Tegucigalpa, 23 de enero de 2018.- Sobre la valoración de los hechos poselectorales y el análisis de una serie de posibles escenarios, la Coalición de Observación Electoral no Partidaria, Observación N-26 propuso hoy un diálogo inclusivo y democrático.

La propuesta, dada a conocer en conferencia de prensa, apunta a un proceso en dos fases: primero un diálogo político entre los actores en conflicto, para después promover un diálogo social más amplio que permita alcanzar acuerdos, identificar los mecanismos, promover los consensos y llevar a la práctica estos acuerdos bajo una debida vigilancia.

Según ON-26, Honduras vive una de sus peores crisis políticas y sociales, gestada por la figura de la reelección presidencial, prohibida por la Constitución, que se complicó por un entorno político enrarecido por la imprudencia verbal de los dirigentes políticos, un discurso polarizante y una legislación electoral insuficiente para lidiar con una elección conflictiva.

Asimismo, señala que la crisis política poselectoral plantea enormes desafíos para el sistema de partidos políticos, para el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y para el sistema político-electoral hondureño en su conjunto. ON-26 presentó el análisis de tres posibles escenarios que deberían ser tomados en cuenta como la base para un diálogo inclusivo y democrático.

El primer escenario es un gobierno de transición pactada que permita contrarrestar la amenaza palpable de ingobernabilidad que obliga, hoy más que nunca, a una reforma integral del Estado que debe ir más allá de las reformas electorales. Esa reforma puede conducir a una convocatoria a elecciones en dos años, un nuevo pacto social o la convocatoria a una Constituyente. Aquí entraría a revisión no solo el sistema electoral y el sistema de partidos políticos, sino también el propio sistema político hondureño en general.

El segundo, es un gobierno de integración nacional en el cual todos los sectores se comprometan, más allá de la militancia partidaria, a una acción común que evite que la polarización actual obstaculice el funcionamiento del gobierno, por medio de mecanismos que generen inestabilidad e ingobernabilidad.  Actualmente por cada voto a favor, tendrá otro en contra, por lo cual, el nuevo gobierno tendrá una de las presidencias más frágiles desde el retorno de Honduras a la democracia.  Esta situación obliga a organizar un gobierno de integración nacional que no debe ser concebido como una repartición amplia del botín estatal, sino como el consenso necesario para gobernar. La existencia de dos o más fuerzas con desigual respaldo y en posiciones contradictorias, hará difícil la toma de decisiones. Aun cuando el partido de gobierno cuente con la mayoría en el Congreso Nacional, necesitará de acuerdos para gobernar y obtener legitimidad social.

Gobierno de partido: en este tercer escenario, si el gobierno del Partido Nacional no logra un verdadero diálogo/consenso con todas las fuerzas políticas y se caracteriza por ser un gobierno estrictamente partidario y los recursos estatales son monopolizados y utilizados en forma discrecional por aquellos que controlan los cargos de gobierno, estaríamos frente a una situación tan arriesgada como peligrosa. Con este escenario Honduras no sale de la crisis ni resuelve el problema.

Reflexiones

Si no se alcanza un consenso político básico, la gobernabilidad será endeble en los meses venideros. El régimen político actual dista de ser realmente democrático en cuanto persisten graves déficits en materia de respeto de los derechos de la ciudadanía, transparencia y rendición de cuentas, participación ciudadana e incluso de institucionalidad electoral efectiva, acompañado de prácticas y de cultura política en el contexto de un debilitamiento del Estado ante los poderes fácticos.

Varios sectores, incluido el gobierno actual, han llamado a un diálogo, sin embargo, persiste el riesgo de que los partidos políticos y los actores sociales se desgasten y profundicen la crisis, con agendas superficiales que no atacan los problemas de fondo, diálogo que tarde o temprano dejará a todos insatisfechos.

Es necesario construir un piso de legalidad que genere gobiernos incluyentes, pero también responsables, y honestos, mejores reglas del juego, más diálogo, más honestidad de los políticos y mayor eficacia para gobernar. Una política de consensos y de acuerdos liderada por la concertación de las fuerzas políticas, sin que esto signifique un pacto entre las élites políticas.

Honduras está altamente polarizada y las salidas y la búsqueda de soluciones se vuelven cada vez más complejas, salidas que pasan, indefectiblemente, por retomar los pesos y contrapesos de la democracia para definir los límites del poder.  ON-26 considera que se  debe rescatar y rehabilitar el consenso político en todas y cada una de sus dimensiones, evitando que los espacios de diálogo y de acuerdos se achiquen más de lo que están.

El cierre de esos espacios, combinados con la centralización del poder y el uso político-partidario de los órganos de seguridad, son ingredientes volátiles que aumentan la probabilidad de escenarios de violencia política.

Honduras aún está a tiempo para disminuir las tensiones, si la sociedad y el Estado toman medidas preventivas orientadas a una cultura de participación ciudadana, de diálogo y respeto a los derechos. La coyuntura actual es propicia para promover cambios hacia una verdadera gobernabilidad democrática y hacia la salida de la crisis estructural instaurada desde hace años.

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