Elia Castellón

La pandemia producida por el COVID-19 representa un conjunto de retos en cuanto a salud, economía y derecho a la información. Sin duda, también se ha convertido en un nuevo desafío para la seguridad física de periodistas, en regiones rurales donde la violencia se enfrenta cotidianamente, entre una multiplicidad de actores armados tanto legales como considerados ilegales.

A inicios de la pandemia, el gobierno de Honduras prometió 94 hospitales, sin embargo, en la actualidad las comunidades rurales carecen de infraestructura adecuada para contener el contagio a nivel rural/comunitario. Con la existencia de regímenes políticos y el abandono gubernamental, los escenarios para prevenir los contagios por COVID-19 son desafiantes.

Para que periodistas puedan seguir cubriendo la situación de los derechos humanos en el contexto del COVID-19, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha pedido que se les brinde protección especial. Según la UNESCO, Informar sobre el COVID-19 ha incrementado los riesgos para la seguridad de periodistas en todas sus dimensiones:

  • Seguridad física
  • Seguridad jurídica
  • Seguridad psicológica
  • Seguridad digital

https://en.unesco.org/sites/default/files/unesco_covid_brief_es.pdf

La Organización Mundial de la Salud denominó “desinfodemia” a “una sobre abundancia de información, algunas veces precisa, otras no, que dificulta que las personas encuentren fuentes fidedignas y orientación confiable cuando la necesitan”. Todo esto, intensificado en tiempos de pandemia.

https://www.who.int/teams/risk-communication/infodemic-management

A raíz de lo anterior, los medios comunitarios y periodistas de zonas rurales, han utilizado su creatividad y han intensificado sus jornadas de trabajo para llevar una correcta información sobre COVID-19 a aldeas aisladas, con poco o ningún acceso a internet. Comunicadores y periodistas, afirman que, el COVID-19 marcó un antes y un después en sus jornadas de trabajo.   

Periodistas de zonas rurales, han desempeñado y brindado a la población, un periodismo confiable, capaz de informar sobre la propagación del COVID-19 y contrarrestar el aumento de los rumores y la desinformación. La periodista guatemalteca, Diana Fuentes y el comunicador social de Intibucá, Oscar Rivera, son ejemplos del ejercicio periodístico responsable durante la pandemia.

La perspectiva de Diana durante la pandemia

Diana, es corresponsal de varios medios de comunicación latinoamericanos, también cuenta con su propio podcast. Comparte con En Alta Voz, el reto que representa trabajar en medio de una pandemia en las zonas rurales, “siempre se vive mucha hostilidad al momento de hacer coberturas, si no conocen a las personas que llegan a tomar fotos o a grabar, la gente se alerta”.

Fuentes, señala que, antes de la pandemia la movilización era más sencilla; acceder al lugar y a las personas, incluso con terrenos no aptos para cualquier vehículo y afirma que: “Lo que los medios tradicionales no quieren ver o no quieren cubrir, porque no les interesa, es el compromiso más grande para visibilizar los problemas como la falta de agua, energía eléctrica, educación y acceso a una carretera o un centro de salud”.

Solamente el primer mes de confinamiento, Diana, no cubrió presencialmente por las restricciones. Posteriormente, debido a la necesidad de educar a las poblaciones, periodistas de las zonas rurales de Guatemala recibieron un permiso especial de movilización, se encargaron de enseñar y transmitir las medidas de bioseguridad recomendadas.

Muchas personas de las comunidades rurales, solicitaron a Diana información sobre qué era el COVID-19. A raíz de la petición, ella produjo una serie de videos educativo-informativos de fácil comprensión. Añade que: “Desde mi experiencia, el trabajo aumentó y la crisis emocional también, debido a la cantidad de información que recibía de cada comunidad”.

Las comunidades entraron en un proceso de alerta al ver que se estaban enfermando en sus casas y carecían de información correcta sobre qué debían hacer. Fuentes afirma que: “Nunca había tenido tanto trabajo como en la pandemia, me permitió expandirme a nivel periodístico y a exigirme el cuádruple para hacer coberturas de todo tipo de temas”.

Inicialmente, muchos municipios no permitían el libre acceso, esto como medida de prevención de propagación del Covid-19. La exigencia del periodismo en tiempos de COVID-19, la llevó a seguir estrictas medidas de bioseguridad, como utilizar doble mascarilla y que estas fueran de mayor protección, cubrir su cuerpo completamente y aislarse de su familia cada vez que iba a realizar estas coberturas convertidas en nuevos retos.

