Elia Castellón

El CNA, a través del Observatorio de Política Criminal Anticorrupción, OPCA, en el marco de promover la gestión de conocimientos en la ciudadanía mediante el desarrollo de estudios e investigación científica y académica, presentó un estudio sobre la estimación de la eficacia y transparencia en la administración de los recursos públicos utilizados por el Estado de Honduras para contrarrestar el COVID-19 y su relación con otros países de la región centroamericana.

La directora ejecutiva del CNA, abogada Gabriela Castellanos, señaló el mal desempeño de los funcionarios públicos ante la pandemia del COVID-19, los factores como el hecho de actuar con valores éticos y morales, manejar al pie de la letra lo que implica la transparencia en el manejo de la gestión pública y la rendición de cuentas, son parte de los principales requisitos que debe cumplir cada funcionario dispuesto a ejercer sobre una gestión gubernamental más equitativa, justa y legal.

El coordinador del OPCA, abogado Cesar Espinal, expuso los resultados de la utilización de los recursos públicos en el marco del COVID-19, los cuales demostraron “Ineficacia del Estado de Honduras”. Espinal, señaló que Honduras es el país de la región Centroamericana con mayor número de contagios por COVID-19 y con el menor número de personas recuperadas. El abogado añadió que: “Las cifras de muertes brindadas por SINAGER, difieren con las cifras de Funerarias de Honduras”.     

Según el estudio presentado, Honduras es el país con menor número de pruebas de COVID-19 realizas y con más de 40 millones de lempiras perdidos en pruebas vencidas, adquiridas por INVESTH. En el contexto de corrupción ante la emergencia sanitaria de la pandemia,  Espinal enfatizó en que: “A los corruptos, basta de tratarlos con diplomacia y con pasividad, al corrupto se le debe enfrentar con valentía, con rigor y contundencia”.

El doctor, Odir Férnandez, compartió los hallazgos obtenidos a través de la investigación realizada por el CNA, señaló las diferencias de los funcionarios públicos frente a la pandemia, donde en los países de Centroamérica, a excepción de Honduras, se cuenta con funcionarios especializados en temas sanitarios, lo que llevó a un mejor control y volumen en las pruebas realizadas. Según los hallazgos obtenidos, Fernández afirmó que: “El país más corrupto de la región centroamericana, es Honduras.  

De acuerdo con el portal de transparencia de la Secretaría de Finanzas, la ejecución de los recursos para contrarrestar la emergencia del COVID-19 al mes de diciembre asciende a seis mil tres millones novecientos setenta y siete mil seiscientos treinta seis lempiras con 20 centavos, L. 6, 003,977,636.20. El informe asegura que: “Honduras pagó cantidades millonarias de lempiras por mascarillas que no cumplen el objetivo de proteger del COVID-19 al personal sanitario, sino que brinda una falsa percepción de protección al mismo”.

El informe reflejó la capacidad del sistema de salud en Honduras para atender la emergencia del COVID-19 es limitada, siendo considerados factores como la insuficiente infraestructura sanitaria, escasez de materiales y suministros, al igual que el déficit del personal médico, entre otros elementos que constituyen una problemática importante para la atención a pacientes con el nuevo coronavirus.

En este sentido, según la Secretaría de Finanzas, el Gobierno de la República de Honduras aprobó “más de noventa mil millones de lempiras”, sin embargo, no se han obtenido resultados notorios. Aunado a lo anterior, esta instancia de sociedad civil ha identificado múltiples actos de corrupción en el manejo de fondos destinados para hacerle frente a la crisis sanitaria en Honduras, como parte de un registro que implica la dimensión de los escándalos relacionados a la corrupción en Honduras.

El informe cerró con una reflexión: “De acuerdo con el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional, es meritorio indicar que Honduras es el segundo país peor evaluado en Centroamérica, por otro lado, Costa Rica es un ejemplo para toda la región en cuanto al manejo y control de la corrupción. El Gobierno hondureño, ha afrontado la crisis del coronavirus estando lastrado por aparatos institucionales con graves problemas de funcionamiento, sumidos en un fuerte deterioro institucional, sin liderazgo social y de rodillas ante una nueva crisis económica de enorme magnitud”.

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