Por: Jessica Ortega
Hace 226 años, los primeros garífunas llegaron a tierras hondureñas, 2,000 miembros de la comunidad fueron deportados desde la Isla de San Vicente en el Caribe en 1797, estableciéndose en diversas zonas del país, desde Tela, en el departamento de Atlántida hasta Colón e Islas de la Bahía.
La resistencia garífuna en Honduras ha sido una lucha continua por preservar su cultura, tierras y derechos. Desde su llegada han enfrentado numerosos desafíos, incluyendo la discriminación y la lucha por la tierra.
Históricamente, se han destacado por mantener sus tradiciones culturales, como la música, la danza y la lengua garífuna. Sin embargo, han enfrentado amenazas a su territorio debido a la expansión turística, la agricultura y otros desarrollos.
La resistencia garífuna se ha manifestado a través de la organización comunitaria, la participación activa en movimientos sociales y la defensa de sus derechos. La lucha por la tierra y la autonomía ha sido especialmente intensa, ya que buscan proteger sus territorios ancestrales de la usurpación y promover el desarrollo sostenible.
Las comunidades garífunas han buscado el reconocimiento oficial de sus derechos y la consulta previa e informada en decisiones que afectan sus tierras.
Desafíos
El titular de la Dirección de Investigación Científica, Humanista y Tecnológica (Diciht-UNAH), Santiago J. Ruiz destaca desafíos fundamentales para las comunidades garífunas en Honduras. La negación o rechazo de la identidad afro e indígena en América Latina y Centroamérica se presenta como una barrera importante. Para superar esta tendencia, subraya la importancia de que las comunidades se apropien de su identidad africana e indígena, ya que esto es crucial para la capacidad de respuesta y el desarrollo regional.
El componente racista, aunque a veces no consciente, sigue perceptible en la región y representa otro desafío significativo. El director enfatiza la necesidad de superar estas actitudes para construir una sociedad más inclusiva y solidaria. Destaca la filosofía garífuna del “hou buni” (abrazo), que implica una interdependencia solidaria, y señala que esta cultura está en peligro de perderse en la actualidad.
El tema de la migración forzosa también se presenta como un desafío, con factores como la violencia, la pobreza y la falta de empleo que impulsan a las personas a abandonar sus hogares. En el ámbito de la inversión en infraestructura, destaca la necesidad de proporcionar acceso al servicio de energía eléctrica a las comunidades garífunas, especialmente en lugares como Iriona, en el departamento de Colón, que es considerado el centro de la cultura garífuna.
OFRANEH
La Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH) ha resistido por más de cuatro décadas contra la expansión de la agricultura industrial, complejos turísticos, represas hidroeléctricas, minería y narcotráfico. Surgió en 1978 para proteger los derechos de las comunidades garífunas en la costa caribeña de Honduras. Destaca la importancia de la Matrifocalidad, liderada por mujeres y la fortaleza espiritual de las abuelas en la religión Dügü.
El territorio garífuna se basa en la posesión colectiva y comunitaria de la tierra, especialmente en el cuerpo social de las mujeres. OFRANEH se preocupa por preservar la memoria del pueblo garífuna amenazado por el Estado y organismos financieros. La matrifocalidad ha sido crucial, pero enfrenta desafíos ante políticas de homogeneización cultural y despojo de tierras.
La herencia matrilineal ha sido sustituida por la patriarcal, afectando la visión tradicional de las mujeres como herederas. La pérdida del alagận (herencia) amenaza el territorio garífuna, deseado por sectores como el turismo y la palma africana. A pesar de los desafíos, las redes de mujeres garífunas mantienen tradiciones y luchan por la supervivencia cultural y territorial, enfrentando la influencia de los medios y la falta de apoyo a la educación bilingüe intercultural.
