Rafael Delgado

La respuesta a la crisis en los dos meses anteriores debió ser más profesional y con un enfoque de etapas.

Lamentablemente la debilidad de las instituciones, la ausencia de gente experta y con solvencia moral en las posiciones más altas condujo a graves errores en la planificación e implementación de las medidas. Era de esperarse. La camarilla gobernante, constituida por leales seguidores, sigue viendo en la crisis sanitaria una oportunidad para desviar la atención de la crisis política en evolución y no en una obligación auténtica que corresponde resolver diligentemente y sin más consideraciones que las que devienen de una emergencia nacional. Pero no entendió que cargaba un pesado lastre que le hace imposible dar resultados concretos como para que sus intenciones se cumplan.

Esto ha sido fatal ya que ha pasado el tiempo y se ha profundizado una vez más el sentimiento de desesperanza en la población, que si bien es cierto nunca creyó en las promesas de una respuesta rápida y efectiva, pero sí anhelaba acciones claras que mitigaran los impactos. A esto hay que agregar que por alguna razón que deberían aclarar en su momento los expertos en salud pública, después de dos meses seguimos antes de la curva, esperando todavía el embate frontal por el que ya pasaron muchos países del mundo. Esto lógicamente que agota y desespera.

En primer lugar, seguirá siendo necesario una respuesta sanitaria más efectiva de detección de casos y atención de la población afectada. Seguir creyendo que la pandemia es lo que todas las noches reporta SINAGER es un engaño. Esto es grave ya que descarta toda posibilidad de diagnóstico claro y de una respuesta flexible ante los innumerables escenarios que pueda desarrollar la pandemia. Por eso la urgencia del programa agresivo de pruebas de detección que permita dibujar la magnitud verdadera de la pandemia. Además, sigue siendo necesario elevar sustancialmente la calidad de respuesta para los afectados por el COVID-19. Desde hace años, muchos años se ha exigido cambios en el sistema de salud pública para poder responder a las enfermedades que conforman el cuadro usual en el país. Si todo lo que ocurría en los hospitales con el dengue y demás enfermedades dejó de asustarnos, ahora el COVID-19 nos puso nuevamente ante la cruel realidad de los hospitales públicos. Nuevamente ante la incompetencia de las autoridades públicas, tenemos suficientes expertos capaces de determinar qué es lo que sí se necesita en el sistema de salud para responder adecuadamente.

En segundo lugar, para la gran mayoría de los hondureños el encierro y el trabajo no son compatibles. Por eso seguirá pendiente una respuesta focalizada a esos sectores más vulnerables para los que la pandemia ha significado no poder generar ni los ingresos mínimos. El programa masivo de alimentos que mantengan el consumo básico de los más afectados es una obligación. Quizás sea mucho pedir, pero debe de constituirse en algo más impactante y que su entrega debe de enmarcarse sin la posibilidad del abuso por parte de las autoridades nacionales y locales.

Indudablemente que en la ecuación deben entrar las políticas de apoyo al mercado laboral que faciliten la reactivación económica. Las pequeñas empresas no tienen ingresos por ventas, acumulan compromisos con sus colaboradores y proveedores; y las deudas con los bancos crecen. Ante esto, se requiere de un apoyo efectivo desde el sistema financiero con una readecuación de deudas para no exacerbar el deteriorado estado de las empresas. El subsidio al empleo debe de llegar más allá del cotizante al RAP. La capacitación es buena y en tiempos de crisis rinde mayores frutos. En los actuales momentos formar a la gente para reaccionar a las nuevas habilidades requeridas es una inversión que permite a la empresa y al trabajador emprender conjuntamente los retos del distanciamiento social y de no poder llegar a los mercados como usualmente se ha hecho.

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