La Mesa de Derechos Humanos urge a la presidenta Xiomara Castro que tome en consideración e implemente las recomendaciones internacionales sobre privados de libertad y los convenios que Honduras ha suscrito en la materia.
La decisión de la presidenta de nombrar una comisión para intervenir las cárceles este pasado 10 de abril, tiene su génesis en la violencia en cuatro centros penales del país donde hubo un muerto y unas 11 personas heridas.
La Mesa de Derechos Humanos se solidariza con las familias de las personas asesinadas en este y otros actos de violencia intrapenitenciaria, los cuales en su mayoría han quedado en la impunidad. Ante esa realidad, demandamos de forma urgente que se realice una investigación con una comisión independiente constituida por organismos nacionales e internacionales para identificar a los responsables de los hechos y deducir responsabilidades para evitar que los hechos se repitan.
En el pasado otras circunstancias similares incidieron para que los gobernantes de turno procedieran a nombras sus comisiones interventoras o la militarización como una respuesta violenta a la violencia. En ese sentido, está demostrado que, esas medidas han estado lejos de resolver la problemática, por eso la presidenta, en su plan de gobierno señala que las políticas de mano dura no tienen efecto positivo en ningún país del mundo sino que promueven las violaciones a los derechos humanos.
A diciembre, el Sistema Nacional Penitenciario albergaba en promedio 19,842 personas adultas en los 25 centros penitenciarios del país, aunque solo cuenta con capacidad para alojar 14.780 personas, lo que resulta en un índice de hacinamiento de 34.2%. Asimismo, al menos 51.6% de la población penitenciaria no cuenta con sentencia firme. Preocupa la ausencia de cumplimiento de la obligación que tiene el Estado de Honduras mínimamente de separar entre personas privadas de libertad procesadas y condenadas, así como su clasificación atendiendo otros criterios reconocidos en el sistema internacional, que permita una gestión penitenciaria conforme con los estándares internacionales de derechos humanos y que reduzca la violencia en los centros penitenciarios.
Las medidas adoptadas por el ejecutivo de declarar el estado de emergencia en el sistema penitenciario nacional en el mes de agosto del año pasado, estableciendo como objetivo la desmilitarización y la reforma de manera progresiva del sistema, en cuyo marco la Policía Nacional deberá traspasar a su vez la administración de manera gradual al Instituto Nacional Penitenciario (INP), nos ha parecido una decisión acertada, pero en la misma ha faltado profundizar y tocar de fondo del problema de grandes dimensiones que han sido dejados de lado por otros gobiernos.
En ese sentido le recordamos Señora Presidenta, que una intervención en las cárceles no debe responder solamente a situaciones coyunturales sino a un plan que en definitiva conduzca a una solución a largo plazo de la situación de las cárceles en Honduras.
La Comisión Interamericana de derechos humanos de forma reiterada se ha referido a la precariedad de las cárceles y ha hecho recomendaciones, entre ellas en el año 2013 y 2019, que señalan puntos clave que deben incluirse al abordar la situación de los centros penales.
En su visita in loco en 2019 la CIDH observó alarmantes niveles de hacinamiento, falta de separación entre personas procesadas y sentenciadas, deficiente infraestructura, falta de higiene, y de servicios sanitarios y lugares dignos para pernoctar. De igual forma, en los recintos penitenciarios prevalece la atención médica negligente, la alimentación insuficiente y de poco valor nutricional, el escaso e inadecuado acceso al agua, y la ausencia de programas efectivos de reinserción social. De manera general, las condiciones antes descritas fueron observadas directamente por la Comisión en los centros de detención visitados.
Entre las recomendaciones que la CIDH ha realizado figuran: que el Estado de Honduras debía establecer una estrategia para la progresiva desvinculación de las Fuerzas Armadas de las funciones penitenciarias que permita el traspaso de la gestión, tanto a nivel formal como material, de los centros penitenciarios al INP.
