Pasos de Animal Grande
Las cifras hablaron por sí solas en el informe sobre la situación de los derechos humanos en Honduras del año 2024, presentado por la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en Honduras, OACNUDH, este 08 de abril de 2025, en el que describe que 120 hombres, 61 mujeres y 138 organizaciones fueron víctimas de actos de intimidación , hostigamiento , actos de desprestigio y amenazas, en el año 2024, lo que significa retrocesos en la situación de las personas defensoras de derechos humanos, periodistas y comunicadores sociales.
El informe fue presentado por Bardia Jebeli. Oficial a cargo y representante adjunto y escuchado por autoridades del Estado entre ellas de la Corte Suprema de Justicia; la Secretaría de Derechos Humanos, SEDH; Casa Presidencial, organismos internacionales en Honduras, personas defensoras de derechos humanos y de sociedad civil.
El informe lo entregó en manos de Blanca Izaguirre, Comisionada Nacional del CONADEH y a la Ministra de la Secretaría de Derechos Humanos, SEDH, Angélica Álvarez, quien justificó la situación señalando que deben hacerse cambios estructurales los cuales están contemplados en la Política de Derechos Humanos , la cual está ya en manos de la Secretaría de Planificación Estratégica para su aprobación antes de que pase a la presidenta de la República.
La segunda Política de la que habla la Ministra Álvarez ha sido discutida con sectores que seleccionó esa dependencia y no ha sido un proceso abierto como ocurrió en el 2013 con la ex ministra Ana Pineda, que logró abrir el espacio para que la mayoría de los sectores participaran, en la creación de la primera política de derechos humanos, en el gobierno de Porfirio Lobo Sosa.
Aunque el uso del lenguaje diplomático fue la tónica del informe y la animación a seguir trabajando para avanzar, lo cierto es que no se pudo ocultar las violaciones de derechos humanos y el actuar negligente o cómplice del sistema de justicia en Honduras con los perpetradores que se mueven la impunidad y el tráfico de influencias al más alto nivel.
Por su parte el Director del Mecanismo Nacional de Protección señaló a pasosdeanimalgrande.com que se está trabajando para el mejoramiento del mecanismo en el abordaje de los casos y las metodologías entre otras acciones que él piensa son una mejora continua.
Las cifras
Las personas defensoras de la tierra, el territorio y el medio ambiente continúan siendo las que enfrentan mayor riesgo, representando 47% del total de víctimas. Los departamentos con mayor incidencia fueron Francisco Morazán (95 casos), Colón (45 casos) y Choluteca (41 casos). Se produjeron al menos 39 ataques contra personas indígenas y afrohondureñas defensoras y/o periodistas, representando el 12.3% de las víctimas, describe el informe.
Fiscalía que tiene pocos resultados
Según la OACNUDH, la Fiscalía Especial de Protección a Defensoras y Defensores, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia ha recibido 27 denuncias a noviembre de 2024, la mayoría por amenazas, de las cuales ninguna ha sido todavía judicializada.
“Entre otros obstáculos, no existe un protocolo de debida diligencia para la investigación de crímenes contra personas defensoras de derechos humanos, a pesar de que esta fue una reparación ordenada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2018. Esta carencia dificulta que se realicen investigaciones adecuadas, que tomen en cuenta el perfil de la persona defensora y la posible relación del delito con su labor de defensa”, reitera el documento. Bardia Jebeli, destacó el crimen contra el defensor ambientalista Juan López, el cual se mantiene en la impunidad
Acuerdo Ejecutivo facilita la corrupción en el año el contexto electoral
Aunque la OACNUDH vio como un avance que se haya aprobado en noviembre de 2024, el Acuerdo Ejecutivo N°SEDH-004-2024, para fortalecer el Sistema Nacional de Protección , en el que se autoriza las compras directas para agilizar las medidas de protección, dinero que está siendo manejado por la Secretaría de Derechos Humanos, SEDH, esta acción se ve con recelo por varios sectores de la sociedad que criticaron desde que se conoció tal disposición pues consideran que genera desconfianza que haya sido en un período electoral que puede manejarse opacamente para favorecer la campaña política del partido de gobierno.
