todos creían que era un prominente abogado y diputado, que seguiría la carrera de su hermano en la política.

Juan Orlando llevó a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional a “sus propios comandantes, a su propia gente”, asegura Rodríguez Orellana. Utilizó el equipo de las Fuerzas Armadas para el trasiego de drogas. Todo lo que pasó fue un plan estratégico montado, reitera.

Una revisión de los perfiles de quienes llegaron a ser generales en su presidencia, revela que estas personas venían formando parte de su entorno desde muchos años atrás, desde que eran militares de escala media, expresa el capitán retirado, quien aspira a la presidencia por la Democracia Cristiana en las próximas elecciones.

Considera que los grandes problemas comienzan con la politización de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. “Hace ocho o diez años si usted detenía a un ciudadano con armas, el que resolvía era un diputado, que llamaba para decir que esa persona trabajaba con él”.

En una veintena de procesos judiciales en Estados Unidos, los narcotraficantes han revelado cómo altos oficiales del Ejército y la Policía garantizaban el paso de la droga por el territorio hondureño.

Enfatiza que entidades como las Fuerzas Armadas, la Policía y el Ministerio Público deben ser sometidas a una depuración profunda y crear los mecanismos para que los políticos saquen las manos de ellas. Sin embargo, a 26 meses del gobierno de Xiomara Castro “continuamos con lo mismo”, señala.

Los oficiales promovidos por Hernández se mantienen en la institución en cargos clave. De hecho, en el reciente juicio celebrado en febrero de 2024, dos testigos de la defensa fueron generales en activo que ahora mismo están siendo sometidos a procesos disciplinarios dentro de las Fuerzas Armadas por haberse presentado en los tribunales de Nueva York sin informar a sus superiores.

Rodríguez Orellana insiste en que “no ha cambiado nada” y que en estos dos años de gobierno no se ha enjuiciado a nadie relevante por narcotráfico pese a que hay “un sinnúmero de casos”. Las estructuras creadas por Juan Orlando siguen operativas.

El exfiscal Omar Menjívar apunta que la “infiltración creada por el crimen organizado, colocando a su gente dentro del Ministerio Público y el Poder Judicial, sigue ahí. Tendrá que hacerse una depuración radical”.

La diputada Silvia Ayala, quien participó en una comisión que analizó el sistema de extradición entre Honduras y Estados Unidos, explicó que tuvieron acceso a un listado de personas que han visitado al expresidente en una cárcel en Nueva York, entre los que se encuentran varios diputados.

Juan Orlando fue hallado culpable por tres delitos de narcotráfico y posesión de armas el viernes 9 de marzo y apenas el 13 de marzo su esposa, Ana García Carías, anunció el lanzamiento de su candidatura presidencial en un intento de mantener las estructuras de poder enraizadas en el Estado, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas.

Como lo apuntó el sacerdote Ismael Moreno, líder de la sociedad civil: “Con los sentimientos volcados sobre sí mismo, JOH (Juan Orlando Hernández) acabó sin remordimientos, sin sentir culpa y sin sufrir dolor ajeno. Todo giró en torno a su codicia. Desde esa óptica trató y maltrató a los demás. Su esposa y secuaces quedaron como legítimos herederos de la corrupción y cinismo”.

Para el expresidenciable Luis Zelaya, Juan Hernández “ya es un muerto en vida” se ha convertido “en un presidiario con un número que va a pasar el resto de su vida en una cárcel de máxima seguridad” pero “el futuro es nuestro, es el de nuestro país, de nuestros hijos y nietos”. Hay que reflexionar en busca de una salida, pero el panorama es incierto ante una organización criminal que se niega a dejar el poder. La profecía del general Álvaro Romero Salgado se cumplió 36 años después.