Con parteras y sorteando peligros y obstáculos, estas hondureñas luchan por salir adelante en esta nueva y dura realidad impuesta por la COVID-19
Texto y fotos de Dunia Orellana / Reportar Sin Miedo
Tegucigalpa, Honduras. El acceso a los hospitales públicos siempre ha sido un quebradero de cabeza para las adolescentes embarazadas de 10 a 19 años de edad en Honduras. En un país donde el 18% de la población (más de 1.5 millones) tiene las puertas cerradas a los servicios de salud, parecía imposible que la situación empeorara. Hasta que irrumpió la pandemia.
Juana y su hijo en su casa en Omoa.
Tras la entrada del coronavirus en Honduras en marzo de 2020, las jóvenes de 10 a 19 años que quedan embarazadas y dan a luz en el país se topan con más retos que nunca. En casi dos años de pandemia, el sistema de salud hondureño no deja de sembrar de obstáculos al acceso de las adolescentes embarazadas al control prenatal, a los métodos anticonceptivos, a la atención médica en el alumbramiento, y a las vacunas contra la COVID-19.
Casos como el de Juana, de 16 años, originaria de una zona rural de Omoa, en la costa norte de Honduras, son una muestra de los desafíos que la pandemia ha agravado en el caso de las adolescentes embarazadas del país.
«Tuve a mi niño con partera», dice Juana. Con jeans azules y blusa floreada, Juana mueve ollas con la mano derecha sobre el comal de un gigantesco fogón de bloques de cemento blanqueado, mientras en el brazo izquierdo carga a su hijo de un año y medio. La cocina de su pequeña casa compartida con su madre y hermanos tiene piso de tierra y de clavos cuelgan tazas y ollas.
Ella es parte de las miles de adolescentes en Honduras a quienes no les quedó de otra que recurrir a parteros o parteras para dar a luz en el comienzo de la pandemia. Esa es apenas una de las situaciones complejas por las que han tenido que pasar debido a la dificultad de acceder a servicios médicos calificados que preserven la vida de las parturientas y de sus recién nacidos y nacidas, cuando la mayor parte de los hospitales públicos tuvieron que dar prioridad a la atención de enfermos y enfermas de COVID-19.
La llegada del coronavirus a Honduras en marzo de 2020 acaparó la atención de los medios, del gobierno y de las instituciones de salud pública de Honduras. A mediados de ese mes, el gobierno decretó toque de queda nacional y el cierre completo o parcial de varias ciudades del país como una medida de prevención. Hasta diciembre de 2021, se cuentan 10,145 muertos y 370,000 contagiados por el virus.
Los cierres de ciudades y la focalización de los esfuerzos de los organismos de salud pública hondureña en la atención de los contagiados hizo que disminuyera el interés en los miles de casos de niñas embarazadas en Honduras que necesitaban atención hospitalaria urgente.
Los problemas para dar un correcto cuidado pre y posnatal a las menores en estado de gestación y parturientas no es algo nuevo en el país. Incluso si las afectadas conseguían el añorado acceso a los hospitales, corrían enormes riesgos en las salas de parto.
«Atendí [el parto] de una niña de 13 años que había salido embarazada», relata el doctor Dylan Duarte. El médico recuerda el caso de una garífuna de 11 años que iba a parir a su segundo hijo y el de una adolescente de 17 años que tuvo su tercer parto por cesárea.
La niña de 17 años, agrega Duarte, no podía operarse para impedir nuevos embarazos porque es «menor de edad». Ahora corre el riesgo de «tener una rotura uterina» en caso de embarazarse de nuevo.
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Situación en la pandemia
De entrada, Juana no debería ser madre a su edad, pero, como millones de jovencitas hondureñas, no ha recibido los beneficios de una educación sexual y reproductiva que habría impedido que quedara embarazada apenas a los 15 años.
«Las niñas y adolescentes embarazadas dan a luz en condiciones inadecuadas. Con la pandemia, este problema no disminuyó, sino que sigue en aumento», dice la presidenta del Colegio de Médicos de Honduras, Suyapa Figueroa a Reportar Sin Miedo.
Según la médica hondureña, las autoridades no dan seguimiento al alza de embarazos en adolescentes. El primer reto que se debe enfrentar, agrega Figueroa, es la falta de educación sexual, que es «la herramienta más importante» para resolver «los embarazos adolescentes y el aborto».
