Las personas hondureñas en sus hogares reportaron por siete años que la violencia doméstica fue la falta más cometida y la violencia intrafamiliar encabezó las cifras de delitos.
Segunda Parte
A partir del 15 de febrero
Tegucigalpa, Honduras | Reporteros de Investigación. La Violencia Doméstica fue la falta más denunciada en la Policía y en el Sistema Nacional de Emergencias (911). La Ley Especial de Violencia Doméstica manda en su artículo 8 que cuando el agresor incurre nuevamente en estos actos, el caso pasa a ser investigado por el Ministerio Público para la acción penal correspondiente.
Mientras el Código Penal de 1983 convertía la violencia doméstica reincidente en violencia intrafamiliar con una pena de 1 a 3 años; en el nuevo Código Penal de 2020 la violencia doméstica (VD) reincidente ahora es definida como maltrato familiar con una pena de seis meses a un año y multa de cien a doscientos días de prestación de servicios de utilidad pública a las víctimas por el mismo tiempo.
Esta nueva ley incorporó la violencia contra la mujer con una pena de uno a cuatro años de cárcel. Las denuncias de violencia doméstica son atendidas por el sistema mediante el Juzgado Especial de Violencia Doméstica que conoce estas faltas.
| Artículo 209. Violencia contra la mujer. Quien en el marco de relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres basadas en género ejerce, violencia física o psíquica sobre una mujer debe ser castigado con las penas de prisión de uno (1) a cuatro (4) años y multa de cien (100) a trescientos (300) días o prestación de servicios de utilidad pública o a las víctimas por el mismo tiempo. |
| • El acoso sexual desapareció del actual Código Penal y ahora tiene otro nombre relacionado con violencia de género. (Abogado de RI: Antes había un capítulo entero de Delitos contra la integridad corporal que hablaba de violencia contra la mujer y ahora eso se resumió en dos artículos de violencia de género en el Código Penal del 20 de junio de 2020, decreto 130-2017). |
Código Penal, vigente desde 2020
Desde el momento de la socialización del Código Penal el movimiento de mujeres en Honduras denunció que la nueva normativa representaba un retroceso en materia de acceso a la justicia para las mujeres.
La Falta por Violencia Doméstica es valorada en Juzgados Especiales si hay en la ciudad o por el Juzgado de Paz o por el Juzgado de Letras que conozca diversas materias; los delitos penales que castigan la violencia contra la mujer son evacuados en juzgados de letras y tribunales de sentencia.
Antes había solo un Juzgado Especial de Violencia Doméstica, en la actualidad existen cinco: en Tegucigalpa, San Pedro Sula, La Ceiba, Roatán y Choluteca.
Antes del nuevo Código Penal
El análisis de las solicitudes de información pública para conocer la situación entre 2014 y 2021 muestran que cuando la VD se convirtió en Violencia Intrafamiliar y fue perseguida por el Ministerio Público, también encabezó las cifras por las que la justicia penal promovió una acusación criminal.
Como resultado, entre 2014 y 2021 la violencia intrafamiliar fue el segundo delito por el que más acusaciones criminales se presentaron en los juzgados de letras del país. Esto evidencia la presión que ejerce en el sistema penal la avalancha de denuncias.
Vea la estadística oficial que analizamos con herramientas de Periodismo de Datos
Haga clic en el interactivo para ver los delitos y el número. En el Poder Judicial, entre 2012 y 2020, es decir en ocho años, la portación ilegal de armas y la violencia intrafamiliar, encabezaron la cifra de los delitos por los que ingresan requerimientos fiscales a los juzgados penales del Poder Judicial. Esta tendencia se ha mantenido.
“La ley manda que cualquier persona que tenga conocimiento del caso puede realizar la denuncia, pero la afectada debe ir al órgano jurisdiccional que conozca la causa para ratificar su denuncia. Entonces no hay proceso si la misma afectada no firma la denuncia y eso ¿de qué nos sirve, dígame? A nosotras nos preocupa eso porque la ley sí necesita reformas”, dice la coordinadora de la Red Regional de Mujeres del Sur, Blanca Guevara, en su oficina en Choluteca.
Es una mañana agitada para ella, como todos los días, las mujeres del sur de Honduras llegan desde diferentes ciudades para pedir su ayuda.
En las comunidades
“Estamos viviendo una problemática en el municipio de Marcovia por tantos femicidios, ha habido tantas muertes de mujeres. En el juzgado tenemos una problemática de que la secretaria pasa enferma y está de edad, entonces no hay secretaria en el juzgado; entonces si una mujer va a ser atendida por el juez no la atiende porque el problema está que la secretaria no está, no tiene asistente”, describe Dunia Campos, defensora de derechos de la mujer, formada por la Red Regional de Mujeres del Sur.
