Por Rafael Delgado Elvir
Economista. Catedrático universitario
El Capítulo Noroccidental del Colegio Hondureño de Economistas, del cual formo parte, se ha pronunciado recientemente respecto al Presupuesto General de la República que ha sido remitido al Congreso Nacional.
Hemos manifestado que Honduras necesita un compromiso duradero y efectivo por parte de los líderes de combatir frontalmente la corrupción como vía para fortalecer la democracia así como un recurso muy importante para abordar exitosamente las tareas encomendadas a la política fiscal del país. Este compromiso significa a nuestro parecer la implementación de los principios de eficiencia y transparencia en todos los asuntos públicos, de respeto a las leyes, de aplicación de lo que la justicia prescribe a los que asaltan por diferentes medios al Estado. Desde aquí comienza y termina todo.
Hemos establecido además que necesitamos de un cambio radical en la manera en que se planifica el Presupuesto General de la República. Todavía no vemos una disposición sincera a escuchar a los sectores que representen intereses auténticos; no vemos una voluntad de corregir el rumbo de los programas y proyectos de gobierno en aras del interés general, de combatir lo que resulte dañino, de supeditar las consideraciones de grupo al bien común. Lo que usualmente escuchamos, como respuesta a las exigencias de mayor transparencia, son invitaciones a socializar con los medios y gremios decisiones que ya se han tomado, terminando así en un monólogo donde no hay espacio para enmendar mucho menos enderezar el rumbo. Por eso, considero lógica la crítica mordaz y áspera que usualmente se escucha de los ciudadanos ante cualquier intento inútil y desesperado de los funcionarios de tapar el sol con un dedo.
Los economistas hemos planteado que es necesaria una revisión exhaustiva de todos los gastos corrientes, los gastos de capital, como de los ingresos fiscales. Los terribles vicios de las exoneraciones injustificadas, el derroche de gasto corriente de la alta burocracia, las inversiones con sobreprecio y el incremento en la recaudación tributaria como vía para solucionar cualquier desbalance deben de terminar. Debe darse lugar a un sistema menos regresivo, una gestión del presupuesto caracterizado por la austeridad, la eficiencia y la rendición de cuentas. Por eso estamos convencidos que no hay razón para un incremento al presupuesto de ingresos y gastos si no se han erradicado esos vicios, si seguimos con los mismos funcionarios drenando los fondos del presupuesto para fines electoreros y personales.
Solicitamos presentar la liquidación de presupuestos pasados. Nos unimos por ende al llamado a lograr un acuerdo sobre el origen y destino de los recursos públicos; que establezca además como principios fundamentales de la política fiscal la eliminación de la corrupción, la equidad y la progresividad del sistema tributario.
El incremento en más del 100% de la recaudación tributaria entre el año 2014 y el año 2018 ha sido una tendencia sumamente preocupante por su impacto en las empresas y ciudadanos. Pero el gasto corriente de la administración central sigue creciendo en especial en las partidas de sueldos, en programas sin evaluación de impacto y para el pago de capital e intereses de deuda. Las cuentas de las instituciones públicas como la ENEE, Hondutel y BANADESA siguen marcando resultados negativos, sin existir una voluntad seria de un rescate antes de la quiebra definitiva. Creemos necesario frenar el creciente endeudamiento del país que ya alcanzó los 11,400 millones de Dólares en el 2018. La carga que esta deuda significa para el país es de 17 mil millones de lempiras en concepto de pago de intereses. Dicha cantidad sobrepasa el presupuesto del 2018 en salud pública. El servicio de la deuda anual ya representa el 31% de los tributos recaudados. Enfatizamos que una política fiscal de racionalidad en el gasto, en la inversión y la eliminación de las exoneraciones injustificadas, liberaría suficientes recursos para depender menos del financiamiento externo y de más impuestos.
