Ruth Bonilla – En Alta Voz
San Pedro Sula, Honduras. Más de 50 años después del inicio de las disputas por la tierra en el Bajo Aguán, Colón continúa siendo escenario de uno de los conflictos agrarios más complejos y violentos de Honduras. Lo que comenzó con procesos de reforma agraria en la década de 1970 evolucionó hacia una confrontación marcada por invasiones de tierras, desalojos, enfrentamientos armados, pérdidas económicas y cientos de víctimas.
La problemática volvió a quedar en evidencia tras una nueva masacre registrada en la finca Paso Aguán, sector Rigores, donde al menos 11 personas perdieron la vida, reavivando una crisis que por décadas ha enfrentado a campesinos, cooperativas, empresarios agroindustriales, inversionistas y autoridades.
La disputa tiene raíces profundas. Durante los años 70, parte de las tierras del Bajo Aguán fueron entregadas a campesinos mediante programas de Reforma Agraria, dando origen a cooperativas como Camarones, Tranvío y El Chile, organizaciones que todavía figuran en medio de los reclamos territoriales.
Sin embargo, el panorama cambió a principios de la década de 1990 con la aprobación de la Ley de Modernización Agrícola durante la administración del expresidente Rafael Leonardo Callejas. Diversas extensiones pasaron al control de agroindustrias bajo el argumento de modernizar la producción agrícola. Algunos campesinos recibieron compensaciones económicas y otros vendieron sus parcelas, aunque con el paso de los años surgieron nuevos reclamos por recuperación de tierras.
El conflicto se intensificó en 2009
La etapa más crítica inició el 9 de diciembre de 2009, cuando organizaciones como el Movimiento Unificado Campesino del Aguán (Muca), el Movimiento Auténtico Renovador Campesino del Aguán (Marca), el Movimiento Campesino del Aguán (MCA) y el Movimiento Campesino de Rigores (MCR) impulsaron nuevas acciones para recuperar tierras que consideraban de origen campesino.
Los grupos plantearon la recuperación de 26 fincas dedicadas a la palma africana, propiedades que estaban bajo control de grandes empresas agroexportadoras. Desde entonces, el Bajo Aguán pasó a convertirse en el principal conflicto agrario del país.
Sectores como El Tumbador, La Trinidad, Despertar, La Confianza, La Aurora, La Isla I, La Isla II, Lempira, Concepción, Marañones, Camarones, Quebrada de Arena y Agua Caliente han concentrado invasiones, presencia militar, enfrentamientos y denuncias relacionadas con grupos armados y seguridad privada.
Entre 2009 y 2013 la violencia dejó al menos 123 muertos y seis desaparecidos entre campesinos, guardias de seguridad y miembros de cuerpos militares. Uno de los episodios más recordados ocurrió en noviembre de 2010 en la finca El Tumbador, donde cinco campesinos murieron durante hechos violentos que marcaron un punto crítico en la conflictividad.
Soluciones pendientes y nuevas tensiones
Aunque distintos gobiernos han prometido resolver el problema, los intentos de pacificación no han logrado resultados permanentes.
Durante la administración de Xiomara Castro se impulsaron mesas de diálogo y acuerdos mediante instituciones como el Instituto Nacional Agrario (INA) y la Secretaría de Seguridad. En febrero de 2022 también se firmó un acuerdo con organizaciones campesinas buscando reducir la conflictividad, pero las invasiones y ocupaciones continuaron.
Uno de los casos recientes es la Finca Agrícola Blanca, ubicada en El Tumbador, Trujillo, propiedad del empresario y político Óscar Nájera. La propiedad fue ocupada en enero de 2022, recuperada mediante orden judicial en 2024 y posteriormente volvió a ser invadida.
También se reportó la ocupación del complejo residencial Trujillo Beach Eco, propiedad de inversionistas canadienses, mientras que en diciembre pasado se registraron nuevos hechos violentos durante un desalojo en la finca Camarones, en Quebrada de Arena, Tocoa.
El conflicto también ha cobrado nuevas víctimas. En enero fue asesinado Marvin Ramírez Ramos, integrante de la Cooperativa Campesina 9 de Agosto, aumentando la lista de fallecidos vinculados a esta disputa.
De acuerdo con recuentos de dirigentes campesinos y sectores involucrados, el conflicto agrario en el Bajo Aguán ha dejado alrededor de 200 muertos en las últimas décadas.
Mientras tanto, datos del sector privado indican que actualmente existen unas 66,000 manzanas de tierra agrícola invadidas en distintas regiones del país, principalmente en Colón y Atlántida, situación que también ha generado pérdidas económicas millonarias y afectaciones al empleo.
Más allá de la propiedad de la tierra, el Bajo Aguán se ha convertido en un escenario donde convergen reclamos históricos, inversión privada, agroindustria, seguridad jurídica, desplazamientos, presencia de grupos armados y una deuda estatal que sigue sin resolverse.
Décadas después de iniciadas las primeras disputas, la región continúa atrapada entre promesas de solución y nuevos episodios de violencia, manteniendo abierto uno de los conflictos agrarios más prolongados de Honduras.