También la CIDH recomendó que debe haber un cambio de un sistema enfocado en el castigo a través de la privación de libertad a un nuevo modelo penitenciario orientado a la reintegración de la persona, la justicia restaurativa y la prevención de la violencia. Este enfoque también abarca a las y los funcionarios penitenciarios, así como los derechos humanos de las víctimas y de toda la sociedad en general.
Asimismo, retomar el control interno de todos los establecimientos penitenciarios; de forma tal que sea el Estado quien ejerza la seguridad interna de las cárceles y todas aquellas funciones propias de la administración de las mismas que son indelegables en los propios internos. Es este sentido, se insta enfáticamente al Estado a erradicar definitivamente la práctica de delegar facultades disciplinarias en los propios reclusos, sobre todo la posibilidad de aplicar sanciones.
Otra de las recomendaciones importantes de la CIDH es que el Estado de Honduras debe adoptar las medidas que sean necesarias, de acuerdo con los estándares del Sistema Interamericano, para asegurar que las personas privadas de libertad sean recluidas en condiciones dignas congruentes con el principio del trato humano. En particular, adoptar medidas concretas de impacto inmediato,a mediano y largo plazo para prevenir y erradicar el hacinamiento.
La Mesa de Derechos Humanos reitera que los planes represivos sin la observancia del respeto a los derechos humanos deja de lado instrumentos internacionales como las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas Nelson Mandela); la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, entre otras, lleva vidas a la tumba y la política criminal del Estado al despeñadero.
La regla Mandela 1 señala que “todos los reclusos serán tratados con el respeto que merecen su dignidad y valor intrínsecos en cuanto seres humanos. Ningún recluso será sometido a tortura ni a otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, contra los cuales se habrá de proteger a todos los reclusos, y no podrá invocarse ninguna circunstancia como justificación en contrario. Se velará en todo momento por la seguridad de los reclusos, el personal, los proveedores de servicios y los visitantes”.
Por lo antes señalado demandamos :
1.-Que la Presidenta clarifique en qué consiste la Comisión de Intervención de las cárceles en su gobierno, a través de una cadena nacional para que toda la población esté informada de qué se trata esta vez la intervención de las cárceles.
2.-Que proceda a una depuración inmediata de todas las personas involucradas en violaciones a los derechos humanos de las personas privadas de libertad.
3.-Observancia de los instrumentos internacionales de derechos humanos.
4.-Incorporación de CONAPREV y organizaciones de derechos humanos comprometidas a lo largo de la historia del país por una transformación del sistema penitenciario.
5.-Proceder a conformar una comisión internacional para investigar la violencia en las cárceles. Tegucigalpa, M.D.C 11 de abril de 2023
Organizaciones parte de la Mesa de Derechos Humanos: 1. Acción Ecuménica por los Derechos Humanos; 2. Asociación Para una Vida Mejor (APUVIMEH); 3. Asociación Nacional de Personas Viviendo con VIH; 4. Asociación para una Ciudadanía Participativa; (Aci Participa) 5. Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos (ASOPODEHU); 6. Asociación Kukulkán; 7. Casa Alianza de Honduras (CAH). 8. Centro de Desarrollo Humano Honduras (CDH). 9. Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (CIPRODEH). 10. Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de las Víctimas de la Tortura y sus Familiares (CPTRT). 11. Coordinación de Instituciones Privadas por las Niñas, Niños. Adolescentes y Jóvenes y sus Derechos (COIPRODEN). 12. Coalición Nacional de Redes y Organizaciones Ambientales (CONROA) 13. Derechos Humanos sin Fronteras (DHSF) 14. Iglesia Cristiana “Ágape”. 15. Observatorio Permanente de Derechos Humanos del Aguán 16. Madre Tierra 17. Movimiento Latinoamericano y del Caribe de Mujeres Positivas (MLCM+H) 18.CRISTOSAL