«¿Adónde acude una niña abusada? Son temas tabú que siguen pasando en nuestra sociedad y no les damos importancia», dice la doctora. De los partos en todo el país, el 24% corresponde a niñas menores de 19 años y hay un pequeño porcentaje de menores de 14, según datos de los hospitales del país recogidos por la Secretaría de Salud.
Juana es una de las niñas y adolescentes hondureñas que han decidido tener a sus hijos a pesar de los inmensos desafíos a los que se exponen. Otras han corrido con menos suerte que ella y no les ha quedado otra salida que dar a luz después de una violación o un embarazo no deseado. Esto es así porque las leyes hondureñas les impiden abortar. Una reforma constitucional firmada en enero de 2021 prohíbe el aborto en todas las circunstancias.https://flo.uri.sh/visualisation/8129177/embed#?secret=EaYdqSYJiF
«Recuerdo dos casos de niñas entre 13 y 16 años por violación», cuenta el doctor Dylan Duarte. «Una no quiso agarrar a su bebé porque era producto de una violación y había sido su abuelo [quien la] había violado».
Si bien Juana escogió tener a su hijo en abril de 2020, en plena pandemia, y está conforme por haber tomado esa decisión, corrió los enormes riesgos que afrontan la mayoría de las mujeres hondureñas que dan a luz.
Los alumbramientos con partera o partero, como el de Juana, son comunes en las zonas rurales de Honduras y eran también corrientes en algunas zonas urbanas hace apenas 30 años.
Aunque no hay estadísticas del número de parteras, el coordinador de Salud Sexual Reproductiva del UNFPA, José David Zepeda, manifestó que aumentaron las atenciones en los hogares. Debido a la COVID-19 y la emergencia por los huracanes Eta y lota, agrega el experto, las consultas con parteras han aumentado.
Debido a lo anterior, el UNFPA ha incrementado las capacitaciones con el objetivo de «permitir que estas personas tengan un parto limpio y que no se den complicaciones en estos lugares remotos», indica Zepeda.
A pesar de su conformismo, Juana considera con precaución la idea de dar a luz otra vez. «Ahorita no [quiero tener más niños] porque es muy difícil criar a un niño», dice.
Adolescentes y madres
Juana no es la única que ha tenido que dar a luz con partera. Lo mismo le sucedió a Patricia, originaria de la comunidad de Limón, en Trujillo, departamento de Colón, litoral atlántico de Honduras.
Patricia es una adolescente garífuna de 16 años que llevó a su hija de un año a un centro de salud en La Ceiba, para que la pequeña recibiera atención médica contra los problemas respiratorios.
Vestida con camiseta rosada y shorts y con el pelo recogido en trenzas rojas y negras, Patricia recibe ayuda de los médicos del centro de salud para instalarse en un cuartito donde le ponen a la niña una máscara nebulizadora. Recostada en una silla en el cuarto caluroso, Patricia carga en brazos a la pequeña mientras el vapor sube por el tubo hasta la mascarilla pegada a la cara de su hija.
Igual que a Juana, el parto de Patricia la agarró en lo más duro de la pandemia, durante los primeros meses de 2020, cuando el gobierno ordenó cerrar ciudades y los contagiados de COVID-19 eran el foco de las atenciones médicas en Honduras.
En el litoral, donde reside Patricia, la imposibilidad de movilizarse cuando se acercaba la hora de parir la obligó a recurrir a la ayuda de una partera, quien atendió el alumbramiento de su pequeña.
Si bien sus hermanos le ayudan dándole dinero para mantener a su hija, Patricia tiene claro que ser madre a tan temprana edad como ella no es algo conveniente. No conviene desde el punto de vista económico ni humano. Prueba de ello es la desnutrición que está sufriendo su pequeña, quien respira con dificultad mientras su mamá la mece.
Por otro lado, para chicas como Patricia, la pandemia del coronavirus ha significado que el acceso a métodos anticonceptivos se volviera casi imposible.
La pandemia no solo significó dar a luz a su hija en una situación peligrosa, sin los cuidados médicos elementales que habría podido recibir en un hospital hondureño. Además, Patricia tiene que sortear los obstáculos que encuentra a la hora de llevar a su hija a los establecimientos médicos para recibir los cuidados necesarios a su corta edad, señala un estudio de Acción Joven Honduras.https://flo.uri.sh/visualisation/8129283/embed#?secret=Mm6A6AXqU4
Situación de las niñas madres
Movilizarse en época de coronavirus es uno de los graves problemas que afrontan las niñas madres como Juana y Patricia. El otro ha sido lograr vacunarse para proteger su vida y la de su hijo e hija.
