El proceso electoral 2021, no tuvo la calidad que exigía la incertidumbre del momento. Desde el Congreso Nacional (CN) y los partidos políticos, persistieron los vicios de impedir la transparencia y el buen funcionamiento de las instituciones electorales, de acuerdo con los resultados de la Observación electoral 2021: Logros, deficit y  retos”.

La investigación realizada por la Red por la Equidad Democrática en Honduras (REDH), contó con el apoyo del Instituto Nacional Demócrata (NDI).

Por la tardanza del CN para aprobar el presupuesto electoral, la mayor parte de las actividades no se hicieron a tiempo y otras, no se realizaron. Además, persistió la compra de votos, credenciales, miembros de mesa, y los beneficios del Programa Vida Mejor fue usado como política clientelar para inducir o presionar el voto.

Este fue el período electoral con la campaña publicitaria más costosa de Honduras; sin embargo, por las elecciones primarias, a enero de este año, solo el 27% de las candidaturas había presentado su informe financiero de ingresos y gastos de    campaña.

En el caso de las elecciones generales, de acuerdo con el reporte del comisionado de la Unidad de Política Limpia (UPL), Javier Franco, hasta la semana pasada, de casi 4800 candidaturas obligadas a presentar informe, solo cerca de 900 de los   partidos Liberal, Libre, Nacional, Salvador de Honduras, Vamos, Lider y PAC, habían cumplido con esta obligación.

Muy pocos fueron los y las candidatas que mostraron interés en compartir su    propuesta de gobierno y perfil político y de vida. El electorado acudió a las urnas sin conocer quiénes eran y qué proponían los candidatos.

Un hecho preocupante es que la conflictividad y violencia electoral de este proceso, ha sido superior a la observada en estos periodos en Honduras, incluso mayor que en la nefasta crisis de 2017.

Aun así, quienes no votaban, y muchos que recibieron beneficios políticos oficiales, acudieron a las urnas a hacer la diferencia.

Las siete organizaciones que conforman la REDH, señalan como urgente, un proceso de reformas electorales que garanticen la transparencia y calidad de las        elecciones 2025, con el fin de afrontar las debilidades institucionales y eliminar las prácticas de políticas asistencialistas y clientelares, a través de las cuales políticos y funcionarios de gobierno, aprovechan la pobreza para conquistar electores, haciendo a un lado los procesos democráticos de inclusión y equidad.

Asimismo, proporcionar herramientas para fomentar una ciudadanía que comprenda el poder que tiene su voto y demande a sus representantes, resultados que        demuestren su compromiso con el país. 

A partir de los hallazgos de la observación electoral 2021, la REDH recomienda:

Al Consejo Nacional Electoral: cumplir en tiempo y forma el cronograma electoral; garantizar la participación ciudadana facilitando mecanismos y normativas que conozcan los partidos políticos, policías y militares, y promover la ciudadanización de las mesas electorales.

Al Congreso Nacional: reformar la Ley Electoral para despolitizar la elección del Consejo Nacional Electoral; aprobar la Ley de Justicia Electoral, segunda vuelta y separar las votaciones presidenciales, diputaciones y alcaldías.

A los partidos políticos: fortalecer mecanismos de rendición de cuentas para quienes optan a cargos de elección popular; promover campañas para dar a conocer los planes de gobierno, renunciar a las campañas de odio que promuevan la             confrontación, el descrédito y la violencia y judicializar estos casos con el fin de desmotivar la violencia política.

Para brindar transparencia, certidumbre, confianza y consensos, la REDH propone, establecer límites de gasto de campaña acorde a la realidad nacional;  fortalecer las capacidades técnicas, humanas y presupuestarias de la Unidad de Política Limpia; asegurar la integridad de las bases de datos estatales para garantizar la privacidad de la ciudadanía y que no se utilice con fines electorales; reconocer el rol de la     sociedad civil como actor activo y vigilante del proceso electoral, y potenciar la participación política activa de las mujeres en todas las instancias.

Además, para corregir las desviaciones del gasto público electoral, propone, no    dejar para discutir y aprobar el año electoral, las normativas, gastos y actividades; realizar un nuevo proceso de planificación y fortalecer el sistema de compras y adquisiciones; publicar en el portal del CNE, la información financiera, de compras, contrataciones y perfil de los proveedores; agilizar los procesos burocráticos de las compras, contrataciones y gastos; reducir las prácticas clientelistas financiadas con recursos públicos, que benefician a candidatos oficialistas.

