Por Rafael Delgado Elvir
Economista. Catedrático universitario
Afortunadamente en el país tenemos una abrumadora mayoría que, quizá aún no le ha dicho la última palabra al actual régimen, pero definitivamente ya ratos dejó de creer en sus acciones. La reacción de los hondureños ante la noticia del día es punzante y no se ahorran adjetivos negativos para calificar las acciones de JOH y su entorno. No creo que existan en el pasado reciente un repudio tan duro como el que hoy sienten los que detentan el poder. Contra eso se ha construido el pesado blindaje del círculo de poder que cuenta con la alta jerarquía del Poder Legislativo, Judicial, Fiscalía y Ejército garantizándole días adicionales de protección y oxígeno, mientras todo a su alrededor se derrumba en un ambiente de incomprensión y hartazgo.
La noticia reciente sobre las tareas y los recursos adicionales que van a recibir las Fuerzas Armadas para proyectos agrícolas, es una acción más del régimen que como las demás cae en el descrédito. Según algunas informaciones que se han filtrado se les dará dinero del Fondo de Solidaridad y Protección Social para la Reducción de la Pobreza Extrema. Dicho fondo se alimenta de nuestros impuestos y es manejado en un fideicomiso del BCH sirviendo desde el año 2014 a la actual cúpula para sus iniciativas que han resultado ser cualquier cosa menos un factor importante para mejorar la situación del campo y disminuir la pobreza.
Aquí hay al menos dos cosas que salen a relucir en esta intención del gobierno asignarle a los militares proyectos agrícolas. En primer lugar, descubre las maniobras que ejecuta la cúpula gobernante con los recursos públicos utilizados supuestamente para el combate a la pobreza extrema. Para asegurar y alargar alianzas dispone JOH a quién asignarle dinero. Urgido por maniobrar con los recursos públicos para asegurar la lealtad de su aliado, que si bien le ha jurado estar con él, pero que a su vez manifiesta que eso no es gratis ni fácil, traspasa entonces recursos del fondo creado para combatir la pobreza para esa institución. Así que no ha sido barato, ni lo será en el futuro contar con un aliado incondicional que calle y se someta a los planes descabellados de JOH.
En segundo lugar, confirma la lamentable imagen que se tiene de las instituciones públicas en general, de las encargadas del sector agrícola y del desarrollo rural en particular. Enredadas en los viejos vicios incubados por el clientelismo y la corrupción, las instituciones públicas están vencidas, no son más que cascarones con miles de empleados que resultan incapaces de impulsar cualquier programa de combate a los ancestrales problemas del país. Han padecido a dos puyas: el drenaje de sus recursos por parte de la partidocracia que exige su parte a cada institución y la puñalada de sus mismas autoridades que llegan para unirse a las campañas emprendidas desde los organismos internacionales para mutilar sus funciones y eliminarlas. De todas formas no sirven para nada, por eso hay que deshacerse de ellas, dicen los mismos que ahora dicen no creer en ellas, pero que por años se han enriquecido de sus presupuestos debilitándolas hasta la asfixia.
Es el turno de las Fuerzas Armadas de servir para algo en la aguda crisis política en la que vivimos. La cúpula ilegal y corrupta que dirige JOH requiere de aliados. Los tiempos son complicados y sabe que no basta de un partido obediente a sus órdenes. Los tiempos amenazan exigiendo además todo un blindaje por parte de las demás autoridades para repeler cualquier iniciativa legislativa o judicial. Finalmente, en medio de una crisis política y social que se agudiza hay que tener a su lado también a la Policía y a los militares que finalmente son los que tienen las armas, los que intentarán al menos infundir miedo para contener el repudio generalizado de la población que ya no aguanta más.
