Daisy Bonilla

San Pedro Sula, Honduras.

“Nacer en Honduras, primero es una desgracia, al nacer mujer se suma otra desgracia, nacer en una familia de escasos recursos también es una desgracia”, expresión del Diputado al congreso nacional, Denis Castro Bobadilla.

Sus palabras hacen referencia a la vulnerabilidad de los derechos humanos de las mujeres que nacen en este país centroamericano, y según el estudio del BID sobre el femicidio en Honduras, este se cataloga como uno de los países con las tasas de muertes violentas de mujeres más altas del mundo.

Según monitoreo de la red Cattrachas.org, las muertes violentas de mujeres en Honduras desde el inicio del 2021 hasta el 27 de septiembre, ya sumaban un total de 249 casos. Siendo Cortés el departamento con más casos, 49 en total, seguido de Francisco Morazán, con un registro de 45 casos. Los otros departamentos que se suman a la lista son Olancho, Atlántida, Yoro, Copán, Comayagua, Islas de la Bahía, Lempira, Santa Bárbara y Colón.

https://www.cattrachas.org/sistemas

La misma mano que la acaricia, también la golpea y hasta la asesina

Durante la pandemia COVID-19, como consecuencia del confinamiento decretado por el Estado, también hubo un resurgimiento de la violencia contra las mujeres demostrando que su vulnerabilidad ocurre tanto en los espacios públicos como en privados. Según datos del Observatorio de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (IUDPAS) en el boletín no. 85, el agresor generalmente es una persona cercana a la víctima, en muchos casos es su pareja o ex pareja.

La casa de habitación fue el principal espacio donde ocurrieron las muertes violentas de mujeres y femicidios (MVMYF), con 108 víctimas (36.6%). En la vía pública, solar baldío o intemperie y fi­ncas o campos se registraron 138 víctimas (46.8%). También, se reportaron casos en empresas o negocios (11), vehículos particulares (11), cárceles (7), hoteles (2), transporte colectivo (2).

La directora de la Asociación Calidad de Vida, Ana Cruz, expresó que el año 2020 fue un año “aterrador” para muchas mujeres que afrontaron dos pandemias; la del COVID 19 y la del machismo. Asimismo, exigió al Estado de Honduras reconocer el estado de emergencia por los femicidios que se registraron en el 2020 y las 105, 000 denuncias por violencia doméstica. Cruz, lamentó que; “las mujeres no son escuchadas en Honduras no tenemos voz ni voto”.

En Honduras no hay respeto a la vida

“El tema de los femicidios requiere un abordaje integral, la investigación criminal en Honduras es imperfecta, afirmó Julissa Villanueva, médica forense. Añadió que “el personal que trabaja en este campo no está capacitado, no hay tecnología, no cuentan con toda la logística y obedecen muchas veces a intereses creados, y el 95% de casos están en la impunidad y que solo el 4 o 5 % se judicialice es una muestra del interés que las autoridades tienen sobre esta temática” apuntó. “Desde el mismo congreso nacional se crean leyes nefastas que más bien disminuyen las penas contra los que hay que juzgar”, puntualizo Villanueva.

Para la abogada Gracia Bertrand, con la reducción de las penas por agresiones y femicidios el nuevo Código Penal violenta “el principio de progresividad de los derechos humanos” y también, las conquistas históricas de las mujeres. Entonces, resulta oportuno preguntarse es otra consecuencia del machismo y de la violencia estructural que están arraigados en la sociedad hondureña, además de los “paradigmas insertados por la religión”.

El femicidio, máxima expresión de violencia que sufre una mujer

La Organización Mundial de la Salud, OMS, precisa el femicidio como “el asesinato intencional de una mujer por el hecho de ser mujer”. Sin embargo, las características del femicidio en Honduras, difieren de las tendencias en otros países de América Latina y el resto del mundo debido a que una importante proporción de los casos corresponde al femicidio íntimo, es decir, ejecutado por la pareja o la expareja. En Honduras, la mayoría son perpetrados por la delincuencia organizada y una importante cantidad son clasificados en la categoría “sin determinar”, según el boletín no.85 del IUDPAS.

Educación sexual integral

Gran parte de la sociedad hondureña continúa “cosificando” la figura de la mujer, esta práctica cultural es aprendida desde los primeros años de vida, solamente con una educación sexual integral podremos revertirlo. Es oportuno recordar que el confinamiento por la pandemia del COVID19, ha obligado a las niñas, adolescentes y mujeres a permanecer encerradas junto a sus victimarios lo que las imposibilita de buscar ayuda o simplemente denunciar.

