Por David Torrez
Los diputados del Congreso Nacional, durante la sesión celebrada el pasado 18 de junio , el pleno no logró aprobar las reformas constitucionales para la llegada de la Comisión contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (CICIH).
En el transcurso de la sesión, los parlamentarios discutieron en base a sus criterios la aprobación de la Ley Especial para la instalación de la Comisión Internacional, no obstante, la propuesta no alcanzó la mayoría calificada de 86 votos que requiere una reforma constitucional.
La sesión comenzó con la moción de proyecto de ley presentada por la diputada del Partido Libertad y Refundación (Libre), Xiomara Hortensia Zelaya Castro, dónde pretendía otorgar a la CICIH la figura de querellante autónomo y elevarla a rango constitucional.
Posteriormente el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, solicitó a la Comisión de Asuntos Constitucionales incorporar en el primer capítulo de la ley una reforma al artículo 232 de la Constitución de la República, con el fin de reconocer a la CICIH como un ente con capacidad jurídica para ejercer acciones penales. De igual manera, sometió la derogación del decreto 117-2019, que concede inmunidad a los diputados del Congreso Nacional, impidiendo que sean investigados o procesados sin autorización previa de ese poder del Estado.
Sin embargo las bancadas del Partido Nacional y Partido Salvador de Honduras (PSH) presentaron dos mociones para que fueran consideradas en la discusión, una de estas mociones fue presentada por el jefe de la bancada nacionalista, Tomás Zambrano, quien condicionó el apoyo a la CICIH a la derogación de la Ley de Amnistía (decreto 04-2022) la cual favorece algunos de los actuales funcionarios acusados por delitos a la administración pública y a la revocación de cartas de libertad otorgadas a exfuncionarios del gobierno del Expresidente Manuel Zelaya Rosales (2006-2009).
La segunda moción fue promovida por la diputada del Partido Salvador de Honduras (PSH), Fátima Mena, quien a su vez planteó una propuesta alterna que ofrecía más autonomía a la CICIH, así como mecanismos con mayor firmeza para su independencia operativa.
Ambas mociones fueron rechazadas por la Junta Directiva y la Comisión de Asuntos Constitucionales del Congreso, lo que evidenció la falta de voluntad política para llegar a acuerdos mínimos que permitieran avanzar en la lucha contra la corrupción.
Posteriormente la presidenta de la república, Xiomara Castro, cuestionó a la oposición, por no apoyar el proyecto y acusándolos de dar un zarpazo al pueblo y dar a conocer su verdadera postura.
Fátima Mena, diputada del Congreso Nacional, expresó que en el informe presentado por la ONU, dice que para la instalación de la CICIH no es necesaria una reforma constitucional.
La sociedad civil exhorta al Congreso Nacional a que reemprenda los verdaderos proyectos que puedan fortalecer la institucionalidad para así enfrentar la corrupción: tales como, las reformas al Código Procesal Penal, el fortalecimiento del Ministerio Público, la derogación del decreto 117-2019, sobre inmunidad parlamentaria.