“La gente sufrió en sus casas y salían a trabajar porque, sino, se morían de hambre”, relata Diana. Uno de sus mayores retos fue que en sus redacciones, demostrar que la pandemia no significaba lo mismo para Europa y para Latinoamérica, en especial en las zonas vulnerables con carencias para llevar una situación como esta, “sumando la represión militar, policial, abuso de poder, corrupción y el escepticismo de la población”.

El gremio periodístico no fue prioritario en Guatemala en temas de vacunación. La ministra de salud, Amelia Flores, le notificó al gremio periodístico que debían esperar para vacunarse contra el COVID-19 según el orden gubernamental establecido. Diana, denuncia el desorden que ha existido en temas de vacunación, los altos números de contagios en todos los departamentos, las muertes por COVID-19 y el sistema de salud “colapsado”.

La perspectiva de Oscar durante la pandemia

Comunicadores sociales de las zonas rurales, desempeñan un papel importante en el antes y después de la llegada del COVID-19 a estas zonas. Oscar Rivera, es un comunicador social de la zona occidental del país, director de la revista radial “La Floresta” con enfoque en salud comunitaria. “Es nuestra labor informar acerca de todos los aspectos generales asociados a la pandemia; modos de infección, contagios, síntomas y estadísticas”. Afirma Oscar.

“Fue muy difícil que la población siguiese las medidas de prevención, esto va ligado al nivel de educación” explica Oscar, añade que el personal sanitario ha hecho una excelente labor en temas de prevención, atención y vacunación, sin embargo, señala que el tratamiento Maíz tardó en llegar a las zonas rurales y los retenes policiales no fueron del agrado de muchas personas en el 2020.

El tratamiento Maíz fue promovido por parte del gobierno de Honduras como tratamiento contra el COVID-19, sin embargo, el Colegio Americano de Cardiología, la Agencia Europea de Medicamentos, EMA y la OMS advierten sobre los riesgos presentes en el tratamiento Maíz, debido a la falta de evidencia científica que respalde sus beneficios.

La Revista Médica Hondureña, en el volumen 89, Número 1 del 2021, señala que: “En ningún otro país se utiliza este protocolo de forma indiscriminada y como manejo estandarizado profiláctico o terapéutico, sin mencionar que hasta la fecha no se ha comprobado que algún medicamento disponible en el mercado prevenga la infección por COVID-19”. 

La manera de difundir esta información, además de “La Foresta”, con el fin de informar a la mayor cantidad de población del sector occidental del país, es por medio de las redes sociales. Tomando de referencia datos verificados, confiables y de fácil comprensión ante los nuevos requerimientos de salvaguardar la salud de la comunidad ante el alza de contagios por COVID-19.

https://www.facebook.com/Regi%C3%B3n-Sanitaria-Departamental-de-Intibuc%C3%A1-10-1543992275821329/

“La Foresta” se transmite a través de Radio Imagen en su frecuencia 105.1 FM, esta frecuencia cubre los municipios de la Esperanza e Intibucá, asimismo, municipios más alejados como Yamaranguila, todo el sector rural de Intibucá, aldeas altas de Marcala y Jesús de Otoro. Hasta antes de la pandemia tenían asignado el canal 93 dentro del sistema de cable de la Esperanza.

Personas que habitan en estas aldeas, reciben información correcta gracias al trabajo de los comunicadores sociales, quienes desempeñan esta loable labor pese al escaso presupuesto y los nuevos retos que representa el COVID-19. “Antes de la pandemia, podíamos pagar el espacio en la radio, después de la pandemia se nos fueron los patrocinios. La gerencia de la radio, me han permitido continuar por la labor que se realiza”. Lamenta Oscar Rivera.

La ciudad de la Esperanza, cuenta solamente con un centro hospitalario público “Dr. Enrique Aguilar Cerrato”. Al igual que los otros hospitales del país, este brinda atención médica a pobladores no solamente de La Esperanza, muchas personas tienen que transportarse desde comunidades más lejanas, donde no hay acceso a carreteras ni energía eléctrica, así relata Dilcia López, residente de la comunidad de Ologosí.

Oscar, comenta que en el proceso de vacunación contra el COVID-19 son muchas las personas de “tierra adentro” que acuden a recibir sus dosis correspondientes. Para lograr la inoculación de la población, un grupo de promotores de la salud, personal médico y de enfermería, acompañados de comunicadores sociales, levantaron censos de vacunación visitando cada casa, asimismo, educando sobre las medidas de bioseguridad.