La psicóloga, Isis Romero, mencionó que, entre los beneficios de contar con una educación sexual integral, se encuentran; la reducción de pacientes con enfermedades de transmisión sexual, la reducción de cifras de embarazos no deseados en adolescentes, y el abuso sexual en etapas más tempranas.

De acuerdo a informes del Sistema Nacional de Emergencias 911 de Honduras, durante el año 2020 se contabilizaron 76,520 reportes por violencia doméstica e intrafamiliar, un 8% más que en el 2019, cuando se registraron 70,924 denuncias. Boletín de enero, febrero y marzo 2021 del Instituto Nacional de la Mujer, INAM.

La coordinadora del Observatorio de Derechos Humanos de Mujeres, CDM, Helen Ocampo, expresó que estos crímenes “con los años se han ido normalizando más”. Según el CDM, entre 2011 y 2020 se registraron un total de 4,707 casos de muertes violentas de mujeres en Honduras.

“Es un dato escalofriante y enorme”, además de que estos hechos “se han seguido normalizando en los medios y no se está haciendo nada al respecto”, lamentó Ocampo. “Más bien, el Congreso Nacional disminuyó en el nuevo Código Penal, vigente a partir de junio de 2020, las penas por delitos contra mujeres, entre ellos el femicidio, cuyo castigo se redujo de entre 30 y 40 años de cárcel a entre 20 y 25”, señaló.

Queda evidenciada la “poca voluntad política” que hay para atender las necesidades de este segmento de la población, incluyendo la justicia, la educación, la salud y las posibilidades para desarrollar una vida “un poco más plena”, amplió.

En julio de 2020, a raíz de la pandemia de COVID-19, el Congreso Nacional aprobó un decreto que contiene una serie de medidas especiales de prevención, atención y concientización sobre la violencia doméstica. Para María Luisa Regalado, directora ejecutiva de la Colectiva de Mujeres Hondureñas, CODEMUH, resulto interesante la medida, aunque se mostró partidaria de que la investigación y judicialización de los casos es un imperativo.

Regalado, ponderó que el Ministerio Público y el Poder Judicial, continúan en deuda porque no es que las mujeres no estén denunciando, las mujeres sí denuncian, el mayor problema es que no hay respuesta de las instituciones desde el Estado.

Reina Isabel Banegas, jefa de la unidad de Femicidios de San Pedro Sula, de la secretaria de seguridad admitió que la mora investigativa es de un 90% en la zona norte de honduras periodo 2014- 2020: “La respuesta para sancionar a los agresores es baja, las oficinas de investigación no cuentan con la capacidad para dar respuestas, solo tenemos 4 agentes y un vehículo, expreso. La carga laboral y la mora que tenemos en la unidad sobrepasa la cantidad de recursos con que se cuenta, de tal manera que generar una respuesta pronta y positiva es difícil.”

Agregó que: “No hemos recibido ninguna capacitación en relación con muertes violentas de mujeres. Eso debería preocupar a la superioridad. Estos casos son muy delicados y de connotación social. Lastimosamente no es así y lo que hemos aprendido ha sido de forma empírica, hemos resuelto investigaciones que incluso van con pruebas científicas que condenarían al acusado, pero, una vez que ingresan al Poder Judicial, ahí desestiman el caso”.

El IUDPAS en su boletín numero 85, refleja que durante el periodo comprendido de enero – febrero de 2021, los mecanismos utilizados para darle muerte violenta a mujeres y femicidios corresponde el 52.8% a la pistola, 18.9% arma blanca, un 15.1% otras armas y el 13.2 % se desconoce.

La violencia contra la mujer es también un problema de salud

La violencia contra la mujer es también un problema de salud pública, es algo inaceptable y por lo tanto no puede ignorarse y debe estar presente en la inversión en materia de seguridad que establece el Gobierno, porque no se vale que disminuyan los homicidios y los femicidios aumentan”, expresó Migdonia Ayestas, coordinadora del Observatorio Nacional de la Violencia, ONV, de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, UNAH.

Ayestas, agregó que la pobreza, corrupción y el narcotráfico son parte grave de los problemas que afronta Honduras y a estos se agrega la inseguridad; deja a diario muertes violentas de hombres y mujeres, en este último se tipifican varios en femicidios, todo ello se desarrolla en medio de una pandemia del COVID-19 que forma parte de la crítica situación que atraviesa el sistema de salud en el país.