En Honduras, 3,891,577 personas han completado el esquema de vacunación de dosis. Esa cifra representa el 42.5% de la población.
De febrero a septiembre, la Secretaría de Salud, según documentación solicitada, ha inoculado a 88,808 embarazadas con las vacunas Pfizer (88,445), Astrazeneca (172) y Moderna (189). No hay datos de los rangos de edades de las vacunadas.https://flo.uri.sh/visualisation/8129353/embed#?secret=qJba2wehAG
Juana y Patricia han tenido suerte de no contagiarse o agravarse por el virus. Sin embargo, hasta octubre de 2021, 108 embarazadas habían perdido la vida por COVID-19. La Secretaría de Salud comenzó una campaña para la vacunación masiva de este grupo poblacional, ya que muchas no se estaban inmunizando por temor.
La meta de las autoridades hondureñas es inmunizar en 2021 a unas 150,000 mujeres en estado de gestación en todo el país.
Su nueva vida de madres adolescentes ha puesto a Juana y Patricia frente a una serie de complicaciones inesperadas. Por un lado, se han acabado de golpe sus sueños de educarse. En su situación actual, Patricia ha tenido que abandonar la escuela para dedicarse en cuerpo y alma al cuidado de su hija.
Por el otro, siguen luchando día a día con los problemas que la pandemia les ha causado desde hace casi dos años. Si bien la salud de todas y todos los hondureños continúa bajo amenaza de las variantes del coronavirus, las niñas y adolescentes madres en Honduras son una de las poblaciones más vulnerables debido a su especial situación como menores de edad.
A pesar de lo complicada que se ha vuelto su vida, Juana conserva la esperanza. Encuentra en los ojos de su hijo el deseo de seguir adelante en medio de las luchas cotidianas por sobrevivir no solo a la pandemia, sino también a la dura existencia en un país como Honduras. «Quiero que sea un niño especial, que estudie y sea buen hijo», dice.
El desafío de las niñas y adolescentes en Honduras
Honduras es el único país de América Latina que prohíbe la Pastilla de Anticoncepción de Emergencia (PAE) también conocida como «píldora del día siguiente». Ni siquiera se autoriza su venta en establecimientos privados. Su acceso estuvo permitido a partir de 1999, a raíz de la situación de emergencia que ocasionó el huracán Mitch.
Se obtenía en los centros asistenciales de forma gratuita y se expendía en las farmacias. Pero, luego del golpe de Estado de 2009, se firmó un acuerdo ministerial que impidió la venta, uso, consumo y distribución. Las autoridades religiosas alegan que este tipo de anticonceptiva de emergencia provocaba abortos, esterilidad y cáncer, pese a que la evidencia científica lo ha descartado.
Honduras tiene prohibido el aborto en cualquiera de sus formas, en enero de este año el Congreso Nacional blindó la Constitución para evitar bajo cualquier forma aprobar este derecho. En el mes de julio la colectiva Somos Muchas lograron que la Corte Suprema de Justicia aceptara un recurso de inconstitucionalidad para bloquear la decisión del Congreso.
Se espera que con la nueva presidenta de Honduras, Xiomara Castro, que asume el 25 de enero, promueva un plebiscito sobre las ZEDE y el derecho a decidir, entre otros temas.
«Estamos en regresión, o sea, los Estados progresan, los países van progresando, no toman medidas regresivas en general y en Honduras si vemos eso. Es un derecho conculcado, es que nos lo deben y se lo deben sobre todo a las víctimas y sobrevivientes de violencia sexual, pero nos lo deben a todas las mujeres también, no porque es una situación de emergencia, sino porque es un derecho, el poder decidir no quedar embarazada», dijo la directora del Centro de Derechos de las Mujeres, CDM, Regina Fonseca.
«Si no quiero quedar embarazada en este momento porque no es mi deseo, debería el Estado proveerse de eso que necesito para no quedar embarazada. Hay una deuda pendiente de más de 11 años».
La COVID-19 ha puesto de manifiesto las desigualdades y deficiencias marcadas de los sistemas de atención sanitaria dentro de los países y entre ellos. La crisis ha provocado que muchos de los sistemas sanitarios desbordados reduzcan sus servicios de salud sexual y reproductiva, que a menudo se consideran no esenciales, señala el UNFPA.
A pesar de que estos servicios son un derecho humano, se les ha dejado de lado en beneficio de preocupaciones más «acuciantes». En medio de las presiones económicas y los recortes presupuestarios, existe el riesgo real de que algunos países no puedan restablecer estos servicios, agrega el organismo en un comunicado.
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