Espacios restringidos para organizaciones de sociedad civil
Igualmente la OACNUDH destacó que saluda la creación de la “Articulación por la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos” y el “Grupo Amplio para el fortalecimiento del Sistema Nacional de Protección”, por parte de organizaciones de sociedad civil, con la asesoría técnica de la Oficina, para apoyar al Estado en el fortalecimiento del Sistema Nacional de Protección.
Pero los mismos están copados por organizaciones seleccionadas y no es un espacio amplio sino que discrimina a aquellas organizaciones críticas al gobierno de la presidenta Xiomara Castro.
Sigue la crisis del Mecanismo de Protección
Con respecto al Mecanismo Nacional de Protección, el informe señala que “el Sistema Nacional de Protección continúa atravesando una crisis institucional que le imposibilita cumplir a cabalidad su mandato de prevención y protección. Los principales retos son la rotación de personal, la falta de herramientas técnicas, corresponsabilidad institucional y de presupuesto suficiente para la contratación de personal técnico e implementación de medidas de protección”.
También destaca lo que pasó en el gobierno anterior y que se repite en este gobierno, y es el hecho de que los titulares de las instituciones que conforman el Consejo Nacional de Protección para la toma de decisiones estratégicas entre el Estado y la sociedad civil que permitan que el Sistema cumpla con su mandato de prevención y protección, no se involucran en las reuniones a pesar que la Ley de Protección ya lo señala.
Uso del derecho penal contra defensores
Es destacable que se mencione la sistemática práctica del uso derecho penal en contra de personas defensoras de derechos humanos y periodistas como forma de obstaculizar su labor legítima.
Como ejemplo en el informe se informa sobre el uso del derecho penal “contra personas defensoras de los Consejos Indígenas Lencas “Alianza” y “Unidos por el Trabajo”; la comunidad garífuna de Nueva Armenia, la Asociación por el desarrollo de la península de Zacate Grande, Santos Hernández y Abel Pérez; la defensora Nolvia Obando, integrante del movimiento de mujeres campesinas “Las Galileas”; así como contra una persona defensora del Consejo Indígena Lenca de Nueva Palestina”.
Se suma a ello que en 2024, la OACNUDH registró 10 casos de detenciones arbitrarias de personas defensoras previamente absueltas, sobreseídas o que gozan de medidas sustitutivas distintas a la prisión preventiva, debido a que los sistemas de la Policía Nacional no se actualizan según las resoluciones del Poder Judicial. Esto continúa a pesar del convenio suscrito entre la Corte Suprema de Justicia y la Secretaría de Seguridad para mejorar los sistemas informáticos sobre órdenes de captura, dice el documento.
Propuestas de modificación de tipos penales que no han sido socializadas
Causó sorpresa que en el informe se destaca que “Con apoyo técnico de ACNUDH, la Secretaría de Derechos Humanos, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, el Congreso Nacional y otras autoridades avanzaron en la elaboración de propuestas de modificación de tipos penales y normas procesales utilizados frecuentemente de manera indebida contra las personas defensoras y periodistas”.
Estigmatización contra defensores y periodistas por altos funcionarios
“La Oficina observa con preocupación la continua práctica por parte de algunos funcionarios con altos cargos públicos de estigmatizar, en redes sociales o medios de comunicación, a quienes expresan opiniones críticas sobre la administración pública u otros poderes del Estado. Además, según monitoreo de la Oficina, esta práctica ha fomentado la autocensura y ha creado un entorno permisivo para posibles agresiones”, destaca la organización internacional.
