Escrito por Mario Sorto/ Analista del CESPAD
Desde que se conoció el desfalco del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), caso que representó la malversación de 7,000 millones de lempiras (unos 350 millones de dólares) y las irreparables pérdidas humanas, estimadas en alrededor 3,000 personas como consecuencia del desfalco[1], comenzaron a resonar en Honduras “las redes de corrupción”.
En términos prácticos y coloquiales, las redes de corrupción son estructuras conformadas por personajes y grupos pertenecientes a élites políticas y económicas que de forma planificada, amparadas en las canonjías que les provee el sistema, utilizan los recursos estatales como un mecanismo para la acumulación de capital.
Con la instalación de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH) y la posterior creación la UFECIC, se ha evidenciado aún más la diversidad de las redes de corrupción en Honduras y la forma en cómo han operado. En ese sentido y tomando en cuenta que ese es el tema que nos ocupa en este análisis, es importante destacar que en cada uno de los casos se identifican características similares con respecto al modus operandi de las asociaciones delictivas, como el uso de sofisticados procedimientos y estrategias para malversación del erario público.
Algunos ejemplos lo constituyen:
- la creación de empresas y organizaciones “fachada”
- el uso de testaferros y
- el uso o creación de instituciones y leyes para beneficio propio
La corrupción en Honduras se ha constituido en un sistema operante de redes sofisticadas que involucran la intersección de tres sectores: público, privado y las estructuras criminales externas, con el objetivo principal de propiciar la maximización de los beneficios para todos sus miembros[2]. En definitiva, la creciente relevancia de la corrupción y la impunidad como uno de los principales problemas del país nos llevan a proponer una descripción de las redes de corrupción en Honduras y la forma en cómo operan. Finalmente, se propone la reflexión en torno a algunas propuestas sobre cómo enfrentar a las redes de corrupción en el actual contexto hondureño.
La gran corrupción como eje de acumulación de las elites: ¿Cómo opera?
Históricamente los actos corruptos han estado presentes en la sociedad hondureña. No obstante, estos se han ido consolidando de forma progresiva y acumulada, hasta constituirse en un sistema de corrupción e impunidad, promovido por distintos actores públicos y privados.
Ahora bien, la diferencia con el pasado reside en que los recientes escándalos de corrupción en Honduras han involucrado directamente a altos funcionarios del Estado y de la institucionalidad hondureña que, a su vez, han estado asociados con algunos sectores de la empresa privada nacional y extranjera. Es decir, con las élites económicas del país y también con sectores transnacionales. Ejemplo de ello lo constituyen las concesiones otorgadas en todo el territorio hondureño con el respaldo institucional.
En tal sentido, es difícil el abordaje de la élite vinculada a las estructuras criminales en Honduras, en tanto que “opera en una zona gris, mezcla entidades legales e ilegales, empresas de papel y contribuciones de campañas políticas, y oculta sus actos ilícitos cooptando miembros del sistema de justicia y de las fuerzas de seguridad”[3].
Por consiguiente, la corrupción en Honduras va más allá de lo que comprende la definición básica de este delito, es decir, no solamente se refiere al abuso del poder por parte de un agente público para obtener un beneficio privado, sino que presenta características complejas como la incorporación de un entramado de actores en esta dinámica.
Paralelamente, este tipo de corrupción conlleva a que las prácticas delictivas sean cometidas por actores que conforman los niveles más altos del Gobierno, lo cual se entiende como la gran corrupción. Para el caso, se propone que la gran corrupción consiste en: “actos cometidos en los niveles más altos del gobierno que involucran la distorsión de políticas o de funciones centrales del Estado, y que permiten a los líderes beneficiarse a expensas del bien común”[4].
Por consiguiente, la gran corrupción a la que se hace referencia, supone un cambio en el funcionamiento del Estado, operado y administrado por autoridades organizadas en las redes de corrupción. En definitiva, este tipo de delito a gran escala tiene amplias repercusiones en el sistema político, en el funcionamiento de la democracia y en la erosión de los derechos humanos básicos, como son los económicos, sociales y culturales, como consecuencia de la malversación de los recursos estatales.
La institucionalidad estatal al servicio de las redes de corrupción
La consolidación del poder de las redes criminales en Honduras ha implicado la creación de instituciones y leyes que favorecen la maximización de los recursos, y el debilitamiento de otras instituciones que suponen riesgos para la actividad de las redes corruptas.
Una de las instituciones que se destaca es la Comisión para la Promoción de la Alianza Público-Privada (COALIANZA), creada para favorecer la maximización de los beneficios del sector privado que conforma la red de corrupción en el país. Esta agencia ha actuado con una alta discrecionalidad legal en las cláusulas contractuales de los convenios suscritos con la empresa privada para la ejecución de proyectos con recursos estatales. En definitiva, esta entidad ha sido utilizada para que los actos de corrupción y las redes de corrupción procedan con una autorización legalizada.
Entre otras leyes de reciente creación y con una particularidad específica para los objetivos de la red de corrupción se incluye a la Ley de Financiamiento contra el Terrorismo. Esta ley, aprobada en el año 2010, también posee una alta discrecionalidad legal que podría permitir su uso selectivo como una herramienta contra organizaciones en oposición a las acciones de la red de corrupción. De esta manera, las posibles implicaciones de la ley se refieren al control de las actividades y recursos de las organizaciones que no conforman la red de corrupción, es decir contra sectores de la ciudadanía y de la sociedad civil.