“La vacunación ha sido un gran beneficio para Intibucá y gran parte de la población ha recibido este beneficio. El proceso de inoculación se lleva a cabo en la Universidad Pedagógica Francisco Morazán, se están haciendo esfuerzos para que nadie de nuestra comunidad se quede sin recibir sus vacunas, se respetan las medidas de bioseguridad y se desarrolla en orden”. Explica Rivera.

Según el comunicador, Intibucá cuenta con uno de los porcentajes más bajos de desarrollo humano a nivel nacional y a nivel de las comunidades rurales no se cuenta con los recursos necesarios para que la juventud y la niñez reciban clases en línea.
También, muchas personas continúan en resistencia tomar las medidas protocolarias en las calles y “La Foresta” se ha enfocado últimamente en orientar a la población con respecto al trato de un paciente positivo de Covid en casa. 

Persecución de medios comunitarios en Honduras  

La Asociación de Medios Comunitarios de Honduras, AMCH, denunció recientemente mediante un comunicado lo siguiente: “Durante muchos meses hemos vivido vigilancia y seguimiento por parte de la CONATEL, lo que se constituye en una persecución sistemática con miras al cierre de nuestros medios de comunicación, que son el espacio por donde se trasmiten las clases para los niños, niñas y jóvenes de las comunidades”.

https://www.facebook.com/HNAMCH/posts/1410486606004089

Además, el comunicado señala que estos medios son “el espacio de la promoción y defensa de los derechos humanos, son el medio de expresión, propuestas y denuncias de los ciudadanos excluidos de otros medios”.

En el comunicado por parte de AMCH, denunciaron que “el espectro radioeléctrico se ha concentrado en grupos económicos o grupos afines al poder, mientras las iniciativas comunitarias son perseguidas, véase el caso de Radio Azacualpa “La voz de las Mujeres” que enfrenta la persecución y es amenazada con el cierre”.

En el año 2019, AMCH hizo público            que “en un contexto de presencia militar ante la protesta social por la intención de privatizar los sistemas de salud y educación del país, las radios comunitarias Orquídea 97.1 FM y Stereo Líder 106.1 sufrieron hostigamiento e interrumpieron sus programaciones radiales por temor a cateos y decomisos de equipos”.

Los medios comunitarios y periodistas, han recibido apoyo internacional con respecto a las situaciones adversas que limitan la libertad de prensa en Honduras. En el año 2017, muchos medios de México escribieron una carta dirigida a Juan Orlando Hernández y a CONATEL, condenando “la represión y acoso a radios comunitarias”.

Ernesto Lamas, destaca en el informe publicado por Friedrich Ebert Stifung, FES, de Argentina, que en lo referente al vínculo, uso, consumo y participación ciudadana en y con los medios de comunicación hay una oportunidad de reconocer a las radios y televisoras comunitarias como espacios de construcción democrática donde ejercer el derecho a la comunicación puede ser una práctica cotidiana.

http://library.fes.de/pdf-files/bueros/argentinien/16626.pdf

Debido a la situación en la que se encuentran los medios comunitarios, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la ONU, han exigido al Estado hondureño el cumplimiento de sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos y libertad de expresión, debido a la escalada de violencia y para la debida protección del ejercicio periodístico por parte de los medios comunitarios, que desempeñan un papel clave en la difusión de información que otros medios omiten deliberadamente.

Muertes y prevención contra el COVID-19

Hasta la fecha, alrededor de 20 periodistas y comunicadores sociales han perdido la vida a causa del COVID-19 en Honduras. Según la ONG, Campaña Emblema de Prensa, más de mil periodistas murieron a causa de la COVID-19 en 73 países desde el inicio de la pandemia y la edad de las víctimas está disminuyendo, con casi la mitad de ellos entre 40 y 60 años al momento de su deceso.

Las coberturas seguras siguen siendo el mejor “antídoto” contra el COVID-19, esto incluye las medidas de bioseguridad de conocimiento público por parte de la OMS; distanciamiento, portar doble mascarilla, evitar usar solamente una mascarilla quirúrgica, evitar el contacto directo con demás personas, evitar tocar el rostro, desinfectar el equipo (teléfonos, cámaras, cuadernos, lápices, micrófonos, etc.), zonas de trabajo y llevar consigo el alcohol y gel desinfectante para manos.

Esta publicación fue realizada con el apoyo del Fondo de Respuesta Rápida para América Latina y el Caribe organizado por Internews, Chicas Poderosas, Consejo de Redacción y Fundamedios. Los contenidos de los trabajos periodísticos que aquí se publican son responsabilidad exclusiva de sus autores y no necesariamente reflejan los puntos de vista de las organizaciones.

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