Juan Ramón Martínez
Carlos Reina, con la Reforma Militar provoco el peor daño a la República. Antes quiso que su hermano Jorge Arturo — mal visto por los militares– dirigiera el Congreso. Engañando a Carlos Flores, que le había cedido la oportunidad de ser presidente. Con la reforma, desacomodo la institucionalidad democrática. Los militares habían aprendido la lección después de haber sido concubinas del Partido Nacional. Estaban listas para obedecer a la institucionalidad sin dar oportunidad que las volvieran a usar los políticos. Además, la supresión del servicio militar obligatorio aumentando los costos del sistema. Los soldados se volvieron empleados, –sin espíritu cívico–; y disposición para el sacrificio como exige la vida militar. Su capacidad de sacrificio se redujo sensiblemente.
Los efectos negativos, no tardaron: el primero la emergencia de las maras y pandillas. El segundo, entre los oficiales, lentamente broto del oportunismo de los oficiales – burócratas que se recostaron sobre el Ejecutivo—volviéndose cortesanos serviles, como medio para ascender, ocupar posiciones y obtener canonjías diversas. A cambio de irrespetar la ley.
Hasta el 2009, los militares operaron al servicio del país, defendiendo la institucionalidad democrática, la soberanía popular y la alternabilidad en la presidencia de la Republica. Pero desde entonces, los militares se plegaron y, muchos se transformaron en políticos uniformados interesados solo en sus pensiones. Se pusieron de rodillas ante los gobernantes. A JOH le permitieron la reelección, aunque sabían,– por los varios estudios realizados–, que su participación en un segundo periodo, era inconstitucional.
Ahora, desde 2022, los militares se han vuelto no solo obedientes de los gobernantes civiles– renunciando a sus obligaciones constitucionales–, sino que se han convertido en el instrumento para hacer todo lo contrario de lo que ordena la Constitución de la Republico. Jorge Fortín y Roosevelt Hernández, han dado el paso que ninguno se atrevió: afirmar que son más fieles al gobernante que a la Constitución; y que el pueblo hondureño les importa poco. Además, Hernández desobedece al CN.
La culpa no es solo de los militares. Reina y Flores, que la imaginaron y la llevaron al CN, al eliminar la autonomía militar, pasaron por alto que los militares se podían someter a las órdenes de los civiles porque habían descubierto que no les convenía gobernar porque entraña descuidar sus tareas profesionales; pero que nadie garantizaría que los políticos no se comportarían como en el pasado, vencidos por la tentación de usarlos para hacer todo lo contrario de lo que ordena la Constitución: continuar en el poder, irrespetando la ley y dándole la espalda al pueblo.
Roosevelt Hernández, habla mucho. Dice qué hará lo que le ordene Xiomara Castro – con Mel Zelaya como titiritero – incluso, permitiendo que vuelva a ser candidata presidencial, mediante la convocatoria de una Constituyente, porque la considera superior jerárquica, aunque en el cumplimiento de sus órdenes viole la Constitución. Olvidando que nadie está obligado a cumplir órdenes ilegales. Se declara anti constitucionalista.
Los anteriores jefes del EMC conjunto, fueron discretos y no dieron declaraciones. Fueron más profesionales. Fortín y Hernández no. Más bien aprovecharon la oportunidad de hacer carrera política sirviendo a un partido, sin la habilidad de López Arellano, ni la discreción y el talento de aquel hombre que tenía más barrio que ellos; y que conocía mejor a los civiles, cosa que Hernández y Fortín no pueden decir.
Como estamos ante un peligroso curso que puede dar por el suelo con el sistema democrático con Hernández menospreciando al poder legislativo, en el Congreso hay que modificar la cadena de mando e integrar el EMC de las Fuerzas armadas en otra forma. Además hay que someter al nombramiento del Jefe del Estado Mayor Conjunto al Congreso, a petición del ejecutivo. Estableciendo que no está sometido sino al Congreso, y consagradas las Fuerzas Armadas a la defensa del territorio, la paz de la republica y el sostenimiento del estado de derecho, exclusivamente.
Es decir que hay que defender el profesionalismo de los militares y garantizar el control sobre una fuerza que no podemos dejar en manos de los políticos, porque Hernández ha demostrado que un oficial que no tiene honor y compromiso es un peligro que Reina y menos Flores pensaron que íbamos a enfrentar.
Mientras esto ocurra el Congreso debe abstenerse de entregar despachos superiores a ningún oficial de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. ¿Se atreven los diputados democraticos?