Las estadísticas de la organización Cattrachas, revelan que las zonas urbanas son de alta peligrosidad para la subsistencia de la mujer y en menor escala las zonas rurales. Por su relación con la victima estos fueron: crimen organizado 47, desconocido 64, esposo 15, ex esposo 3, ex novio 6, hostigador 3, indeterminado 96, novio 9, pariente 11, vecino 1.

Según el artículo 44-A del Decreto 106-2016 publicado en el Diario oficial La Gaceta, para la investigación de los delitos de muertes violentas de mujeres y femicidios se creó la Unidad de Investigación de Muertes Violentas de Mujeres y Femicidios (UMVM) adscrita a la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), la iniciativa la presento Fátima Mena, diputada por el departamento de Cortes del Partido Anticorrupción (PAC).

Dos años después, en agosto del año 2018 se instaló la Comisión Interinstitucional de Seguimiento a las Muertes Violentas de Mujeres y los Femicidios, constituyéndose como un espacio de articulación de estrategias y consensos entre las diferentes instancias del sector público y representantes de organizaciones de mujeres vinculadas al tema de los femicidios. Actualmente, cuentan con un Reglamento, pero se desconocen los avances puntuales de la mencionada comisión.

Femicidios que han trascendido por la cuestión mediática

Aida Flores, una joven de 15 años residente en Roatán, recibió en febrero de 2021 una invitación para una entrevista de trabajo a través de Facebook y días después fue encontrada muerta.

Keyla Martínez Rodríguez, estudiante de enfermería que apareció muerta (asfixia mecánica) bajo custodia policial en la Esperanza Intibucá en febrero de 2021.

Claudia Ninoska Peraza, conocida en TikTok como Daniela Peraza, asesinada de un disparo en San Pedro Sula, Cortes en septiembre 2021.

Karen Suyapa Lara Zamora, de 49 años fue asesinada a machetazos en Tocoa, Colon. Julio 2021

Berta Cáceres, ambientalista y cofundadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas, COPIN, fue asesinada a balazos en marzo de 2016 en la Esperanza Intibucá

María José Alvarado, Miss Honduras Mundo y su hermana Sofía Alvarado, fueron asesinadas el 2014 en La Arada, Santa Bárbara.

Janeth Kawas de 48 años, era presidenta de la Fundación para la Protección de Lancetilla, Punta Sal y Prolansate, fue asesinada de un balazo en Tela, Atlántida en febrero de 1995.

Riccy Mabel Martínez, estudiante normalista de 17 años asesinada en julio 1991. Su cadáver fue encontrado desnudo, mutilado y en estado de descomposición. Es considerado el primer femicidio ocurrido en Honduras

Claudia Isabel Antúnez, 22 años, trabajaba en una farmacia en Roatán, fue raptada y posteriormente atacada a puñaladas en Julio 2015.

Finalmente, se enumeran causas múltiples sobre las muertes violentas de mujeres, pero ninguna de ellas constituye un argumento válido para quitarle la vida a una mujer.

A raíz del confinamiento por la pandemia COVID 19, la mujer se situó en condiciones de mayor vulnerabilidad al tener que asumir tareas como el trabajo doméstico, desempeñar varios roles como esposa, como madre y como profesional a través del teletrabajo.

Al observar la cantidad de casos judicializados por la muerte violenta de mujeres y femicidios es urgente demandar mayor celeridad del Estado para reducir la mora judicial que pasa por la asignación suficiente de recursos humanos, técnicos y financieros para aplicar de forma rigurosa los procedimientos de investigación policial y médico forense. Esta acción fortalecerá el sistema de justicia y reducirá los altos índices de impunidad por este delito y las mujeres recobraran la confianza en la aplicación de la justicia hondureña.

Esta publicación fue realizada con el apoyo del Fondo de Respuesta Rápida para América Latina y el Caribe organizado por Internews, Chicas Poderosas, Consejo de Redacción y Fundamedios. Los contenidos de los trabajos periodísticos que aquí se publican son responsabilidad exclusiva de sus autores y no necesariamente reflejan los puntos de vista de las organizaciones.

 562 total views,  4 views today

¿De cuánta utilidad te ha parecido este contenido?

¡Haz clic en una estrella para puntuar!

Promedio de puntuación 5 / 5. Recuento de votos: 2

Hasta ahora, ¡no hay votos!. Sé el primero en puntuar este contenido.

Dejar una respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here