Por: Edmundo Orellana
Criterio hn
Con las últimas acciones del MP, por medio de UFECIC, con el apoyo de la MACCIH, por las cuales se manifiesta, sin duda alguna, su independencia de los Poderes del Estado y del poder político, queda claro que “cuando se quiere se puede”.
La lucha contra la impunidad es cuestión de voluntad política, sin duda. Si ésta existe, ningún obstáculo será suficiente para impedir las acciones de quienes combaten la impunidad. Y es evidente que el MP, en estos últimos meses, ha demostrado su voluntad de combatirla, golpeando las redes políticas tejidas para saquear el Estado, a las que pertenecen, según ha quedado al descubierto con los casos denominados “Red de Diputados” y “Pandora”, políticos de todos los colores, a los cuales llega el dinero proveniente de las arcas nacionales, mediante laberinticos procedimientos, en los que participan Ong abriendo cuentas bancarias en bancos diferentes, para luego realizar transferencias entre estas cuentas, para que parezcan legales, al más puro estilo de lavado de dinero de los narcos, para luego alegar que no es problema de ellos la procedencia ilícita del dinero (?)
Ese “enjambre”, como llamó al caso “Pandora” un prominente político, fue una conspiración urdida entre políticos de partidos diferentes para financiar los gastos en que incurrieron en las elecciones, con fondos públicos, distintos de la deuda política. El vencedor garantiza a los perdedores pagarles, con fondos del Estado, las deudas contraídas en la elección. Se atacan y se insultan en la contienda electoral, pero con el compromiso, previamente pactado, de que quien gana paga los gastos incurridos en “la puesta en escena”, mientras sus seguidores, la mayoría víctimas de la pobreza extrema, se pelean entre sí, ignorando que esos, por quienes, en ocasiones, hasta la vida ofrecen, desvían, perversamente, hacia el pago de sus deudas de campaña, los fondos destinados a ellos mismos para mejorar su calidad de vida.
Según el comunicado de la MACCIH, se hallaron “indicios suficientes de fondos públicos destinados a proyectos agropecuarios, agroindustriales, y hortícolas a favor de madres jóvenes, para fortalecer políticas agroalimentarias en Olancho, Intibucá y Colón, mejoramiento en la capacidad para la siembra de granos básicos en las comunidades de Yorito, Victoria y Sulaco, escuela de campo para agricultores del departamento de Francisco Morazán, La Paz, Choluteca, el Paraíso, Ocotepeque, Valle, Intibucá, Gracias a Dios, Comayagua, habrían sido destinados a financiar las campañas políticas tanto del Partido Nacional como del Partido Liberal, en el año 2013 y otros gastos personales por un monto de 282.016.175.00 lempiras (casi 12 millones de dólares)”.
Sustentaron estos hallazgos, entre otras investigaciones, en la auditoría que el Tribunal Superior de Cuentas realizó, en el año 2016, a la gestión de la SAG, en el gobierno de Lobo- Hernández.
Las autoridades del PL, advirtiendo que comenzaron su gestión el 17 de mayo del 2017, fijaron, al saber la noticia, su posición en un comunicado que, entre otras cosas, señala que “ofrece toda su colaboración a los entes investigativos, para esclarecer (en lo concerniente a nuestro instituto político), lo acontecido en los presuntos delitos, brindando la información pertinente para esclarecer dicha investigación”, y, además, que “aquellos que han sido señalados de la comisión de cualquier delito, sin excepción, DEBERÁN asumir la responsabilidad de sus actos…”
Eran fondos destinados a potenciar nuestra producción en el campo, para mejorar la calidad de vida de nuestros campesinos, en las áreas rurales más postergadas y sectores sociales muy vulnerables, como es el caso de las madres jóvenes. No les importó, sin embargo, que se aplazara indefinidamente la oportunidad de mejorar la calidad de vida de quienes, seguramente, no dudaron, en depositar el voto por quienes rapiñaron los fondos a ellos destinados.
Ninguna organización femenina se ha pronunciado, pese a que las madres jóvenes del campo son las más afectadas con este latrocinio tramado y perpetrado por los políticos, ni tampoco organización alguna de campesinos o agricultores. Tampoco los sindicatos, que, por razón de solidaridad de clase, tienen el deber de pronunciarse por el agravamiento que este caso, y otros similares, provocan en la situación de privación, discriminación y explotación de la clase trabajadora, en general.
Resulta patético comprobar que, la simple sospecha de que la impunidad protegía a la corrupción, provocó la indignación popular, lanzándose multitudinariamente a las calles, exigiendo que viniese la CICIH, y ahora que la tenemos, con el nombre de MACCIH, bajo cuyos auspicios la UFECIC ha comenzado a ponerle rostro a la corrupción, mediante acciones criminales concretas, en casos específicos, con pruebas irrebatibles de la existencia de redes de corrupción, constituidas, por políticos, empresarios, Ong y el sistema financiero nacional, esa indignación popular guarde silencio, atrapada en sus frustraciones y confusiones, dando respiro al poder político y sus redes de corrupción para disponer del tiempo suficiente para conspirar contra estas acciones y, nuevamente, contra la MACCIH y la UFECIC.
Se ha tratado más como un escándalo a nivel de los medios de comunicación que como un hecho de cuya significación se apropie la sociedad indignada, por los daños que, inevitablemente, ocasionará y cuya proporción nadie puede predecir. La enervación de la indignación popular es más preocupante que el hecho mismo de que existen redes de corrupción poderosísimas, empotradas en el gobierno, con la finalidad exclusiva de saquear la Hacienda Pública. El morbo popular derrotó a la indignación popular.
Si dejamos solas a la MACCIH y a la UFECIC, si no les demostramos nuestra solidaridad, si no manifestamos nuestra indignación en la calle y multitudinariamente, no nos quejemos, después, cuando decisiones legislativas o judiciales tornen inocuos estos esfuerzos, desmontando la institucionalidad para combatir la corrupción y fortaleciendo el sistema de impunidad.
