Infraestructura afectada por Tormenta Sara. La evaluación de un desastre está basada en información de los sectores social, infraestructura y productivo. @CEPAL
La metodología DaLA aplicada permitió cuantificar con precisión los L 6,200 millones en daños de la Tormenta Sara, evidenciando la necesidad urgente de fortalecer sistemas de información y desarrollar evaluaciones prospectivas de riesgo que consideren escenarios de cambio climático para proteger inversiones y reducir vulnerabilidad
31 de octubre. 2025.- La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) publicaron el informe Evaluación de los efectos e impactos de la Tormenta Tropical Sara en Honduras, con la participación de la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres, (UNDRR). Los daños y pérdidas se estimaron por 6 mil 200 millones de Lempiras (249 millones de dólares) y los resultados fueron presentados a las autoridades hondureñas el 18 de marzo de este año.
El documento destaca la importancia crítica de desarrollar evaluaciones prospectivas de riesgo para prevenir que eventos futuros generen impactos similares o mayores en el país.
La evaluación reveló que las zonas más afectadas por la Tormenta Tropical Sara que tocó tierra el 14 de noviembre de 2024, también fueron impactadas por los huracanes Eta e Iota en 2020 y la Tormenta Tropical Julia en 2022.
Los departamentos de Atlántida, Colón y Yoro concentraron el 82,5 por ciento de la población damnificada. Esta recurrencia evidencia vulnerabilidad estructural que requiere atención prioritaria. El informe señala que Honduras ha sido el país más afectado por desastres en América Latina y el Caribe durante el período 2020-2024, considerando la pandemia de COVID-19.
Metodología DaLA: herramienta para la resiliencia
La metodología de Evaluación de Daños y Pérdidas (DaLA) permitió analizar con precisión once sectores económicos y sociales. Esta herramienta desarrollada por la CEPAL es fundamental para diseñar políticas de reconstrucción resiliente.
El análisis sectorial identificó que el sector productivo concentró 67 por ciento de los efectos totales. La agricultura acumuló 49 por ciento de las afectaciones, con pérdidas de 2,146 millones de lempiras. La evaluación diferencia entre daños (48 por ciento), pérdidas (46 por ciento) y costos adicionales (7 por ciento). Esta distinción permite priorizar inversiones según necesidades específicas de cada territorio.
El documento presenta recomendaciones alineadas con el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030, organizadas en cuatro prioridades fundamentales: Comprender el riesgo de desastres; fortalecer la gobernanza del riesgo de desastres; invertir en la reducción del riesgo de desastres para la resiliencia y, aumentar la preparación para casos de desastre.
La primera prioridad enfatiza la necesidad de actualizar la base de datos de desastres históricos de Honduras. La última actualización se realizó en 2015, antes de eventos de gran magnitud. La CEPAL recomienda desarrollar un inventario detallado de población y elementos expuestos con adecuado nivel de resolución. Este inventario debe incluir ubicación, características estructurales y uso de edificaciones.
Evaluaciones prospectivas urgentes
El informe destaca la urgencia de desarrollar evaluaciones cuantitativas de riesgo por huracanes e inundaciones. Estas evaluaciones deben considerar explícitamente escenarios de cambio climático para proyectar impactos futuros.
Las evaluaciones prospectivas permitirían identificar zonas de expansión urbana con riesgo explícito, lo que permitiría establecer restricciones para ocupación del suelo en áreas con alta susceptibilidad de inundaciones y priorizar inversiones de reducción de riesgo de desastres. En tal sentido la CEPAL también publicó en 2024 el documento Línea de Base para los Municipios La Lima y El Progreso de Honduras, que son modelos de exposición de dos de los municipios más vulnerables del país.
La CEPAL subraya que invertir en conocimiento del riesgo es más costo-efectivo que responder repetidamente a desastres. Cada lempira invertido en prevención ahorra múltiples lempiras en reconstrucción.
El documento evidencia que Honduras cuenta con condiciones de gobernanza para reducción del riesgo catalogadas como incipientes. Esto representa oportunidades significativas de mejora en marcos normativos, institucionales y presupuestales.
La evaluación señala que la institucionalidad hondureña para gestión del riesgo está muy centrada en atención humanitaria y emergencias. Falta definición adecuada de competencias para reducción del riesgo y recuperación post-desastre.
Se recomienda fortalecer la incorporación del riesgo de desastres en herramientas de planificación del uso del suelo. El uso de evaluaciones prospectivas permitiría identificar restricciones para edificaciones en zonas vulnerables.
El estudio documenta que el sector privado absorbió 75 por ciento de los efectos totales del desastre. Esto incluye 97 por ciento de las pérdidas económicas, concentradas principalmente en actividades productivas. Sin embargo, la población más vulnerable sufrió impactos desproporcionados. El análisis identificó que comunidades garífunas y poblaciones rurales enfrentaron mayores dificultades de recuperación debido a barreras estructurales históricas.
La evaluación fue realizada bajo coordinación política del Gobierno de Honduras y coordinación técnica de la CEPAL, con acompañamiento del BID. El equipo evaluador realizó una misión de campo entre enero y febrero de 2025.
