Tegucigalpa, Honduras – La reciente contienda electoral en Honduras no solo ha evidenciado una polarización política extrema, sino que ha sacado a la luz la persistente y sistémica impunidad que debilita las instituciones democráticas del país.
En un diálogo crucial organizado por la Articulación Ciudadana por la Transparencia y la Justicia (ACTJ), la abogada y exfiscal peruana Ana María Calderón Boy, ex vocera de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) y Gabriela Blen, coordinadora de la ACTJ, ofrecieron un diagnóstico sombrío, pero también una ruta de esperanza para el combate a la corrupción.
LA FACTURA DE LA IMPUNIDAD EN LAS URNAS
Ana María Calderón, conocida por su papel en la MACCIH y sus investigaciones de alto perfil, afirmó que los resultados electorales reflejan un “reproche” y una “desaprobación” del pueblo hondureño a los últimos cuatro años de gobierno, así como a gestiones anteriores.
El núcleo de esta desaprobación, según Calderón, es el descuido del “servicio de justicia”. Entre los actos que propiciaron la impunidad, destacó la aprobación del Decreto 4 de 2022, una supuesta ley de amnistía que sirvió de “barrera, una protección” para archivar e impedir la investigación de casos de corrupción, secuestro, rebelión, y sedición cometidos entre enero de 2006 y junio de 2009.
Calderón, también criticó la designación de funcionarios públicos que no son idóneos ni apolíticos, sino que responden a “directrices de un partido político”, replicando un patrón observado en gobiernos anteriores. Esto, sumado a la “comunicación desastrosa” y los ataques a la sociedad civil, como al Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) y ASJ, desgastando la confianza ciudadana.
LA CICIH: UNA PROMESA INCUMPLIDA
La exfiscal puso especial énfasis en la “promesa incumplida de instalar una Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad (CICIH”. Recordó la importancia del trabajo que dejó la MACCIH y la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFESIC), hoy UFERCO, dirigida por el fiscal Luis Javier Santos.
“Si hubiera realmente, si hubiera conseguido que llegue la CICIH, esos casos que están empolvados… ahora estarían ya judicializados”, explicó la ex vocera de la MACCIH.
Por su parte, Gabriela Blen, confirmó que la sociedad civil, a través de la ACTJ, entregó propuestas técnicas a los poderes Ejecutivo y Legislativo en 2022, incluyendo lecciones aprendidas de la MACCIH y la CICIG de Guatemala, pero “nunca hubo una respuesta, nunca se abrió una puerta”.
Blen denunció que las “mafias” persisten en los tres partidos mayoritarios, con políticos investigados por la MACCIH y UFERCO que siguen siendo reelectos, y que estas estructuras “modificaron el código penal para reducir las penas a los delitos de corrupción”.
EL INDULTO DE TRUMP: UN PERDÓN QUE NO ELIMINA LOS DELITOS
Uno de los temas más coyunturales fue el indulto concedido por el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández.
]Calderón explicó que el indulto, basado en el artículo segundo de la Constitución estadounidense, solo perdona el cumplimiento de la pena por “ofensas contra los Estados Unidos”, y no debe interpretarse como “sinónimo de inocencia”. El expresidente Hernández sigue siendo culpable por el juicio que resultó en una condena de 45 años por tráfico de drogas.
La exfiscal transformó el revuelo del indulto en un desafío institucional: ve la liberación de Hernández como una “oportunidad que debe aprovechar Honduras… para que se puedan seguir los procesos, los casos que existen contra él”. Recordó que Hernández tiene una orden de captura vigente en Honduras por el “Pandora II”, un requerimiento fiscal presentado por UFERCO.
“Yo veo más bien esta libertad, este perdón de la pena como una oportunidad que tienen las instituciones que persiguen el delito y que lo juzgan, es decir, el Ministerio Público y el Poder Judicial Hondureño para demostrar su imparcialidad, su autonomía y su fortaleza institucional”.
LA RUTA DE LA ESPERANZA: INTEGRIDAD Y LUCHA CIUDADANA
Ante el panorama de debilidad institucional, Ana María Calderón y Gabriela Blen coincidieron en que la esperanza recae en la sociedad civil que ha despertado y en la exigencia de cambios estructurales.
La exfiscal propuso, que el nuevo Congreso Nacional, que se espera tenga una reconfiguración, impulse medidas concretas para la prevención de la corrupción:
Un Modelo de Integridad: Insertar un modelo de integridad pública en todas las instituciones, visto como un valor esencial y una herramienta de prevención contra la corrupción. Meritocracia: Asegurar que los funcionarios públicos accedan a sus cargos por carrera y mérito, no por pertenecer a un partido político (fin al despotismo).
Declaraciones Juradas: Fortalecer las declaraciones juradas de bienes e implementar las declaraciones juradas de conflicto de intereses. Prohibición de Nepotismo: Aprobar una norma que prohíba el nepotismo, una práctica que Honduras, como signatario de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, está obligado a incluir en su normativa interna.
Calderón expresó su disposición a volver a Honduras si se solicita su aporte en una nueva misión contra la impunidad, dada su experiencia previa con la MACCIH, significaría un enorme avance para agilizar la instalación de una Comisión Internacional Contra la Corrupción.
En un mensaje final para la ciudadanía, tanto de Calderón como de Blen, recomiendan perseverar en la lucha contra la corrupción, porque “Honduras tiene muchísimas posibilidades de surgir, de salir adelante, de remontar ese puesto como el cuarto país con mayor corrupción en América. Tiene que salir de esos índices y lo puede hacer”. Blen concluyó que es responsabilidad de la ciudadanía, y no de los políticos, “rescatar Honduras” y ser “auditores, vigilantes y promotores de políticas públicas orientadas a la prevención y al combate de la corrupción.”
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