La nueva presidenta, Xiomara Castro, procede a una ola de despidos que pone en peligro el funcionamiento del mecanismo nacional de protección a los periodistas en Honduras. Reporteros Sin Fronteras manifiesta su más profundo rechazo a estos métodos autoritarios, en un país donde los ataques y la violencia contra la prensa no cesan de multiplicarse.

Reporteros sin Fronteras

“Es inconcebible y escandaloso que el mecanismo de protección, que ya padece una carencia cruel de recursos financieros, pueda ser desmantelado y quedarse sin más de dos tercios de sus empleados”, afirma Emmanuel Colombié, director de la Oficina de RSF en América Latina. “Estos recortes de personal tienen un impacto dramático en la seguridad de los beneficiarios de las medidas de protección. Los periodistas hondureños trabajan en un entorno extremadamente hostil y son víctimas, a diario, de amenazas y violencia. Resulta, por tanto, urgente e imperativo restituir al personal despedido o reemplazarlo por empleados formados y competentes, para que los actuales beneficiarios no estén todavía más expuestos al peligro. Es responsabilidad del gobierno de Xiomara Castro, a través del refuerzo del mecanismo, garantizar su seguridad”, añade.

El 12 de agosto de 2022, la nueva ministra de Derechos Humanos de Honduras, Natalie Roque, despidió a 14 empleados del SNP (Sistema Nacional de Protección), el mecanismo nacional encargado de la protección de los periodistas, defensores de los derechos humanos y operadores de justicia (jueces, fiscales, magistrados…), fundado en 2015. Entre ellos, el director en funciones del mecanismo, Cristóbal Martínez, así como numerosos cargos de su equipo. Todos ellos corrieron la misma suerte que José Antonio Velásquez, jefe de la Unidad de Prevención, y que Danilo Morales, director del SNP desde 2018. Ambos fueron despedidos el 22 de abril de 2022, en el caso de Morales tras haber sufrido “ataques repetidos” por parte de la ministra.

En apenas unos meses, el gobierno ha puesto en la calle a más de dos tercios del personal técnico, sin una explicación válida, generando una parálisis casi total en la aplicación de los dispositivos de protección.

Estos despidos se producen en un clima de grandes tensiones en el seno del SNP. En julio de 2022, varios empleados habían denunciado prácticas de acoso laboral y la puesta en marcha de una política de “militarización” por parte de Natalie Roque (instalación de cámaras de vigilancia, presencia de militares en los locales), en el Ministerio de Derechos Humanos, del que depende y donde se aloja el SNP.

Estos despidos abusivos y el contexto que se deriva han afectado al funcionamiento del Consejo Nacional de Protección del SNP, un órgano de deliberación encargado de la supervisión, control, acompañamiento y evaluación del mecanismo. De hecho, algunas de las organizaciones de la sociedad civil, ya escasamente representadas, han decidido, retirarse de forma simbólica y temporal del Consejo, para manifestar su preocupación y denunciar el desmantelamiento en curso del SNP. Por otra parte, RSF tiene constancia de las presiones y amenazas, especialmente en redes sociales, que sufren los representantes de ONGs que se han mostrado críticos públicamente con el desmantelamiento del mecanismo.

La llegada al poder de la presidenta Xiomara Castro, investida el 27 de enero de 2022, había generado ciertas esperanzas sobre un fortalecimiento del SNP. Sin embargo, sucede todo lo contrario. RSF lamenta la ausencia de voluntad política de Xiomara Castro para reforzar la política integral de protección de los periodistas, simbolizada tristemente por el desmantelamiento del SNP, que pone en situación de grave peligro a los solicitantes y beneficiarios de las medidas de protección.

En febrero de 2022, RSF publicó un informe inédito sobre los mecanismos de protección de los periodistas en Honduras, Colombia, Brasil y México. El estudio pone de manifiesto la lentitud, las deficiencias y la falta de recursos humanos y financieros del SNP, y plantea una serie de recomendaciones detalladas para mejorar su eficacia.

Honduras es uno de los países más peligrosos de América Latina para la profesión. Los periodistas de la prensa opositora y los medios comunitarios son regularmente el blanco de agresiones, campañas de acoso e intimidaciones, amenazas de muerte o se ven forzados al exilio. La mayoría de los ataques y agresiones contra la prensa son cometidos por las fuerzas del orden, y más en concreto por la policía militar y por el ejército. Al menos dos periodistas, Ricardo Ávila, el 26 de mayo, y Pablo Isabel Hernández Rivera, el 9 de enero, han sido asesinados en 2022, sin que RSF haya podido confirmar, hasta la fecha, un vínculo directo con su labor informativa.

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