Relacionada con la ley anteriormente descrita, está la Ley Especial sobre Intervención de las Comunicaciones Privadas. De igual forma, la discrecionalidad para la aplicación de las leyes en el sistema de justicia hondureño permite que esta normativa se constituya en una herramienta utilizada por la red de corrupción en el sistema político hondureño para el control e investigación fuera del alcance de las investigaciones criminales.
Otro componente de control lo constituye la clasificación de la información pública, que actualmente está limitada por la Ley para la Clasificación de Documentos Públicos relacionados con la Seguridad y Defensa Nacional.
Como se ha mencionado, la discrecionalidad en la aplicación de las leyes permite que esta sea un escudo para la persecución de los actos irregulares de los funcionarios. De forma que coloquialmente a la ley se le ha conocido como la Ley de Secretos Oficiales, debido a que la reserva de la información se aplica para varias instituciones del Estado, y no solamente para el sector de seguridad y defensa como fue nombrada la normativa.
Por otra parte, otras instituciones e instancias estatales ya existentes también juegan un rol importante en la estructura. Entre estas instituciones están incluidas la Policía Nacional, el Congreso Nacional y la Corte de Suprema Justicia. Con respecto a las fuerzas de seguridad, cabe destacar que son utilizadas como el instrumento de fuerza de la elite[5]. Finalmente, el Congreso Nacional y el Sistema Judicial se constituyen en las principales herramientas para legislar y aprobar políticas y leyes al servicio de la red de corrupción en Honduras.
En definitiva, las instituciones mencionadas forman una parte importante en la estructura, al permitir la impunidad y el accionar de la red de corrupción en el país sin efectos adversos como la investigación y persecución penal de los actos delictivos que cometen.
Dos vías para combatir la corrupción: institucionalizada o no institucionalizada (en las calles)
Un hecho relevante de los últimos años, es que a partir de la instalación de la MACCIH en Honduras, la participación y presión ciudadana, mediante la acción colectiva en la lucha contra la gran corrupción pública, ha sido frágil e intermitente.
Son varios los factores que inciden, entre los cuales se pueden incluir las divisiones en las organizaciones convocantes, la falta de construcción de una agenda común que sea sostenible en el corto y mediano plazo y además, otras que tienen una mayor relación con la intimidación que supone una fuerte militarización de la sociedad, y el temor de las organizaciones de movimientos sociales a ser víctimas de persecución y de la violencia política.
Asimismo, en el análisis de la vía no institucionalizada, es decir la acción colectiva que es impulsada por los movimientos sociales y las organizaciones de movimientos sociales, también se debe tener en cuenta la característica de que surgen en un escenario de crisis de la democracia, que de varias maneras puede afectar en el debilitamiento de un movimiento.
Por lo tanto, los esfuerzos organizativos tienen que asumir un mensaje altamente resonante con la población. De esta forma, en el actual contexto hondureño se identifica como principal marco de injusticia y como recurso para la movilización de la ciudadanía, el problema generalizado de la corrupción en el sistema político hondureño.
Asimismo, se considera que los movimientos sociales en la actual coyuntura, han sido difusos inicialmente en cuanto a sus propuestas, y por lo tanto, deben realizar enormes esfuerzos para lograr un cierto grado de formalización mediante la identificación de objetivos y una agenda común en el corto y mediano plazo.
Finalmente, la vía institucional para el combate a la corrupción en el país presenta mayores desafíos, pues como se ha mencionado, las redes de corrupción en Honduras mantienen un fuerte control sobre las instituciones estatales. No obstante, se considera que la lucha en las calles también debe estar acompañada por los aliados que se puedan encontrar en las instituciones estatales y en las organizaciones internacionales.
Dos vías para combatir la corrupción: institucionalizada o no institucionalizada (en las calles)
Un hecho relevante de los últimos años, es que a partir de la instalación de la MACCIH en Honduras, la participación y presión ciudadana, mediante la acción colectiva en la lucha contra la gran corrupción pública, ha sido frágil e intermitente.
Son varios los factores que inciden, entre los cuales se pueden incluir las divisiones en las organizaciones convocantes, la falta de construcción de una agenda común que sea sostenible en el corto y mediano plazo y además, otras que tienen una mayor relación con la intimidación que supone una fuerte militarización de la sociedad, y el temor de las organizaciones de movimientos sociales a ser víctimas de persecución y de la violencia política.
Asimismo, en el análisis de la vía no institucionalizada, es decir la acción colectiva que es impulsada por los movimientos sociales y las organizaciones de movimientos sociales, también se debe tener en cuenta la característica de que surgen en un escenario de crisis de la democracia y de un régimen autoritario, que de varias maneras puede afectar en el desenvolvimiento de un movimiento social.
Por lo tanto, los esfuerzos organizativos tienen que asumir un mensaje altamente resonante y convocante en la población. De esta forma, en el actual contexto hondureño se identifica como principal marco de injusticia y como recurso para la movilización de la ciudadanía, el problema generalizado de la corrupción en el sistema político hondureño.
Asimismo, se considera que los movimientos sociales en la actual coyuntura, han sido difusos inicialmente en cuanto a sus propuestas, y por lo tanto, deben realizar enormes esfuerzos para lograr un cierto grado de formalización mediante la identificación de objetivos y una agenda común en el corto y mediano plazo. Finalmente, la vía institucional para el combate a la corrupción en el país presenta mayores desafíos, pues como se ha mencionado, las redes de corrupción en Honduras mantienen un fuerte control sobre las instituciones estatales. No obstante, se considera que la lucha en las calles también debe estar acompañada por los aliados que se puedan encontrar en las instituciones estatales y en las organizaciones internacionales.