Contexto preocupante para comunidad LGTBIQ+
Las personas LGBTI continuaron enfrentando un contexto preocupante de violencia y discriminación estructural. En 2024, el Observatorio de muertes violentas de Cattrachas registró a nivel nacional 15 muertes violentas presuntamente relacionadas con la orientación sexual e identidad o expresión de género diversa68, y el Observatorio KAI+ 38 muertes. Según este último, en el 87% de los casos, las autoridades no habrían avanzado más allá de la etapa inicial de investigación, descrito el texto del informe.
“Las personas LGBTI enfrentan barreras para tener un acceso efectivo a la justicia debido, entre otras razones a prácticas y actitudes discriminatorias. Por otra parte, no existen protocolos especializados para la investigación de delitos cometidos contra personas LGBTI, víctimas de violencia por prejuicio basados en la orientación sexual, identidad o expresión de género real o percibida de la víctima.
Rihanna Ferrera, Directora de la Organización Cozumel Trans señaló a pasosdeanimalgrande.com que están muy preocupadas por la alta incidencia de crímenes, desapariciones forzadas y otras violaciones a los derechos humanos de la comunidad Trans, pero que a la vez ven a un Estado que muestra indiferencia a esta situación. Asimismo que no fueron tomadas en cuenta para aportar en la segunda política de derechos humanos que ha estado a cargo de la SEDH, sobre lo cual dijo que solo socializaron un documento que ya tenían al cual se hicieron recomendaciones por estar en desacuerdo con algunas cosas.
Sistema penitenciario y la prórroga del control militar
Aunque violenta los estándares internacionales de derechos humanos que las cárceles estén intervenidas para que los militares a través de la Policía Militar del Orden Público, PMOP, tengan control sobre las mismas, en el informe se critica que “el sistema penitenciario continuó en estado de emergencia bajo la intervención de la Policía Militar del Orden Público. Esta intervención fue prorrogada primero hasta diciembre de 2024 y posteriormente hasta diciembre 2025, bajo el argumento de garantizar seguridad y proteger la vida de las personas privadas de libertad. Al momento de la redacción de este informe, no existía un plan de traspaso progresivo de la administración penitenciaria hacia autoridades civiles”.
Las denuncias constantes de serias violaciones a los derechos humanos, entre ellas la tortura y los tratos crueles inhumanos y degradantes , así como el obstáculo para que la sociedad civil asuma su mandato que ha sido obstaculizado por el gobierno al no juramentar a la abogada Mildred Meléndez, delegada por 17 de 30 organizaciones que trabajan con privados de libertad, es una debilidad .
Este fue un punto negro en el informe, el hecho de que la OACNUDH haya señalado que “Sigue pendiente la designación del representante de la sociedad civil por falta de claridad en los procedimientos de elección y la ausencia de resolución de las impugnaciones contra el proceso presentadas en 2023. Ambas situaciones han debilitado el funcionamiento del mecanismo”, refiriéndose al CONAPREV.
Esta aseveración que se alinea con el argumento del gobierno de la presidenta Xiomara Castro, es descalificante para el espacio cívico de las organizaciones de sociedad civil y lo preocupante es que lo señale la OACNUDH que estuvo en todo el proceso de selección e incluso hizo la observación de la asamblea de sociedad civil en julio de 2023.
Urgente discutir la transición del control militar en las cárceles y el nombramiento de representante de sociedad civil en CONAPREV
La Comisionado del CONAPREV en representación del Poder Ejecutivo señala que tiene denuncias de aplicación de torturas en las cárceles y que la representación de sociedad civil debe elegirse.
El informe sobre la situación de derechos humanos en Honduras en el año 2024, hace otras valoraciones sobre otras violaciones a los derechos humanos, dejando al Estado unas 18 recomendaciones que no abordan la situación grave de derechos humanos documentada por la OACNUDH. Es probable que este institución internacional se cuidó de no entrar en controversia con el gobierno que no es muy plural a la crítica y reacciona con molestia al igual que ha sucedo con otros informes, entre ellos del Departamento de Estado de los Estados Unidos.
Descargue el informe completo de la situación de derechos humanos 2024 presentado por OACNUDH Aquí