Una mañana de agosto de 2021, Dunia Campos llegó a la oficina que dirige Guevara y se reunió con mujeres de distintos puntos del sur del país para aprender más sobre las violencias de género.
Al ser entrevistada para esta investigación, Dunia hablaba de su ciudad natal, Marcovia, el municipio con mayor movimiento económico Choluteca, un departamento en la costa pacífica de Honduras. De acuerdo con la Red Regional de Mujeres del Sur, Marcovia en 2021 fue el municipio que encabezó las cifras de muertes de mujeres en Choluteca, según las denuncias recibidas.
“Aparecen asesinadas, no sabemos si son sus propias parejas las que las matan. Van tres en menos de un mes”, dijo Campos. En la experiencia de Campos, la ingesta de droga, alcohol, el robo y los asaltos van ligados a la violencia contra la mujer.
La respuesta que reciben de las autoridades es que investigan a personas por estas muertes. En contraste con la muerte de mujeres, hace años en Marcovia no hay sentencias por violencia doméstica.
En otro municipio de Choluteca, en Namasigüe, ahora las autoridades judiciales cobran dinero de transporte a las mujeres para mandar a citar al agresor, denuncia la defensora Blanca Guevara. No es una denuncia nueva. Las defensoras la repiten por diferentes medios de comunicación.
Silencio por miedo
En la zona noroccidental se registran los mayores índices de violencia contra las mujeres, la defensora de derechos de la mujer María Luisa Regalado dice que pese a la gravedad, sienten que la justicia no da respuesta.
“Las mujeres tienen miedo a denunciar porque van a los juzgados y de repente les dicen ‘no les vamos a tomar la denuncia hoy’. No hay quien atienda y en el marco de la pandemia ha sido peor. En Choloma, en todo este tiempo, todavía el año pasado solo estaba una jueza para atender violencia doméstica y nosotros tuvimos la experiencia de mandar a mujeres a que fueran a interponer la denuncia” y no las podían atender porque solo estaba la jueza y estaba ocupada o mal de salud. Ese no es un problema de la jueza, sino un problema estructural de justicia.
En el marco de la pandemia en 2020 decían que atendían las denuncias, pero no había transporte por el toque de queda.
En todo un año de pandemia no implementaron sistemas electrónicos para que las personas, que trabajan en el Poder Judicial y tienen enfermedades de base, pudieran atender a las mujeres, explicó la defensora de derechos humanos María Luisa Regalado.
Encubrimiento
Para la defensora feminista del Movimiento de Mujeres Visitación Padilla, la abogada Dalila Flores, con 15 años de experiencia en este tipo de litigios, esta violencia es incentivada por la permisividad de funcionarios públicos o en algunos casos porque los agresores son policías o familiares de autoridades.
Después del Golpe de Estado y con la pandemia de covid-19 se han anulado avances, por ejemplo, en el Juzgado Especial de Violencia Doméstica, antes en audiencia se podía ampliar la acusación; con el Golpe de Estado de 2009 este fue un cambio paulatino, en la práctica se restringió el derecho para ampliar la acusación, reveló Flores. Esto genera costo económico y emocional para las mujeres.
Es en este contexto la violencia doméstica que está ocurriendo en privado debe visibilizarse en público, pero la autoridad lo complica cada vez más: Un testimonio de la mujer ya no es suficiente, todo se ha ido tornando más difícil —comenta la defensora feminista—. Simple y sencillamente antes los medios de prueba eran testimonios de los hijos, la familia, personas que conocían, hoy están exigiendo más medios probatorios. “Recordemos que la violencia doméstica se da en privado”.
Se requieren más pruebas para obtener una condena; ahora las citaciones son hechas por teléfono, en otros casos deben ser hechas o financiadas por las víctimas pagando el transporte de los receptores; el período entre audiencias es muy largo y en ese lapso, las mujeres dejan los procesos abandonados, esto genera un declive y muestra que al personal le falta sensibilidad, dijo Flores.
Cuando no se llevan suficientes elementos probatorios, en los juzgados en algunos casos están dejando en libertad a los agresores o condenando a las mujeres y que no lograron probar la acusación, reveló Flores.
El Poder Judicial no registra estadísticas claras para conocer el número de casos que entran por año y cuántos de estos terminan en sentencia condenatoria cada año, desglosado por género.