DATOS RELEVANTES DEL INFORME DE OBSERVACION

Entre los datos relevantes el informe señala CEDOH/REDH que en el tema de asistencia de Estado al clientelismo electoral:

  • Los proyectos asistencialistas se conectaron y consolidaron alrededor de la política social de Estado “Vida Mejor”, para motivar, inducir o presionar el voto electoral.
  • Bajo un férreo control presidencial, operaban promedio anual de dos mil millones de lempiras, mucho mayor en año electoral. En los primeros seis meses de 2021, superó los ocho mil millones de lempiras, 75% de esos fondos eran préstamos externos.
  • A este proyecto político clientelar se suma la compra de credenciales, pago a miembros de las mesas electorales para controlar y definir quién gana, compra de votos el día de las elecciones, por sumas entre 50, 1500 y hasta 9,000 lempiras, dependiendo de la zona y urgencia del voto, pago a encargados del conteo en mesas y sede del TSE para favorecer candidatos.

En el análisis sobre campaña, inversión y poder la COHEP/REDH a través de su informe revela que:

  • Esta ha sido la campaña electoral más costosa y los candidatos que ganaron en las elecciones primarias, llegaron a los comicios generales sin rendir cuentas. En la mayoría de los casos, no se supo quién o cómo financiaban sus campañas, pese a que se extendió en varias oportunidades el plazo para presentar informes financieros.
  • Fiscalizar el origen de los fondos que financian las campañas políticas, es crucial para la transparencia,  rendición de cuentas y evitar la penetración del dinero ilícito.
  • En el monitoreo de casi tres meses a 10 canales de televisión, 4 radios, 4 periódicos, Twitter, Instagram y Facebook, revela un gasto de L. 62.5 millones, de los que aspiraban a la presidencia quienes fueron los que más gastaron en medios.
  • Las campañas para diputaciones desembolsaron 44.8 millones, en las alcaldías se hizo una pauta de 30.7 millones y en las en redes sociales, más de 5 millones. En los cuatro casos, el Partido Nacional fue el hizo el mayor gasto.
  • El total de la inversión en todos los medios monitoreados fue de  139.2 millones y el que  tuvo la mayor pauta fue HCH con L 66.6 millones.

En el tema coordinado por FOSDEH/REDH sobre planificación presupuestaria se resalta:

  • La observación efectuada al cronograma electoral 2021, identificó que por la tardanza del Congreso Nacional en aprobar el presupuesto adicional y el decreto de compras, contrataciones y adquisiciones directas, la mayor parte de las actividades se hicieron a destiempo y otras no se realizaron.
  • Desde el año 2010 al 2021 existe ausencia de planificación presupuestaria electoral, por lo cual se realizan reiteradas modificaciones presupuestarias que da paso a la justificación de las viciadas contrataciones directas.

Por su parte, IUDPAS/REDH aseguran que el proceso electoral 2021 fue el proceso electoral más violento, incluso más que la crisis de 2017, según los siguientes datos:

  • La observación indica que hubo 114 casos de violencia política que amenazaron el buen funcionamiento de las elecciones en Honduras: 42 homicidios, 37 coacciones , 22 atentados, 11 amenazas, 1 rapto y 1 coerción.
  • Los discursos de los políticos, activaron la violencia que pasó de ataques entre personas a enfrentamientos colectivos. A pesar de la polarización, la ciudadanía acudió a las urnas de forma masiva, pacífica y ordenada.

En el documento SIEN/REDH indican que las y los hondureños votaron a ciegas, ya que el electorado acudió a las urnas sin conocer quiénes eran y qué proponían la mayoría de aspirantes a cargos de elección popular. En ese sentido:

  • En el nivel presidencial de los 14 perfiles, el 93 por ciento, no entregó su información.
  • En el nivel de diputados de 272 candidaturas al Congreso Nacional, solo 10 aspirantes compartieron la información. La información parcial de 63 candidaturas la obtuvo Dato Público a través de periódicos y redes digitales porque la mayoría de los políticos, no compartieron información clave de interés público. En 199 candidaturas, el 73 %, no compartieron ni se encontró ningún tipo de dato.

La REDH está integrada por la Pastoral Social Cáritas de Honduras, el Centro de Documentación de Honduras (CEDOH), el Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad (IUDPAS) de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), la Asociación Nacional de Industriales de Honduras (ANDI).e Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (FOSDEH) y SIEN Comunicaciones.

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