Por: Xiomara Orellana
En la carretera de tierra, esa que lleva a la montaña Carlos Escaleras, en Tocoa, Colón, vive Juana Ramona Zúniga. Ella es una defensora del río Guapinol, una ama de casa, dedicada de lleno a cuidar a sus tres hijas, hasta que la destrucción de esa reserva natural la obligó a cambiar la cocina por la protesta.
La rutina diaria se transformó y Juana cambió las freidoras y ollas por pancartas, por banderas y por el grito: “No queremos mina”. A Juana le tocó junto a su esposo e hijas luchar para defender la tierra, el agua y el bosque.
Es una lucha que lleva tres años, la que involucró a varios pobladores de las comunidades de Guapinol, Ceibita y San Pedro. Es una mina de óxido de hierro la que inició una larga disputa que lleva varios años. Los ataques y amenazas han estado presentes, la mina alteró el medio ambiente y la vida de los pobladores sin consulta. Hasta que las máquinas llegaron, fue que los habitantes entendieron que no podían quedarse de brazos cruzados y fue cuando se organizaron en el 2013.
Juana Ramona cuenta cómo el ruido de las retroexcavadoras, destruyendo la montaña la marcó, “esas máquinas botaron los árboles de más de 50 años y lo que aquí quedó fue un desierto”.
La protesta que iniciaron los pobladores fue pacífica, pero oponerse, les costó amenazas a muerte, persecución y cárcel. Las comunidades se llenaron de hombres armados para intimidarlos a todos. Esto bien lo sabe Irma Serrano, una de las defensoras que tuvo que huir de Guapinol. Juana nos cuenta que a Irma, la quisieron matar, le rodearon la casa, le dispararon y luego le prendieron fuego. “Todo esto vivimos, una persecución terrible, que llevó incluso a girar una orden de captura y eso nos obligó a instalar un campamento de la vida en la comunidad de Ceibita”.
Todas las acciones en contra de los habitantes aseguran que las gestó Lenir Pérez, el empresario afín al Gobierno de Juan Orlando Hernández, quien instaló la empresa minera según denuncias sobornando a las autoridades y pese a las irregularidades presentadas por los mismos pobladores, organizaciones de Sociedad Civil y Global Witness en un informe, no fueron escuchados y la minera se instaló.
Desde el 2018, la lucha para detener la minera se intensificó. Eran todas las autoridades contra los defensores de Guapinol. Policías, Militares, Fiscales y Jueces se fueron con todo contra los campesinos y los defensores, los que solo pedían que no les destruyeran el bosque y las fuentes de agua.
Luchar por su territorio fue su delito, hay ocho defensores de Guapinol detenidos desde hace 27 meses, así como un grupo de mujeres criminalizadas, perseguidas, amenazas y huyendo. Juana es una de las que cuenta cómo su lucha se tradujo en amenazas. Defender la montaña le ha costado sangre, sudor y lágrimas.
Pero la militarización de Guapinol fue el detonante, no sólo generó violencia, sino que también les quitaron la libertad de ir al río, de bañarse en las aguas del río Guapinol, porque esos soldados “arrebataron el agua, nos dejaron encerrados sin derecho a nada”, explica Juana Ramona.
La comunidad cambió la libertad por el miedo. No pueden andar libremente. “¿A qué le tengo miedo? Le tengo miedo a que alguien a las orillas del río me ataque. Estoy luchando por el río y por ser una cara visible en la lucha, estoy en riesgo. Lucho por el río, por el bosque y la tierra, porque ya no puedo disfrutarlo. Pero el precio que pago es la persecución y la amenaza a que puedan matarme un día”.
Juana dibujó cómo era su comunidad antes y cómo está después que la mina destruyó todo en Guapinol. El antes muestra una comunidad llena de vida, con campo de fútbol, hermosas casas rodeadas de árboles, de flores. Pero en el después, asoma la destrucción, el olvido, las campañas de desprestigio, la cárcel y la muerte.
Este reportaje fue realizado con el apoyo de la International Women´s Media Foundation (IWMF) como parte del programa Exprésate Honduras 2021
