Por Anderson Chávez

Ser una persona trans en Honduras es una constante violación a los derechos humanos, donde el estigma de la sociedad y el Estado se unen para invalidar, violentar y excluir a las personas trans.

Según datos del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en Honduras, entre el 2017 y 2022 han asesinado 193 miembros de la comunidad LGBTQ+, 44 víctimas eran personas trans y el 93% de los casos están en impunidad.

En Honduras no han desarrollado estrategias para reducir los índices de transfemicidios en el país. Además, el Estado ha sido demandado por ser el responsable de asesinatos de personas trans. En 2021, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró que el Estado de Honduras era responsable por la violación al derecho a la vida, y a la integridad personal de Vicky Hernández, una mujer trans-género, trabajadora sexual y defensora de los derechos de las mujeres trans.

El informe regional de 2021 “No Muero, ¡Me Matan!” de la Red Latinoamericana y del Caribe de personas Travestis, Transexuales y Transgéneros (RedLacTrans) sobre las violaciones a los derechos humanos de las personas trans en Latinoamérica y el Caribe reveló que Honduras el cuarto país con más transfemicidos de la región con un 21%, solo por detrás de Ecuador (36%), Panamá (40%) y México (61%).

Además, este informe reveló que para ese mismo año (2021) solo 6 países de toda la región cuentan con una Ley de Identidad de Género que permite a las personas trans acceder al derecho a la identidad.

A pesar de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, después del caso de Vicky Hernández, ordenó al Estado de Honduras la creación de la Ley de Identidad de Género, el país aún no cuenta con dicha normativa que permita a las personas trans hacer cambio de género y nombre en el Documento Nacional de Identificación.

El mismo informe de la RedLacTrans, con relación al sector salud, reveló que en los centros hospitalarios públicos del país no se brinda un trato adecuado a las personas trans y se siguen registrando casos de discriminación por la expresión o identidad de género. Por otra parte, destaca que en Honduras no existen protocolos o programas de acceso a los tratamientos de reemplazo hormonal.

El acceso al trabajo en Honduras es uno de los mayores retos para la población en general, pero ser al ser una persona trans, aumentan más los desafíos para encontrar una oportunidad laboral digna. Es por eso por lo que gran parte de la comunidad trans se ve obligada a ejercer el trabajo sexual, aumentando los riegos vinculados a la salud y ser víctimas de ataques violentos.

Honduras, al igual que otros países en la región, debe trabajar en la implementación de políticas inclusivas, leyes de identidad de género y programas de apoyo que respeten la diversidad de género para combatir el estigma y la discriminación.

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