Veedores presentaron una serie de recomendaciones encaminadas a fortalecer las capacidades de los miembros de la Policía Nacional y la institucionalidad.
Tegucigalpa, 25 de junio de 2019. Organizaciones de sociedad civil capacitadas por la Alianza por la Paz y la Justicia (APJ) presentaron este martes los resultados de las veedurías ciudadanas efectuadas a postas policiales de la capital hondureña.
El proyecto es impulsado por la APJ con el objetivo de empoderar a miembros de la sociedad civil hondureña para la verificación de indicadores de desempeño en instituciones públicas del sistema de seguridad y justicia.
En primera instancia, las organizaciones civiles realizaron veedurías a postas policiales de cuatro ciudades: Tegucigalpa, San Pedro Sula, Tela y La Ceiba. A raíz de estos procesos de auditoría social fueron levantados informes que logran identificar falencias y fortalezas que permitan mejorar los servicios brindados por la Policía Nacional.
En el caso de Tegucigalpa, participaron las organizaciones: Cáritas – Arquidiócesis de Tegucigalpa, Organización para el Desarrollo Integral Sostenible de Honduras (Opadish), Asociación Daniel, Federación de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo de Honduras (Foprideh) y Asociación de Sordos.
La información fue recopilada mediante diferentes instrumentos en los distritos policiales de la Unidad Metropolitana de Prevención (UMEP) número 1 de la Policía Nacional, así como en las estaciones de: barrio Los Dolores, barrio El Manchén, barrio El Edén y colonia San Miguel.
Los participantes explicaron que “el objetivo de realizar la auditoría social a la Policía Nacional es evaluar las obras físicas, recursos humanos, recursos materiales y eficiencia, así como los impactos o afectación en la calidad de vida de los pobladores de las comunidades a cargo de estas unidades policiales”.
El informe de los veedores sociales establece que la UMEP 1 tiene cobertura en 212 colonias, barrios y aldeas de la capital, con un personal de 454 efectivos, de los cuales el 78% son hombres y el 22% son mujeres. Además, apunta que solo cuenta con cinco celdas, de las cuales el 60% es para hombres, un 20% para mujeres y un 20% para menores infractores o personas LGTBI.
“La mayoría de las celdas se encuentran en mal estado, algunas de ellas no tienen urinarios. En algunos casos, los distritos policiales no tienen celdas” ni estacionamientos, indica el reporte.
Entre los hallazgos destaca también que los establecimientos de los distritos policiales no cuentan con accesibilidad ni servicios para personas con discapacidad o algunas necesidades especiales, y que tampoco hay personal capacitado para la atención de personas en condición de vulnerabilidad.
Cabe destacar que, de acuerdo al informe, de las patrullas asignadas a la UMEP 1 el 79% se encuentra en estado regular, el 15% como chatarra y apenas 6% en buen estado, mientras el 97% de las motos asignadas se encuentran no operativas o en estado chatarra, un 3% en estado regular y 0% en buen estado.
Ante los hallazgos, los veedores presentaron una serie de recomendaciones encaminadas a fortalecer las capacidades de los miembros de la Policía Nacional y la institucionalidad.