Miedo
En septiembre de 2021, la defensora de derechos de la mujer, integrante del Movimiento de Mujeres por la Paz Visitación Padilla (Chonas) llevaba dos casos de mujeres condenadas por violencia doméstica. Son mujeres que han sufrido violencia por años, pero con todos los medios probatorios no lograron comprobar el hecho.
En otros casos, a las mujeres no las dejan hablar. Hay una jueza en el Juzgado de Violencia Doméstica de Francisco Morazán que no le permite hablar a la mujer; sería interesante conocer cuántas sentencias condenatorias contra la mujer ha emitido, denunció Flores. Para esta investigación se solicitó al Poder Judicial un listado específico de sentencias emitidas por número de juez o jueza, pero no facilitaron la estadística desglosada de esta manera.
Desde 2016 hay menos denuncias porque muchas mujeres ya no creen en el sistema y solo se sienten protegidas si las acompaña una organización, platica Flores.
Las historias de primera mano que reciben las defensoras consultadas para esta investigación les hacen concluir que las mujeres tienen miedo de acudir a denunciar y si denuncian, terminan conciliando o sus procesos son caducados porque las amenazan a muerte o porque les dicen que les van a quitar a sus hijos, porque ellas no tienen ingreso para mantenerlos.
Juicios caducados o en abandono
La denuncia de las defensoras feministas es corroborada por los datos. Otro hallazgo de esta investigación fue que hay un aumento de los procesos caducados de violencia doméstica, de acuerdo con los registros del Poder Judicial. Desde 2016 ha habido un declive en los ingresos de denuncias.
Las bases de datos analizadas para esta investigación reflejaron que en 2016 se dejaron caducar en los juzgados de paz y de letras dieciocho mil seiscientos cincuenta y siete denuncias de mujeres. Los años posteriores, el número de ingresos de denuncias de mujeres disminuyó significativamente en esos juzgados, de diecinueve mil en 2016 a casi trece mil en 2020. Los Juzgados de letras reciben acusaciones por delitos contra la mujer, los juzgados de paz reciben denuncias por delitos y faltas y están ubicados en municipios más pequeños.
Los gráficos explican procesos caducados de violencia doméstica y muestra que las denuncias han ido hacia la baja aunque en pandemia hubo un crecimiento por los días que las mujeres permanecieron en casa.
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El abogado Milton Arguijo ha sido defensor de personas acusadas en los Juzgados Especiales de Violencia Doméstica.
Mientras las feministas proponen que la Ley de Violencia Doméstica sea parte de la normativa penal y castigar con cárcel a los agresores, el procurador privado coincide en que la ley sí debe ser revisada pero, según su visión, “para ser más equitativa en relación con el hombre. Aunque el hombre en muchas ocasiones es agredido, no se toma en cuenta”. Arguijo contó que uno de sus clientes fue denunciado por violencia sicológica, pero al estudiar el caso, “consideramos que era una denuncia básicamente incongruente porque al estudiar el trámite del asunto creemos nosotros que más bien era la mujer que quería obstruir el derecho que el padre tiene para ver a su hija”.
Pese a esta percepción del defensor privado, las cifras muestran que los hombres también están haciendo uso de la Ley de Violencia Especial de Violencia Doméstica. Cuatro de cada diez denuncias hechas en las postas policiales, fueron promovidas por hombres entre 2014 y 2021.
| Cifras de denuncias de violencia doméstica, proporcionada por la secretaría de seguridad (2014-2021) | |
| Sexo de la persona que denuncia | cifra |
| Femenino | 35723 |
| Masculino | 14932 |
| suma total | 50655 |
“Comparación entre denunciantes masculinos y femeninas, Sexo denunciantes de VD y edad de las personas denunciadas. La mayoría de denuncias fueron interpuestas por mujeres y la edad de los denunciados esté entre los 26 y 55 años, alcanzando un pico a los 39 años, según las cifras del Poder Judicial.
Las convenciones internacionales han reconocido que la marginación y discriminación histórica ha dado lugar a las acciones afirmativas para erradicar todas las formas de discriminación contra la mujer.
En cambio, en Honduras después de 2009, el Poder Ejecutivo prohibió el uso de las Pastillas de Anticoncepción de Emergencia (PAE). A partir de 2010, un solo partido gobernó Honduras en medio de señalamientos de narcotráfico, concentración de poder en la figura presidencial y fraude electoral. La consecuencia de todo eso en la vida de las mujeres ha sido el retroceso en el sistema de justicia especial de violencia doméstica.
De marzo de 2021 a febrero de 2022, el equipo de Reporteros de investigación trabajó en esta investigación periodística, con Periodismo de Datos. Este es un trabajo producido con el apoyo técnico de Datacrítica, de México, y del Consorcio CAPIR.