En la actualidad, el pueblo garífuna lucha contra megaproyectos, corporaciones y la avanzada neoliberal que amenaza los bienes comunes en sus territorios. La década de 1970 marcó la reforma agraria en Honduras, pero el acaparamiento de tierras por terratenientes nacionales e internacionales priorizó los intereses del capital extranjero. La violencia institucional, con su componente racista, persiste, afectando la vida de las comunidades garífunas y exacerbando la precarización.
Las vidas garífunas también importan
Luego de las marchas del movimiento Black Lives Matter (“las vidas negras importan”), surgió un también en Honduras una lucha nombrada “las vidas garífunas también importan”. El detonante de esta lucha fue el secuestro de cuatro líderes garífunas, supuestamente perpetrado por hombres vestidos con uniformes policiales, según testigos.
Nadie supo de los activistas garífunas que fueron sacados a la fuerza de sus casas en la comunidad de Triunfo de la Cruz, en la costa hondureña. En 2015 fue una zona reconocida por la corte Interamericana de Derechos Humanos como tierras ancestrales del pueblo garífuna, la situación ha generado un creciente conflicto y enfrentamientos
Las sentencias de la Corte-IDH reconocieron la propiedad ancestral garífuna en la región, sin embargo, la conflictividad ha aumentado, con amenazas y persecuciones contra activistas garífunas que denuncian la falta de protección por parte de las autoridades.
El gobierno hondureño emitió un comunicado, reafirmando la “plena voluntad y compromiso” del Estado para cumplir con las acciones necesarias. Calificaron como “repudiables” los recientes hechos sufridos por el pueblo garífuna, que incluyen el secuestro de los cuatro defensores del territorio ancestral.
Según testigos, hombres armados con chalecos de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) sacaron a los líderes de sus hogares en la madrugada del 18 de julio de 2020 en la comunidad de Triunfo de la Cruz. Entre los desaparecidos se encuentra Sneider Centeno, presidente del patronato de la comunidad y miembro activo de la Organización Fraternal Negra de Honduras (Ofraneh).
Caso Guadalupe
Este caso de estudio se centra en la comunidad garífuna de Guadalupe en la bahía de Trujillo, Honduras, y es resultado de la colaboración entre la Universidad de Deusto en España y el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC-SJ) de la Compañía de Jesús en Honduras. La investigación se llevó a cabo en 2018, con entrevistas a líderes comunitarios y miembros de organizaciones de apoyo.
Los garífunas, fruto de mestizaje entre africanos liberados de la trata esclavista e indígenas caribes arawaks, han sido reconocidos como pueblo indígena. Aunque están presentes en varios países, la mayor población reside en Honduras. La Unesco declaró su cultura como patrimonio cultural inmaterial en 2003. En Honduras, tienen 46 comunidades a lo largo del litoral atlántico.
A pesar de la titulación de tierras en 1998, las comunidades garífunas han experimentado una privatización masiva. La Ley para la Modernización y el Desarrollo del Sector Agrícola de 1992 permitió la venta de tierras colectivas, llevando a procesos irregulares en los últimos 30 años. La pérdida de legitimidad estatal después del golpe de Estado de 2009 aceleró el despojo. Además, la creación de áreas naturales protegidas limitó derechos sin consulta previa.
La bahía de Trujillo se convirtió en un foco de pérdida de territorios, con la venta ilegal de tierras para proyectos turísticos. En Guadalupe, la inscripción irregular de desmembramiento de tierras y su posterior venta a la empresa canadiense Carivida generó desalojos y detenciones de líderes comunitarios. La resistencia incluyó la detención de una líder comunitaria bajo cargos de usurpación, quema de casas, ataques a cosechas y amenazas de agresiones físicas. La comunidad se dividió debido a desinformación sobre oportunidades laborales en el proyecto turístico.
La resistencia de la comunidad garífuna de Guadalupe frente al despojo de sus tierras y el proyecto Njoi Trujillo se basa en diversas estrategias:
Comunidades garífunas que enfrentan la amenaza constante de la impunidad y peligro de perder sus vidas
