Marcala, 20 de abril, 2023.- Instalar un observatorio con participación representativa que vigile el desempeño transparente de los funcionarios públicos y pasar de la denuncia y el discurso al castigo ejemplar de los corruptos, fueron entre otras, las recomendaciones de las organizaciones que participaron en Marcala, La Paz, en la socialización de la propuesta de Política Nacional Anticorrupción que impulsa la Coalición Anticorrupción Honduras (CACH).
Al menos 20 organizaciones de diversos sectores activos de Marcala, ofrecieron sus aportes a este instrumento con enfoque de derechos humanos, que busca convertirse en una Política de Estado que contribuya a establecer una cultura de transparencia integridad y rendición de cuentas en Honduras.
La política pública, constituye el conjunto de estrategias y acciones que se programan desde el gobierno, para ejecutar en un corto, mediano y largo plazo, el cumplimiento de los objetivos trazados en determinada materia.
Esta iniciativa es apoyada por El Consorcio Coejecutor del Proyecto Honduras con Derechos, integrado por Abogados sin Fronteras Canadá (ASFC), OXFAM Honduras y Centro Hondureño de Promoción para el Desarrollo Comunitario (CEHPRODEC), en el marco de ProDerechos, con la financiación de la Unión Europea.
Hace casi un año, la CACH comenzó a diseñar el documento desde la perspectiva ciudadana, a partir de consultas con diferentes sectores de sociedad civil, academia, empresariado y otras instancias clave, que participan de forma activa en la lucha contra la corrupción en Marcala, Choluteca, San Pedro Sula, La Ceiba y Tegucigalpa.
La propuesta busca incidir en el desmontaje de los pactos de impunidad, eliminar la protección legal y las limitaciones del acceso a la información pública que impiden investigar, enjuiciar y castigar a los corruptos; además, está encaminada a fortalecer las buenas prácticas y llenar los vacíos en el tema.
En este encuentro de validación-socialización, los resultados ofrecidos por los liderazgos territoriales y nacionales de organizaciones comunitarias, ONG, mancomunidades, sector privado y la academia, son validados a través de mesas de trabajo, para posteriormente, preparar el documento final que será entregado al Gobierno como un aporte de la ciudadanía a la transparencia y lucha contra la corrupción.
La Coordinadora Indígena y Campesina por la defensa de TT-BC (tierra, territorio y bienes comunes) de La Paz, Plataforma Indígena Lenca por la Defensa del Rio Palagua, Unión de Trabajadores del Campo (UTC) de La Paz, la Red de Mujeres de Marcala, Promotoras Legales, Consejo Indígena Lenca Ambiental de Honduras (CILAH), y el Consejo Intermunicipal Indígena Juvenil, fueron parte de las organizaciones que participaron en el encuentro.
Asimismo, Radio Suyusguare, Auto Gobierno de Nahuaterique, Coordinadora Ambiental de Marcala, Junta Local de Comayagua, MILPAH, FRENAJUH, USMAH, Red de promotoras legales, MANCEPAZ, MANLESIP, MANSUCOPA, la Oficina Municipal de la Mujer de Marcala, la Central Nacional de Trabajadores del Campo (CNTC) y la Universidad San Miguel Arcángel.
Con el documento final, se busca que el Poder Ejecutivo, promueva y fortalezca en todas las instituciones públicas, herramientas de transparencia, integridad, legalidad, acceso a la información pública y Estado abierto, para investigar, acusar y castigar la impunidad y las redes de corrupción.
El evento fue presidido por Adelina Vásquez, directora del Centro de Desarrollo Humano (CDH), que por su amplia experiencia lidera este proceso, Dulce Davis y Ana Elsy Mendoza en representación de la CAHC y el experto en anticorrupción Odir Fernández, que facilita la consulta.