La decisión tomada por el pleno de la Corte Suprema de Justicia, ratificando la decisión de un juez natural para dar luz verde a la extradición de Juan Orlando Hernández Alvarado, no es una sorpresa, dice el diputado Ramón Enrique Barrios, presidente de la Comisión Especial para extradiciones del Congreso Nacional.

No sorprende porque en todos los procesos de extradición que se han ventilado en el país, las apelaciones presentadas no han pasado a mayor cosa. Solo en este caso de Juan Orlando Hernández ha levantado muchas expectativas por ser un expresidente.

Este caso hace sentir vergüenza porque se trata de un expresidente, que durante varios años fe la máxima autoridad el país, dice Barrios. Por otro lado, también deja un sentimiento de impunidad en el país, porque en realidad fueron 12 años en el poder los que estuvo y la institucionalidad nunca reaccionó, aunque era un secreto a voces su participación en el narcotráfico.

Lealtades en la Corte

La votación del pleno de la Corte Suprema de Justicia fue unánime en el delito de tráfico de drogas, sin embargo, dos de los magistrados votaron en contra de los delitos de asociación para delinquir, tráfico de armas y explosivos.

Al abogado Ramón Barrios, estos dos votos particulares le llaman poderosamente la atención porque normalmente a los extraditables siempre se le imputan los mismos tipos penales, pero en este caso estos dos magistrados votaron en contra, porque seguramente ya tenían una jurisprudencia. Quiere decir que la estructura de Juan Orlando Hernández sigue ahí y alcanzaron a moverse en último momento en la decisión que se tomó.

El diputado opina que esa estructura de poder que construyó Hernández Alvarado dentro de la Corte Suprema de Justicia sigue viva y si no hubiese sido la presión de los Estados Unidos; jamás hubiese avanzado el proceso de extradición.

En tono de ironía el abogado Ramón Barrios señaló que:  “qué bueno que tenemos un fiscal general ocioso que ha demostrado una opacidad enorme, porque si él hubiera tomado una de las 32 denuncias contra Juan Orlando Hernández y las judicializa jamás se hubiera autorizado la extradición del expresidente”.

Intentó huir

Barrios está convencido que los Magistrados y el fiscal general se confiaron.  “Si ellos hubiesen anticipado el actual escenario bien hubieran judicializado una de esas 32 denuncias”, dice. Contó que en las reuniones que han tenido como Comisión de Extradición se ha entrevistado con agentes de la DEA en Honduras.

“Ellos me establecían que Juan Orlando Hernández intento ingresar a Nicaragua inmediatamente que él dejó la presidencia, pero que había un comando de la DEA que le advertía que si lo hacía, lo iban a capturar y lo iban a llevar hacia Estados Unidos inmediatamente”.

“El de ahí decide regresarse a su domicilio y jugarse la última carta; dar la batalla en la Corte Suprema de Justicia, enfrentar el proceso de extradición porque creía que todavía dominaba esa estructura”, detalló el diputado.

No hay negociaciones con Estados Unidos

Desde su captura el expresidente Hernández se ha mantenido firme en el discurso de ser inocente. Para el abogado Ramón Barrios esto es indicativo que no ha tenido acercamiento o negociaciones con la justicia norteamericana.

“Lo que sí tuvo fue acercamiento con el gobierno de Nicaragua porque se quería refugiar allá, sin embargo, este gobierno le dijo que no. No porque no le de refugio a los expresidentes salpicados en corrupción, sino porque hubo presiones de Estados Unidos para que no lo aceptaran. Porque a ese nivel hay concesiones, pues Nicaragua tiene problemas de reconocimiento por toda la problemática que internamente, por lo que no fue aceptada la solicitud del ex presidente de quedarse allá”, detalló.

Ramón Barrios dice que es necesario comenzar a hablar del fortalecimiento de la institucionalidad en Honduras. Para se requiere acelerar el proceso de instalación de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Honduras CICIH, y con ello decirle a las Naciones Unidas que nuestra institucionalidad no está preparada y que se necesita de su acompañamiento.

“La misma tiene que venir por lo menos por un período de 5 o 6 años mientras se fortalece con todas las leyes que se puedan aprobar desde el Congreso Nacional. Y desde el Congreso se están haciendo las reformas serias para dar herramientas, para que la CICIH tenga mejor capacidad de maniobra y así junto al Ministerio Público tengan mayor capacidad de actuar frente a la corrupción”, señaló Barrios.

Juicio político  

Desde hace varias semanas la Comisión Especial de extradiciones del Congreso Nacional ha sostenido reuniones con el Fiscal General de la república, Magistrados y Magistradas de la Corte Suprema de Justicia y el Ministro de Seguridad.

Barrios dice que se está sistematizando la información y la próxima semana el informe será presentado al pleno del Congreso con las recomendaciones para tomar decisiones. De encontrar responsabilidades se podrían hacer interpelaciones o celebrar un juicio político. No se descarta que la comisión pueda recomendar, eso dice.

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